En los últimos meses son muchos los municipios españoles que están despertando contra los macroparques eólicos y fotovoltaicos que están acabando no sólo con la flora y fauna españolas, también con la salud de los ciudadanos de aquellos pueblos que los sufren.
Un ejemplo de esto es Mondoñedo, en Galicia donde una instalación eólica pasaba por un tramo del Camino de Santiago, dos lagunas e incluso un yacimiento arqueológico. En febrero, el Tribunal Supremo anuló los dos parques eólicos que llevaban operando en la zona desde 2019. Lo consiguió gracias a las irregularidades y los fallos en los que la empresa explotadora incurrió en su declaración medioambiental y que permitieron al Tribunal demostrar que los molinos no eran compatibles con la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.
Informes ante los que, en muchas ocasiones, se hace la vista gorda como ocurre en el caso de Murcia donde "la huerta de España" ahora es solar y no tiene obligación de contener vertidos al Mar Menor como sí exige la Ley a los agricultores.
Las alegaciones, clave
"Hay recursos y se puede ganar sólo con que una persona haga oposición jurídica a esta lacra", asegura Albert Calduch, de Calduch Abogados. "Las irregularidades o la falta de informes son el principal motivo por el que ganamos los casos y la mayor causa de infracciones que cometen estas empresas", asegura a esRadio.
Por eso, la presentación de alegaciones, como ha sucedido en Orihuela del Tremedal, es clave para que la cuestión se eleve al Ministerio y se vea obligado a revisar una a una y emitir un informe medioambiental al respecto. Un proceso largo que, además, obliga a dilatar la puesta en marcha del proyecto.
El sometimiento por contrato
Su bufete lleva años luchando con la ley en la mano contra la especulación verde. Una ardua tarea porque "el modelo es legal. Se sirven de cláusulas en los contratos que les protegen" a la hora de ceder concesiones y subarrendar explotaciones; como es el caso de Forestalia.
La forma de operar es siempre igual. Se promete a los pueblos cercanos que el dinero de los impuestos va a quedarse en sus arcas. A la sazón, unos 100.000 euros y la sumisión total a la empresa explotadora del terreno, porque esos contratos llevan aparejada una condición: "El pago de la renta deriva del rendimiento de la instalación, del molino o de las placas que se van a poner ahí. Una de las partes es la que mira cuánto se ha producido ahí y cuánto tiene que pagar a la otra. Así que, por un lado, tenemos que una parte tiene el control sobre la otra y que es un terreno abonado a todo tipo de corruptelas".
El impacto medioambiental: los pájaros molotov
La energía se evacúa a otras comunidades, así que el resto de beneficios económicos o recursos energéticos generados surten a otras zonas que no tienen necesidad de manchar su propio paisaje. Para eso se necesitan líneas de evacuación, que son otra amenaza también para las aves: "Estas líneas pueden extenderse a centenares de kilómetros como hemos visto en Aragón, atravesando cuatro comunidades autónomas. Hoy en día nadie puede discutir que esto, igual que una instalación industrial, tiene un impacto medioambiental importante".
Además de la alta mortalidad que suponen para las especies planeadoras, se da otro fenómeno con estas líneas de alta tensión: el de los pájaros molotov. Aves que chocan contra tendidos eléctricos como el que se quiere instalar en Aragón y que caen al suelo en llamas provocando grandes incendios forestales. El año pasado en Badajoz esta fue la causa de un incendio que arrasó 700 hectáreas.
Todo esto, además, con una tasa 0 de creación de empleo porque "se necesita, como mucho, un vigilante que recoja las aves que caen trinchadas por las aspas". De hecho, pone un ejemplo muy claro: "Si yo mato un águila, es un delito medioambiental; pero, si lo hace un molino, es progreso".
El impacto visual
El impacto visual, aunque es más difícil de demostrar a nivel legal, "porque no hay normas que lo regulen", existe: un molino de 200 metros que se ve desde kilómetros la redonda y que tiene efectos directos sobre el turismo en aquellas zonas de España en las que está basado en el paisaje.
Por ley, estas instalaciones deben a estar al menos a 1 km de los núcleos urbanos pero se han dado ya varios casos en España en los que se ha llegado a instalar a 60 y 500 metros.
Impacto en la salud humana
El impacto en la salud de los humanos es incuestionable. "Por un lado está el efecto sombra que generan las aspas –explica– y que numerosos estudios acreditan que afecta negativamente a la salud. Pero el más importante es el ruido".
Precisamente, lo que pocos vecinos saben es que el ruido "está recogido en la legislación como una invasión de los derechos fundamentales porque se considera violación del domicilio; una de las infracciones más graves que se conocen en el ordenamiento jurídico"
De hecho, una encuesta realizada en Francia arrojó datos preocupantes: un porcentaje de casos presentaba mareos y dolores de cabeza, incluso en poblaciones que estaban a 1.000 metros de distancia de una instalación eólica.
"Está claro que estos macroproyectos están enfocados a la gran empresa, no al pequeño consumidor, ni al autoabastecimiento", sentencia Albert.