L. D. / EP.-
El Ministerio de Ciencia y Tecnología está sólo a la espera de recibir los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial respecto al anteproyecto de Ley de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) para remitirlo al Consejo de Ministros. El inicio de su tramitación parlamentaria probablemente se lleve a cabo en el periodo de sesiones que se abre en febrero. Este texto, que ha pasado por
cuatro borradores
previos y que recibió más de 700 sugerencias durante el tiempo que estuvo colgado en Internet por parte de empresas, instituciones y usuarios, ha levantado las suspicacias de estos últimos por entender que va a restringir la libertad en la Red y a controlar muchas de sus actividades, en vez de limitarse a regular el comercio electrónico.
Ante estas críticas, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, defendió que "ninguna página personal o ninguna actividad en la Red que no tenga finalidad o implicación económica estará sujeta a esta legislación, pero las que tengan actividad económica, ya sea directa o indirecta, sí". La ministra se refirió al concepto de finalidad económica , ya que el Gobierno considera que hay servicios, como la del envío de publicidad por correo electrónico o la inclusión de “banners” en páginas personales, que no tienen la consideración de comercio electrónico --no venden nada directamente-- pero que "sí tienen un fin económico".
"El ISP no va a hacer de policía"
La LSSI también regulará la presencia de contenidos ilícitos en la Red puesto que se ocupa de la actividad de los proveedores de servicios de Internet (ISP). La ministra afirmó que la responsabilidad de los mismos la tendrá "el emisor del contenido y, si este afecta a derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el intermediario tiene que facilitar la identificación de dónde procede este contenido". En este sentido, quiso diferenciar entre la retirada de contenidos que una instancia judicial puede imponer a un ISP (proveedor de servicio de Internet) --"siempre con resolución judicial", recalcó-- y la obligación de colaborar del proveedor "si se lo piden desde un punto de vista administrativo, si sabe que alberga un contenido ilícito y lo identifica como tal". Para Birulés, "el ISP no va a hacer de policía, pero sí tiene la obligación de dar colaboración y de no obstrucción".
A la cola de Europa en número de ordenadores por casa
Por otra parte, el diagnóstico ministerial atribuye parte de culpa de la tasa de penetración de Internet entre los españoles al número de ordenadores personales en los hogares, que es "de los más bajos de Europa". Para evitarlo, se impulsó un tratamiento fiscal favorable para que PYME y autónomos, "aparte de introducirse ellos en la Red", puedan adquirir PC para sus trabajadores y éstos "se los puedan llevar a casa sin que se considere renta en especie". Sin embargo, el MCYT no contempla ampliar este tipo de incentivos a la compra de ordenadores por parte de particulares, ya que teme que pudiera dar lugar a una dinámica de ordenadores subvencionados que "se pueden quedar para enseñar a las visitas".
Ante estas críticas, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, defendió que "ninguna página personal o ninguna actividad en la Red que no tenga finalidad o implicación económica estará sujeta a esta legislación, pero las que tengan actividad económica, ya sea directa o indirecta, sí". La ministra se refirió al concepto de finalidad económica , ya que el Gobierno considera que hay servicios, como la del envío de publicidad por correo electrónico o la inclusión de “banners” en páginas personales, que no tienen la consideración de comercio electrónico --no venden nada directamente-- pero que "sí tienen un fin económico".
"El ISP no va a hacer de policía"
La LSSI también regulará la presencia de contenidos ilícitos en la Red puesto que se ocupa de la actividad de los proveedores de servicios de Internet (ISP). La ministra afirmó que la responsabilidad de los mismos la tendrá "el emisor del contenido y, si este afecta a derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el intermediario tiene que facilitar la identificación de dónde procede este contenido". En este sentido, quiso diferenciar entre la retirada de contenidos que una instancia judicial puede imponer a un ISP (proveedor de servicio de Internet) --"siempre con resolución judicial", recalcó-- y la obligación de colaborar del proveedor "si se lo piden desde un punto de vista administrativo, si sabe que alberga un contenido ilícito y lo identifica como tal". Para Birulés, "el ISP no va a hacer de policía, pero sí tiene la obligación de dar colaboración y de no obstrucción".
A la cola de Europa en número de ordenadores por casa
Por otra parte, el diagnóstico ministerial atribuye parte de culpa de la tasa de penetración de Internet entre los españoles al número de ordenadores personales en los hogares, que es "de los más bajos de Europa". Para evitarlo, se impulsó un tratamiento fiscal favorable para que PYME y autónomos, "aparte de introducirse ellos en la Red", puedan adquirir PC para sus trabajadores y éstos "se los puedan llevar a casa sin que se considere renta en especie". Sin embargo, el MCYT no contempla ampliar este tipo de incentivos a la compra de ordenadores por parte de particulares, ya que teme que pudiera dar lugar a una dinámica de ordenadores subvencionados que "se pueden quedar para enseñar a las visitas".