Queda poco más de un mes para que entre en vigor la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, más conocida como ley de Bienestar Animal. Y una de las novedades que incluye este texto es que todos aquellos que tengan un gato están obligados a ponerle un microchip de identificación, algo que hasta ahora era voluntario.
El microchip para los gatos se puede colocar a partir de los 3 meses de edad y cuesta entre 30 y 55 euros. Este dispositivo electrónico del tamaño de un grano de arroz se coloca bajo la piel del cuello en una pequeña intervención que no requiere anestesia y que consiste en un rápido pinchazo. Cada chip lleva asociado un número de 15 dígitos que sirven para identificar a los animales extraviados gracias a un lector que tienen los veterinarios, la Policía y la Guardia Civil o el Seprona.
Además de la cartilla sanitaria y el microchip, a partir del 29 de septiembre los dueños tendrán la obligación de inscribir a sus gatos en el registro de mascotas de su correspondiente comunidad autónoma. Y atención, porque no cumplir las obligaciones de identificación del animal está considerado una infracción grave sancionada con multas de entre 10.000 y 50.000 euros.
Un 4,3% de gatos con chip
La función principal del microchip es la identificar de forma sencilla a un animal perdido y, de este modo, localizar rápidamente a su propietario. Esto tiene todo el sentido del mundo para los perros, que pueden escaparse durante un paseo o excursión. De hecho, el microchip ya es obligatorio para los canes. Pero ¿tiene alguna utilidad en el caso de los gatos domésticos que no salen de casa?
Los veterinarios con los que se ha puesto en contacto Libertad Digital coinciden en que la precaución nunca está de más con los felinos, que en cualquier momento de descuido pueden salir por un balcón o ventana abierta. "Está bien tener identificados a todos los animales. No debería representar ningún problema si los propietarios tienen a sus gatos en buenas condiciones", señala el veterinario Manuel Fuentes.
Con la obligación de poner el microchip a los gatos, el Gobierno pretende además evitar el abandono animal. Tal y como señala en el preámbulo de la ley, "existen estudios como el que realizaron conjuntamente la Fundación Affinity y el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona que indican que únicamente el 27,7% de los perros que llegan a centros de acogida están identificados con microchip, mientras que en el caso de los gatos se reduce al 4,3%; esto implica que la mayoría de animales de compañía se encuentran fuera del control oficial."
Los veterinarios no van a denunciar a los propietarios
Muchos veterinarios dudan de la eficacia de las medidas punitivas previstas en la ley de Bienestar Animal para los propietarios y argumentan que si alguien no tiene correctamente identificado a su gato, puede que opte por no recuperarlo en caso de pérdida si ello va a conllevar una multa de hasta 50.000 euros.
Por otra parte, coinciden en que supone "un problemón gordísimo" para la profesión veterinaria. "Cuando nos llega un gato a la consulta, normalmente no comprobamos si lleva microchip. Pero si los reglamentos que se desarrollen a posteriori nos obligan a identificar al animal, yo no me veo denunciando al propietario. Mi trabajo es curar al gato y orientar a su dueño para que lo tenga en las mejores condiciones, pero no voy a convertirme en una especie de policía de una ley profundamente ideológica", señala Fuentes.
"Y ya desde un punto de vista egoísta, yo no puedo denunciar a un propietario porque le pierdo como cliente. A él y a todos sus conocidos", añade Fuentes, que también critica que esta ley persigue "la criminalización de la tenencia de animales y dificultar en la medida de los posible que podamos seguir teniendo mascotas".