A diferencia de los propietarios de perros, la nueva ley de Bienestar Animal del ministerio de Ione Belarra aprobada definitivamente este jueves en el Pleno del Congreso no obligará a los dueños de gatos a hacer un curso de formación en tenencia responsable y tampoco les obligará a contratar un seguro a terceros. Pero sí obligará a castrar a los animales antes de que cumplan seis meses de edad.
Entre las novedades que introduce la nueva ley animalista, todo aquel que quiera incorporar un gato a su vida no podrá recurrir a una tienda de mascotas, porque tendrán prohibido vender perros, gatos y hurones. Cuando la ley entre en vigor, habrá que recurrir a un criador registrado. También se puede optar por la adopción acudiendo a una protectora de animales o, también existe la posibilidad de recurrir a la cesión del animal por parte de un particular, que será gratuita y debe incluir un documento en el que se especifiquen las condiciones.
Además de la cartilla y el microchip, los dueños tienen la obligación de inscribir al gato en el registro de mascotas de su correspondiente comunidad autónoma. No cumplir las obligaciones de identificación del animal está considerado una infracción grave sancionada con multas de 10.000 a 50.000 euros.
Esterilización de gatos
Según indica la normativa, los gatos deberán ser esterilizados quirúrgicamente antes de los seis meses de edad, salvo aquellos que sean registrados como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de animales de compañía.
Entre las medidas aprobadas en la ley de Bienestar Animal, queda prohibido sin excepción dejar a gato (y a cualquier animal de compañía) sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, no pueden estar solos más de 24 horas. También está prohibido mantenerlos de forma habitual en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares.
Entre las obligaciones que recoge la ley, los titulares tienen la obligación de mantener a sus gatos integrados en el núcleo familiar y de adoptar las medidas necesarias para que "no ocasionen molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o las cosas". La ley también señala claramente que está prohibido "emplear animales de compañía para el consumo humano".
¿Cuándo se puede sacrificar un gato?
Sólo hay tres motivos por los que se puede sacrificar a un gato: para evitarle sufrimiento, por motivos de seguridad para las personas o animales o porque supone un riesgo justificado para la salud pública. Los veterinarios no pueden sacrificar a un animal por motivos económicos, porque es viejo o incluso cuando su enfermedad o lesión tenga tratamiento tanto paliativo como curativo. Tampoco pueden hacerlo por problemas de comportamiento "que puedan ser reconducidos".
Si tu gato fallece, tienes que comunicar su baja en el registro. Recuerda que debes aportar un documento que acredite que "fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente para la realización de dichas actividades, haciendo constar el número de identificación del animal fallecido y el nombre y apellidos de su responsable". En el caso de que no se pueda recuperar el cadáver, también debe documentarse adecuadamente. Normalmente las clínicas veterinarias suelen asesorar a los propietarios o incluso se hacen cargo de todo el proceso.
Clasificación de los gatos
En función de su modo de vida, la ley de Bienestar Animal contempla tres tipos de gatos: el gato doméstico, el gato merodeador y el gato comunitario. Los gatos domésticos son aquellos mantenidos por el ser humano, principalmente en el hogar. El gato merodeador es aquel gato que sale sin supervisión al exterior del hogar de su titular.
Se considera gato comunitario a aquellos que viven en libertad pero vinculados a un territorio y que no puede ser abordado o mantenido con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización, pero que desarrolla su vida en torno a estos para su subsistencia.
Protección de las colonias felinas
Los ciudadanos está obligados a respetar "la integridad, seguridad y calidad de vida" de los gatos comunitarios. Además, los propietarios de los perros deberán "adoptar las medidas para evitar que la presencia de estos pueda alterar" a los gatos.
La retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones no permitidas por la ley (riesgo para ellos mismos o peligro para la biodiversidad o la salud de las personas) se considerará infracción grave con multas de 10.000 a 50.000 euros. Provocar la muerte de cualquier gato comunitario se considera una infracción muy grave con multas de 50.000 a 200.000 euros.
La ley también obliga a los ayuntamientos a establecer métodos de control poblacional de los gatos comunitarios a través de un censo de gatos; programas de esterilización incluido el marcaje de la oreja; programas sanitarios de la colonia para la desparasitación, vacunación e identificación obligatoria mediante microchip; y un protocolo de gestión de conflictos vecinales.
En este sentido, se permite a los ayuntamientos colaborar con las entidades de Gestión de Colonias Felinas que estén inscritas en el registro de entidades de protección animal. A cambio, la Administración General del Estado establecerá "líneas de subvención" en favor de esas entidades locales.