El Gobierno mantiene que el Real Decreto sobre el uso de medicamentos veterinarios es necesario para proteger la salud pública y niega que restrinja el juicio clínico de los profesionales veterinarios, tal y como critica el sector: "Disponen de un amplio catálogo de medicamentos veterinarios comercializados con el que están familiarizados en su día a día, que les deja suficiente margen de elección".
Es la respuesta del Ejecutivo a la pregunta escrita planteada por el grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados acerca de las condiciones impuestas a los veterinarios para la prescripción de medicamentos, especialmente de antibióticos. El sector veterinario sigue siendo sumamente crítico con la norma y exige su derogación al considerarla restrictiva y potencialmente peligrosa para la salud de las mascotas.
En su argumentación, el Gobierno sostiene que, en España, "el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 2022 estimó unas 4.000 muertes anuales, elevando el gasto derivado de estas infecciones a 150 millones de euros". En este sentido, el ejecutivo de Pedro Sánchez respalda la afirmación de la ONU y considera que "la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad".
Cuantos más antibióticos se consumen, mayores son los porcentajes de resistencia, se argumenta en la respuesta: "Las bacterias se comparten entre personas y animales, no sólo a través de los alimentos sino también a través de otras vías, como puede ser el contacto directo con animales, o incluso directamente desde el medio ambiente. Por eso es importante controlar la aparición y transmisión de bacterias resistentes en animales, tanto de producción como de compañía".
Restringir el uso de antibióticos
De este modo, el Gobierno considera justificado "priorizar el uso de aquellos antibióticos que suponen un menor riesgo de aparición de resistencias desde el punto de vista de salud pública cuando son usados en animales; por el contrario, se debe restringir el uso de aquellos que tienen una importancia trascendental en la medicina humana". Pese a todo, en su opinión, este Real Decreto no restringe el criterio veterinario, tal y como critica el sector.
"Los profesionales veterinarios disponen de un amplio catálogo de medicamentos veterinarios comercializados con el que están familiarizados en su día a día, que les deja suficiente margen de elección entre los distintos grupos de riesgo y cuentan además con otras posibilidades en normativa que flexibilizan aún más la prescripción veterinaria".
El Gobierno también se escuda en que la posibilidad de realizar "un tratamiento de urgencia" es motivo suficiente como para negar que la normativa suponga un riesgo para la salud de las mascotas, a pesar de la muerte de al menos dos animales: "Tanto en el artículo 32.2 como en el anexo I se posibilita que pueda realizarse un tratamiento de urgencia sin tener que esperar al resultado de las pruebas, por lo que no se pone en riesgo ningún procedimiento sanitario ni la salud de los animales".
Pese a todo, el sector de los profesionales veterinarios mantiene su rechazo a esta normativa que "no cuenta con ningún tipo de consenso". También insisten en que el Real Decreto 666/2023 pone en riesgo el bienestar animal y limita la autonomía profesional de los expertos, a los que el Gobierno no ha tenido en cuenta a la hora de elaborar una texto mucho más restrictivo que el de otros países europeos.