Los criadores de aves han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por la ley de Bienestar Animal. Y el Ejecutivo comunitario ha admitido a trámite la demanda, según ha señalado en un comunicado la asociación Aviornis Internacional Ibérica, una asociación dedicada al fomento de la cría de aves silvestres con fines de conservación y que es la que ha interpuesto la demanda.
Entre los miembros de Aviornis se encuentran criadores de aves de reconocido prestigio a nivel internacional. Muchos de ellos, con su propio dinero, están sacando adelante especies en peligro de extinción –sobre todo loros– y colaboran con biólogos y científicos para mejorar los conocimientos sobre este tipo de animales. Sin embargo, con la ley de Bienestar Animal, su actividad podría quedar prohibida.
La asociación ha denunciado los artículos 34, 36 y 52 de la "mal llamada Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales", es decir, los artículos referidos a la creación del listado positivo pendiente de aprobar y que determinará que animales se consideran mascotas legales. Según alertan, este listado dejará fuera a gran parte de las aves que llevan criando desde hace generaciones, porque, tal y como señala la ley, se excluirá las especies "no presentes de forma natural en España".
También han denunciado la disposición transitoria segunda que, previamente a la elaboración del listado positivo, ya ha prohibido la tenencia de determinados animales como los reptiles de más de dos metros y habilita a las Comunidades Autónomas a incautarse de estos animales. Esta disposición, que el propio director de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, calificó de "inconstitucional", es precisamente la que aplicó el Ministerio de Transición Ecológica, pese a no tener competencias, para intentar quitarle el cocodrilo Charlie a su legítimo dueño.
Según el comunicado de Aviornis, estos artículos y la disposición transitoria segunda y cuarta de la ley animalista suponen una "por infracción del artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que garantiza el acceso a los servicios de interés económico general.
Afirman que también se incumple la Directiva sobre Aves y sobre los Hábitats y el Reglamento UE 338/97, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Además, la ley animalista va en contra de la jurisprudencia de la "sentencia Andibel", del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga al uso de criterios objetivos y no discriminatorios a la hora de definir qué es un animal de compañía.
Aviornis destaca que "después de únicamente cuatro días de la presentación, la denuncia ha sido ya admitida a trámite" por la Comisión Europea, aunque advierten de que "este procedimiento tiene un largo recorrido que se puede demorar un tiempo".