El Gobierno sigue adelante con su plan de control y regulación sobre la tenencia de animales y una de las novedades más llamativas que pretende introducir es la reforma del régimen jurídico de los perros potencialmente peligrosos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que los animales superen un examen de aptitud para determinar si se consideran un peligro.
Hasta ahora, la clasificación de estos perros se basaba en un listado cerrado de razas (pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu, akita inu) y las características físicas de sus cruces, tales como el tamaño de la mandíbula o la musculatura.
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez quiere acabar con ese sistema para sustituirlo por un híbrido basado en pruebas de comportamiento, según el proyecto de Real Decreto que desarrolla el reglamento de la controvertida Ley 7/2023 de Bienestar Animal. Es decir, ya no bastará con la raza: ahora los perros deberán superar exámenes de aptitud para determinar si pueden quedar fuera de la categoría de "potencialmente peligrosos".
Exámenes para perros y dueños
Además del curso de formación en tenencia responsable que deberán superar todos aquellos que quieran tener perro, los dueños de razas peligrosas tendrán que ayudar a sus animales para superar las pruebas que en un futuro determine el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el aval del Comité Científico y Técnico de Protección Animal, cuya composición designa el propio Gobierno.
Es decir, será la Administración la que fije el contenido de las pruebas que sólo podrán realizar los profesionales que certifiquen su formación en comportamiento animal. Además, las pruebas quedarán registradas en un sistema oficial con los datos del perro y del profesional evaluador y no podrán realizarse hasta que el animal cumpla un año.
Los perros que superen las pruebas podrán salir de la categoría de perros potencialmente peligrosos, siempre que no muestren "comportamiento agresivo" y no tengan "un peso, un carácter agresivo y una potencia de mordida superiores a las que se determinen como admisibles en las citadas pruebas de aptitud", según señala el texto.
Nuevos gastos y prohibiciones
Actualmente, el seguro obligatorio para los propietarios de perros potencialmente peligrosos debe tener una cobertura mínima de 120.000 euros por responsabilidad civil ante daños a terceros, según el Real Decreto 287/2002. Sin embargo, el nuevo proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno eleva esa cantidad hasta los 150.000 euros como requisito mínimo para la tenencia de estos animales.
Además, prohíbe que los perros considerados potencialmente peligrosos puedan ser usados como reproductores, una medida que afectará a criadores y propietarios.
Del mismo modo, impone a los propietarios la obligación de acreditar con un certificado oficial que son aptos tanto física como psicológicamente para tener este tipo de perros.
El Gobierno justifica el cambio como una forma de "adecuar la clasificación de perros potencialmente peligrosos a los conocimientos científicos y técnicos más recientes en materia de comportamiento de animales de la especie canina", aunque para los propietarios supondrá un nuevo trámite y, muy posiblemente, un nuevo gasto en pruebas, certificados o tasas administrativas.