En los últimos años, los agricultores europeos —y especialmente los españoles— se han convertido en el blanco fácil de una cruzada ecologista que responde más a una agenda ideológica que a criterios científicos.
Los fitosanitarios —también llamados pesticidas o plaguicidas— están en el punto de mira, demonizados como si fueran veneno y existiera un modelo alternativo aplicable sin coste económico ni impacto en la producción. Pero la realidad es muy distinta, y bastante más incómoda para quienes legislan desde la burbuja de Bruselas.
Qué son los fitosanitarios y por qué no podemos prescindir de ellos
Los fitosanitarios no son un capricho. Son herramientas esenciales para evitar que plagas, hongos o malas hierbas arruinen las cosechas. Sin ellos, la producción alimentaria mundial caería en picado, y con ella se dispararían los precios, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas.
¿Hay fitosanitarios peligrosos? Por supuesto. ¿Hay que eliminarlos si se demuestra su toxicidad? Nadie lo discute. De hecho, el sector agrícola ha sido pionero en la implementación de técnicas de Gestión Integrada de Plagas, producción ecológica, uso de control biológico o feromonas, y adopción de infraestructuras verdes para reducir la necesidad de químicos.
El problema surge cuando las decisiones políticas ignoran los datos y se basan en cifras simbólicas: reducir un 50% los pesticidas antes de 2030. ¿Por qué un 50%? ¿Por qué no un 30, un 70 o un 20? ¿A partir de qué año se mide? Nadie lo sabe. Porque no hay base técnica, solo agenda política.
Bruselas legisla; el campo, paga
El Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR) ha sido retirado tras una oleada de protestas. No es casualidad: su fracaso refleja el divorcio absoluto entre Bruselas y el campo. COPA-COGECA fue clara en declaraciones para Euronews: era una propuesta "mal diseñada, mal evaluada, mal financiada y ofrecía pocas alternativas a los agricultores". Traducido: menos pesticidas sin soluciones técnicas equivale a menos cosechas, más precios y más abandono rural.
En España, el campo ya no puede más. Soporta 1.300 nuevas normas al año, trabas burocráticas como el Cuaderno Digital y una presión ecologista que vive de espaldas a la realidad. ASAJAAsociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), ya alertó que: "las políticas verdes reducirán un 20% la producción europea y dispararán los precios".
El gran teatro de la hipocresía europea
Lo que más indigna al campo no es solo la prohibición de pesticidas dentro de la UE, sino la permisividad con productos importados que los contienen. La incoherencia roza el absurdo: sustancias como clorpirifos, tiodicarb o carbendazim están vetadas en Europa, pero aparecen en fresas de Marruecos, uvas de Argentina o limas de Brasil que llegan legalmente a nuestros supermercados.
En 2023, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Red de Alertas Europea notificó 936 incidentes por residuos de pesticidas en alimentos importados. Más de 550 eran tan graves que ni siquiera se permitió su entrada. Solo en España se rechazaron 23 productos. Pero muchos otros sí llegaron a las estanterías.
Y la pregunta es obvia: ¿por qué lo que no es seguro para producir aquí, sí lo es para que lo comamos?
Fitosanitarios, ciencia y alternativas reales
Los críticos de los pesticidas insisten en que hay alternativas: control biológico, feromonas, insectos estériles, mejora genética. Y es verdad. El campo las conoce y las aplica desde hace años. Ahí están los invernaderos de Almería como referente en control biológico, o el uso de feromonas en frutales, arroz o maíz. También se implantan setos vivos, cubiertas vegetales o islas de biodiversidad para reducir la química.
Pero la transición no se impone por decreto. Requiere tiempo, inversión, investigación y formación. No se puede legislar desde el dogma, prohibiendo antes de ofrecer alternativas reales. Ni se puede criminalizar al agricultor por usar productos que la propia EFSA considera seguros si se emplean correctamente.
El falso dilema: salud contra producción
Uno de los mayores errores del discurso ecologista actual es plantear un dilema simplista: "¿quieres pesticidas o salud?" Como si los agricultores no fueran también consumidores. Como si los controles europeos no fueran ya de los más exigentes del mundo. Como si no existiera tecnología para aplicar dosis mínimas de forma precisa. Como si producir sin pesticidas fuera garantía automática de inocuidad.
En realidad, lo que está en juego es mucho más complejo: seguridad alimentaria, competitividad, empleo rural, soberanía alimentaria, precio al consumidor, biodiversidad y salud pública. Todos estos factores deben equilibrarse desde una perspectiva basada en datos, no en prejuicios.
Si no nos dejan cultivar, que no nos digan qué comer
Mientras Bruselas diseña transiciones verdes desde el despacho, los agricultores siguen levantándose cada día para producir los alimentos que todos necesitamos. Exigirles que lo hagan con una mano atada a la espalda, mientras se permite la importación de productos con normas más laxas, es pura hipocresía.
El consumidor merece alimentos sanos, pero también saber qué come, de dónde viene y cómo se ha producido. Y el agricultor necesita herramientas eficaces, seguras y justas para seguir trabajando. Sin campo, no hay comida. Sin agricultores, no hay sostenibilidad.
La pregunta es simple: ¿queremos una Europa que cultiva o una que solo importa? Porque en nombre de lo "verde", estamos dejando morir al campo.
Ana Hernández es Doctora en Química Orgánica, especializada en Química Médica y Biología, con más de veinte años de experiencia como investigadora tanto en España como en el extranjero. Es autora de múltiples publicaciones científicas y patentes.