Ningún tratado internacional puede entrar en vigor en Estados Unidos sin que lo ratifique el Senado. En 1997, la cámara alta pasó una resolución por 95 votos a 0 en la que rechazaba cualquier tipo de tratado que obligara al país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero si no obligaba al resto del mundo a la misma reducción. Así que Bill Clinton, que era un golfo pero no un idiota, ni siquiera se molestó en someter el protocolo de Kyoto a una votación. Obama, que tampoco era tonto, presionó para que cualquier nuevo acuerdo internacional sobre cambio climático no pudiera considerarse legalmente un tratado en Estados Unidos, de modo que no tuviera que someterlo a la aprobación del Senado. Y lo consiguió en París.
Prácticamente todos los países del mundo firmaron encantados el acuerdo de París porque no obliga a nada concreto. Es una declaración de intenciones: cada país debe presentar un plan sobre qué va a hacer para reducir las emisiones y si el plan no hace nada o lo incumple no hay ningún mecanismo sancionador. De este modo países y empresas pueden apoyar un acuerdo sobre cambio climático y quedar estupendamente ante la opinión pública y al mismo tiempo no hacer absolutamente nada al respecto. Es un acuerdo que sólo obliga a cada firmante a hacer lo que esté dispuesto a hacer y previsiblemente haría de todos modos, con o sin París.
El acuerdo estuvo acompañado, por tanto, por centenares de declaraciones de intenciones de los países firmantes. En su momento, el científico que dio comienzo a la alarma sobre el calentamiento del clima, James Hansen, afirmó sobre París que en el texto "no hay acción, sólo promesas" de los firmantes de "intentar hacerlo un poco mejor cada cinco años". Pese a ello el director del Consenso de Copenhague, Bjorn Lomborg, lo consideró "el tratado más caro de la historia de la humanidad", que costaría a la economía mundial entre uno y dos billones de dólares al año si los países cumplían lo que decían que iban a hacer. Pese a ello, la influencia sobre las emisiones de este esfuerzo sería mínima, algo así como "ponerse a dieta y declarar la victoria después de la primera ensalada".
Pero Trump había prometido salirse del acuerdo, y al contrario que con su promesa de trasladar a Jerusalén su embajada en Israel, ésta ha decidido cumplirla. Como en Estados Unidos no es legalmente un tratado, sino sólo un decreto del Gobierno de Obama, puede deshacer su participación con otro decreto. El presidente republicano no ha descartado firmar algún acuerdo sobre cambio climático siempre que sea "justo" con Estados Unidos; un término que ha usado habitualmente para referirse a los tratados de libre comercio de los que ha retirado al país o pretende hacerlo en el futuro. Como ejemplo, ha indicado que China puede bajo el acuerdo hacer lo que quiera hasta 2030.
Donald Trump ha estimado que el acuerdo costaría a su país hasta 2,7 millones de empleos para 2025 y que para 2040 reduciría el tamaño de industrias como la del papel un 12%, el cemento un 23%, la metalurgia un 38%, el carbón un 86% y el gas natural un 31%, con una factura para el país de 3 billones de dólares en términos de PIB. Además, al permitir a otros países seguir aumentando sus emisiones, lo que haría no sería evitar emisiones sino simplemente exportar esas industrias a otras naciones. "No puedo apoyar un acuerdo que castiga a Estados Unidos mientras no impone casi obligaciones a quienes más contaminan", ha concluido.
Barack Obama ha emitido un comunicado antes de que terminara la comparecencia de Trump en la que considera que el acuerdo "protegía el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos" y que creaba empleo en "industrias como la solar y la eólica", aunque cada uno de esos trabajos destruía 2,2 empleos en otras partes de la economía, según explicó un estudio del Instituto Juan de Mariana. Obama concluye pidiendo a los estados –casi todos en manos republicanas—, ciudades y empresas que redoblen sus esfuerzos aunque el Gobierno federal haya decidido retirarse el tratado. La respuesta de la UE ha venido del comisario Cañete, que ha asegurado que los firmantes están "en el lado correcto de la historia".