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Los veterinarios municipales denuncian la "utopía" de la ley animalista: "¿Vamos a tener un quirófano en cada pueblo?"

La Asociación de Veterinarios Municipales avisa al Gobierno: "Solo un 20% de los municipios de más de 20.000 habitantes tienen veterinario municipal".

La Asociación de Veterinarios Municipales avisa al Gobierno: "Solo un 20% de los municipios de más de 20.000 habitantes tienen veterinario municipal".

A partir del próximo 29 de septiembre todos los ayuntamientos de España tendrán que contar de forma obligatoria con un "servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria" de animales extraviados y abandonados "disponible las veinticuatro horas del día". Esta gestión recaerá en su mayor parte sobre los veterinarios municipales. Sin embargo, apenas un 20% de los municipios de más de 20.000 habitantes cuentan con este tipo de profesionales. La Asociación de Veterinarios Municipales es tajante en este sentido: "A día de hoy, la ley no se puede cumplir".

La ley de protección de derechos y bienestar de los animales del Gobierno de Sánchez (más conocida como Ley de Bienestar Animal) deja a los ayuntamientos la responsabilidad de recoger, alojar y atender a todos los animales extraviados y abandonados a través de un servicio disponible todo el día, obviamente pagado por los ciudadanos, que puede ser propio, mancomunado o concertado.

"Antes de esta ley, todos los ayuntamientos ya tenían el cometido de recoger y retirar a los animales vagabundos y abandonados de la vía pública. En este sentido no hay ninguna novedad. Pero ahora se especifica el servicio veterinario permanente. Y yo, como veterinario, me alegro de que los animales tengan una mejor atención, pero no sé cuántos ayuntamientos lo van a poder cumplir", ha explicado a Libertad Digital Juan Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Veterinarios Municipales.

Consciente de que "el tema de los animales genera muchas polémicas", Ortiz señala que esta es "una ley absolutamente ideológica que no ha tenido en cuenta a los técnicos y en particular a los veterinarios" y que plantea "utopías como lo de la atención veterinaria permanente" que "tendrá muchos problemas para poderse aplicar".

Según las cifras de la propia Asociación de Veterinarios Municipales, solo el 20% de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen veterinario municipal (unos 80 de 406). En el caso de los municipios más pequeños, la gran mayoría carece de veterinario municipal: "Difícilmente van a poder cumplir con la normativa, salvo que empecemos a permitir un intrusismo profesional y permitamos que personas no cualificadas se pongan a tratar animales, lo cual es muy peligroso".

Además de la falta de veterinarios, Ortiz también denuncia la falta de infraestructuras para poder cumplir la ley: "Al final ese veterinario tiene que estar dotado de medios y recursos para atender cualquier urgencia relacionada con los animales. Eso no lo tenemos ni siquiera en la atención humana ¿y se pretende que lo tengamos en veterinaria? ¿Vamos a tener un quirófano en cada pueblo de España con un equipo de veterinarios por si un animal es atropellado?"

"No sé si quien ha hecho esta ley ha pensado en eso. A los animales se les puede evacuar tras un primer triaje, pero contar con los medios para atender esas urgencias que se puedan plantear es exagerado e inviable", añade Ortiz.

Una espada de Damocles sobre los ayuntamientos

La ley establece que en el caso de las poblaciones que no dispongan de medios propios para ofrecer este servicio de recogida y mantenimiento de los animales, podrán suscribir convenios de colaboración con centros mancomunados, pertenecientes a otras administraciones o contratados. Pero esa alternativa, tampoco es una solución viable según Ortiz.

"Estupendo. Puedes concertar el servicio con una clínica veterinaria, pero es que hay muchos pueblos de España que no tienen clínica veterinaria. Y no todos tienen un veterinario que viva allí, ni médico, ni farmacia… Es que los recursos e infraestructuras sanitarias que tienen son muy elementales", señala.

"No dudo de las buenas intenciones de los que han elaborado esta ley, pero además de eso hay que tener un mínimo de conocimientos y de experiencia porque a nuestra asociación nos están llamando de diferentes ayuntamientos que no tienen veterinario y no saben qué hacer para poder cumplir con la normativa. Tienen un problema gordo porque a lo ayuntamientos ahora se les puede denunciar si hay un animal herido en la vía pública y no lo recogen y lo atienden".

Ortiz está convencido de que los ayuntamientos van a tener un gran problema a partir del próximo 1 de octubre: "Los ayuntamientos tienen una espada de Damocles encima con este tema porque son muchos los requisitos que se les van a pedir y no todos están preparados y tienen medios suficientes como para poder atender a cualquier animal a cualquier hora todos los días".

Colonias felinas y listado positivo

En este sentido, según denuncia Ortiz, la ley tal y como está planteada "tiene todavía muchas lagunas" pendientes del desarrollo reglamentario posterior, aunque en lo relativo al control de animales, considera que no aporta nada nuevo. "Como dice el refrán castellano, para este viaje no necesitábamos alforjas", señala Ortiz. "En esta nueva normativa no se establece cómo se van a dotar los ayuntamientos de los recursos que necesitan. Y tú puedes legislar todo lo que quieras, pero si no pones recursos para llevarlo a la práctica, la legislación es un sinsentido".

Ortiz ha puesto como ejemplo la gestión de las colonias felinas. Según la ley, todos los ayuntamientos están obligados a asumir la atención sanitaria de los gatos callejeros (ahora denominados "comunitarios"). Además, deben realizar un mapeo de las colonias, un censo de los felinos, esterilizarlos, marcarlos en la oreja e implantar un programa sanitario que implica la desparasitación, vacunación e identificación obligatoria mediante microchip. "Con las cantidades económicas de las que se habla no hay ni para empezar con los programas de esterilización. Por dar un dato, en Madrid, según el último censo, hay unas 1.800 colonias identificadas. No sabemos el número total".

Otro gran problema que se le viene encima a los ayuntamientos va a ser el de alojar a todos esos animales que van a quedar excluidos del listado de mascotas permitidas. "¿Qué va pasar con los animales que se queden fuera del listado positivo? ¿Los van a recoger los ayuntamientos? ¿O la gente va a preferir liberarlos?", cuestiona Ortiz.

Hay que tener en cuenta que, a la espera de que se realice el listado positivo, todo apunta a que la mayoría de los reptiles van a quedar prohibidos y muchos de ellos requieren de terrarios con una temperatura y una humedad adecuadas y, por lo tanto, su correspondiente gasto energético.

"Para los ayuntamientos va a suponer un problema grave acoger a esos animales, además teniendo en cuenta que una de las premisas de la ley es el sacrificio cero. Hay que mantener al animal durante el tiempo que viva sin poder sacrificarlo. Y obviamente yo no estoy a favor del sacrificio, pero cuando se hace una ley de estas hay que hacer también el correspondiente estudio económico para ver cuánto va a costar a las arcas del estado y en definitiva a los ciudadanos".

Las soluciones de los expertos

La Asociación de Veterinarios Municipales denuncia que el Gobierno ha elaborado la ley de Bienestar Animal sin tener en cuenta la opinión de los expertos. En lo relativo a la gestión municipal de los animales, Ortiz tiene varias propuestas: "Tenemos que ir a un sistema integral de gestión de animales de compañía con procedimientos preventivos y programados para controlar para que los animales estén bien atendidos y no generen problemas".

Por ejemplo, explica, los ayuntamientos deberían controlar que los animales estén identificados, desparasitados y con sus vacunas correspondientes. "Eso requiere trabajo, pero es que hasta ahora solo hemos hecho políticas reactivas. La prevención siempre es más barata que curar y reparar daños".

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