A partir de este lunes 1 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid acoge el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su expareja, Arantxa Palomino, acusados de haber sometido a un presunto maltrato y a un aislamiento sistemático a la tía de ella, Isabel, con el supuesto fin de controlar y apoderarse de su patrimonio hasta el momento de su fallecimiento. Este proceso, que se prolongará durante toda la semana, confronta la petición de libre absolución de la defensa —ejercida por el letrado Juan Gonzalo Ospina— con los relatos de la Fiscalía y de la acusación particular, que describen un panorama de desatención extrema y manipulación en los últimos meses de vida de la anciana.
El origen de los hechos se sitúa el 8 de marzo de 2021, cuando la pareja acudió al domicilio donde la víctima residía de forma independiente en la localidad asturiana de Grado. Según la Fiscalía, consiguieron convencerla para trasladarse a su residencia en Rivas-Vaciamadrid bajo el engaño de que precisaban su ayuda para el cuidado de sus hijos por unos pocos días. No obstante, el abogado de la familia, Jaime Sanz de Bremond, matiza que la verdadera intención era utilizar en su propio beneficio el dinero de su tía y apoderarse de sus bienes. Una vez en Madrid, procedieron presuntamente a incomunicarla y a aislarla de sus hermanos y sobrinos de manera sistemática, retirándole el bolso y el teléfono móvil para impedir que retornara a su hogar en Asturias, tal y como ella deseaba.
El control sobre la anciana se extendió también al ámbito médico y legal. La acusación sostiene que Arantxa Palomino, mediante llamadas a médicos ajenos a los asignados y ofreciendo información falsa, logró que en tres meses y medio le fueran prescritas a su tía 34 recetas oficiales y 19 hojas de medicación. Estos fármacos sumieron a la víctima en un progresivo deterioro cognitivo y en un estado de extrema vulnerabilidad.
El polémico testamento
En este contexto, el 7 de mayo de 2021, mientras Isabel estaba en urgencias del Hospital Ramón y Cajal, Arantxa firmó el alta voluntaria en lugar de la paciente, mintiendo sobre el motivo, para llevarla junto a Luis Lorenzo a una notaría. Allí la anciana, diagnosticada de demencia severa sin que el notario fuera informado, otorgó un testamento legando a Arantxa su casa de Grado y todo su dinero. La acusación pide la nulidad de este documento al considerar que se firmó sin capacidad para ello, o condicionado e inducido por la maquinación de la acusada. Días después, obtuvieron un poder para disponer de sus cuentas bancarias, el cual usaron para extraer cantidades.
Más allá del fraude económico, las acusaciones coinciden en denunciar que la víctima sufrió un trato absolutamente vejatorio, privándola de los cuidados y atenciones más básicos, e incluso dejando de suministrarle la medicación según sus pautas. El escrito de la familia expone detalles de la convivencia, relatando que los acusados descuidaron su higiene personal, la obligaron a dormir en la cama de uno de los menores a pesar de que no cabía en ella y le prohibieron el uso de los dos aseos de la vivienda, por lo que se vio obligada a bajar al garaje del edificio para utilizar un pequeño cuarto de baño comunitario allí existente para su aseo y necesidades.
Isabel falleció el 28 de junio de 2021 en el domicilio de los investigados, abriendo un complejo debate forense. Aunque la autopsia concluyó inicialmente que se trataba de una muerte violenta por intoxicación aguda de metales pesados (cadmio y manganeso), el texto recoge que no ha podido determinarse con total certeza la causa exacta. Al haberse realizado una toma de sangre central pero no periférica, no se puede saber si se produjo una redistribución post mortem, y las lesiones en encéfalo y corazón no eran suficientes para justificar el deceso. Sin embargo, el letrado de la familia considera que no se puede descartar una situación de efecto potenciador entre los fármacos hallados en el cuerpo. En los análisis se localizaron hasta cuatro antipsicóticos, un ansiolítico y dos antidepresivos, de los cuales uno no estaba prescrito, otro estaba suspendido y dos aparecían en periodos no autorizados.
Por estos sucesos, tras el auto de apertura de juicio dictado en marzo de 2025, el Ministerio Fiscal solicita seis años de cárcel para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino por un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal. La acusación particular eleva notablemente las penas: reclama diez años y seis meses de prisión para el actor por estafa agravada, detención ilegal o coacciones, y maltrato habitual; y pide once años de cárcel para su expareja, sumando a los anteriores cargos el delito de falsedad en documento oficial.