La regulación del Gobierno para controlar y limitar los medicamentos veterinarios ha acabado provocando la creación de un mercado negro en el que los propietarios actúan como auténticos traficantes de pastillas para mascotas. Una vez más, la maraña normativa del Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado estrangulando la actividad económica. Lo que sigue sin entender el Ejecutivo es que las necesidades humanas no desaparecen por decreto: simplemente se trasladan a la sombra.
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, uno podía acudir con su mascota a la clínica, donde el veterinario cedía la cantidad exacta de pastillas que el animal necesitaba para el tratamiento. El sistema era cómodo para los propietarios, seguro para los animales y ecológico con el medio ambiente al evitar residuos. Ahora, con el Real Decreto, los veterinarios están obligados a hacer una receta y los dueños deben comprar la caja entera de pastillas en la farmacia.
"Uno necesita cuatro pastillas para el perro, pero vas al farmacéutico y la caja tiene 20. ¿Qué haces con las 16 restantes? Pues al mercado negro", denuncia el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque. "Se han creado grupos de Whatsapp y de Telegram en los que se pone a la venta los sobrantes de los medicamentos que no se han gastado en el tratamiento".
Tal y como hemos comprobado en Libertad Digital, en Instagram o TikTok se pueden encontrar los mensajes de particulares o asociaciones en los que se invita a contactar para formar parte de grupos de "ayuda" o "apoyo" entre propietarios de mascotas destinados a la venta o cesión de medicamentos.
Grupos de trapicheo
De Luque señala directamente a la industria farmacéutica, "que no ha hecho los deberes y no ha fraccionado los medicamentos porque no le interesa económicamente y porque los veterinarios nos hemos encargado de solucionar este problema hasta ahora". De hecho, señala, "la industria no está preparada" para crear tratamientos exactos destinados a todo tipo de mascotas, independientemente de su raza o peso.
Sin embargo, con este real decreto del Ministerio de Agricultura, muchas personas comienzan a tener en sus casas un reservorio de medicamentos veterinarios: "El ciudadano responsable los entrega en el punto SIGRE, pero hay otros que han creado un mercado negro para el trapicheo. Así que, una norma que pretendía el uso prudente y racional de los medicamentos para combatir la resistencia antimicrobiana ha acabado favoreciendo la aparición de traficantes", denuncia De Luque.
Rechazo unánime de la norma
En línea con el resto de colegios veterinarios, De Luque acusa al Ministerio de Agricultura de estar "llevando al caos a la profesión veterinaria" con este real decreto que ya ha requerido de la publicación de varias notas aclaratorias para resolver contradicciones internas de la propia norma y tratar de aliviar (sin demasiado éxito) el desconcierto del sector.
"Y ahora, el ministerio pide socorro a las asociaciones veterinarias para que le enmienden la plana parcheando el desastre de normativa que han creado, cuando deberían habernos consultado antes de hacer este real decreto y haber evitado todos estos problemas", destaca De Luque.
En cualquier caso, "este Gobierno ha tenido la virtud de unir por primera vez a los cazadores con los animalistas o a la ultraderecha con la ultraizquierda" en el rechazo unánime a la norma, ironiza el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. "Le agradecemos haber conseguido lo que hacía mucho tiempo que no se lograba: la unidad de toda la comunidad veterinaria".