Saray Carrillo podría haber incumplido el contrato su contrato con Shine Iberia, la productora del programa Masterchef. La concursante más polémica de la edición habría filtrado la clasificación final de los concursantes, algo que iría en contra de los estipulado en el acuerdo al que llegan los invitados al combate final que tiene lugar en el plató del talent show de cocina de TVE.
La participante habría consumado así su venganza contra el concurso y los jueces a los que acusó de "discriminación", "transfobia" y "racismo" tras su controvertida expulsión. Una salida fulminante provocada por su negativa a cocinar durante una prueba de eliminación: se negó a manipular una codorniz y decidió presentar el ave sin desplumar y cruda sobre una cama de puré y verduras. Una "falta de respeto" por la que invitaron a la concursante a abandonar el plató.
Hace dos semanas, coincidiendo con la fecha de grabación de la final (retrasada debido a la crisis del coronavirus), la cordobesa subió una fotografía en la que ofrecía la clasificación final de sus compañeros: Ana aparecía como ganadora, seguida de Andy, Iván, Alberto y Luna. La instantánea fue eliminada al instante, consciente de la tremenda repercusión que se generó y se excusó en el que era "su preferencia personal para la final". Sin embargo, días después el ranking se confirmaría dejando al descubierto a la educadora social.
"Tiene más emoción saber de dónde va a sacar 100.000 euros Saray que el duelo final", expresaba un seguidor del programa en las redes sociales junto a un pantallazo de la publicación de Saray. "El spoiler de Saray era real, me ahogo", expresaba otro cuando Ana se alzó con la victoria.
Tiene más emoción saber de dónde va a sacar 100.000 € Saray que el duelo final. #MasterChef pic.twitter.com/NQeE5WMfEw
— MarianoLsMs (@MrLsMs) July 6, 2020
Con la filtración, Saray habría incumplido la llamada "cláusula del silencio", de la que ya habló José Maria, otro de los concursantes, en el digital Última hora, en el que advirtió que ninguno de los participantes puede, bajo ningún concepto, filtrar información de las grabaciones. De hacerlo, podrían enfrentarse a una sanción de 100.000 euros.