El gobierno reconoce que su plan para reducir las colonias felinas no funcionará si no se esteriliza a ocho de cada diez gatos callejeros, una labor (y un gasto) que recae en los ayuntamientos, los únicos responsables de la gestión de las colonias felinas según la Ley de Bienestar Animal. Muchas entidades animalistas rechazan este sistema de control de poblaciones porque "alienta a más personas a abandonar a sus gatos".
La guía sobre gestión de colonias felinas elaborada por la Dirección General de Derechos de los Animales señala que el objetivo prioritario es "reducir" las colonias felinas. Para ello, "dentro de las zonas rurales, donde la disponibilidad de personas cuidadoras es muy variable según las características del municipio, debe priorizarse la aplicación del CER", es decir, la captura, esterilización y retorno de los gatos a sus colonias. En el caso de las grandes ciudades o las localidades cuya población aumenta considerablemente durante las vacaciones, el gobierno recomienda aplicar tanto el método CER como una gestión integral de las colonias, lo que supone asignar cuidadores y programas veterinarios.
La idea es que, a medida que los gatos vayan siendo esterilizados, las colonias felinas acaben reduciéndose o desapareciendo, tal y como exigen los veterinarios. Pero para que ese plan funcione, señala el Gobierno, hay que alcanzar, al menos, "el 80% de los gatos esterilizados sobre el total de la colonia", un porcentaje que coincide con el que señalan varios estudios científicos como el de la Universidad de Florida.
De hecho, el propio Gobierno advierte de que, si no se alcanza ese porcentaje, el gasto económico que conlleva semejante operativo será en vano: "Antes de pasar a la siguiente colonia de gatos, se debe alcanzar al menos el 80% de gatos esterilizados de la colonia anterior, para evitar el crecimiento poblacional y el derroche de esfuerzos económicos y humanos. La esterilización de individuos sueltos en cada grupo es ineficiente".
El problema ahora recae en los ayuntamientos, que tienen ante ellos una tarea sumamente compleja y cara. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Madrid hay censadas unas 1.860 colonias felinas con aproximadamente más de 30.000 gatos callejeros de los que actualmente se ocupan voluntarios. De hecho, muchos ayuntamientos ya han denunciado la falta de medios para gestionar tanto las colonias felinas como los servicios de urgencia 24 horas, las instalaciones o el personal veterinario obligatorios según la ley animalista.
Animalistas en contra del CER
La superpoblación de gatos asilvestrados supone una amenaza para la biodiversidad en España. Son grandes depredadores y en muchos casos están acabando con la fauna autóctona protegida de zonas como Canarias, donde se estima que han contribuido a la desaparición de hasta 40 especies.
La ley de Bienestar Animal prohíbe terminantemente la caza de gatos, es decir, que se consideren una especie cinegética. La única vía permitida legalmente para controlar la superpoblación de gatos es la aplicación método CER. Sin embargo, múltiples asociaciones animalistas y veterinarias, incluida PETA, están en contra de este sistema. Aseguran que "en realidad alienta a más personas a abandonar a sus gatos porque creen que los animales serán atendidos".
En este sentido, PETA está a favor del sacrificio de los animales: "A algunos les preocupa que los animales enviados a los refugios puedan ser sacrificados, pero la definición misma de eutanasia es "buena muerte". En las calles, las muertes de los gatos son inevitablemente malas, llenas de dolor y sufrimiento" e insisten en que el método CER sirve para "que los humanos, pero no los gatos ni la vida silvestre, se sientan mejor consigo mismos".