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El Partido Republicano estudia un cambio de política sobre derechos de autor

Un documento interno proponía corregir los excesos de la legislación vigente sobre derechos de autor.

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Los teléfonos debieron echar humo entre el viernes y el sábado. Sólo así se explica el extraño caso del documento publicado por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre los "tres mitos sobre las leyes de derechos de autor y cómo empezar a corregirlas". Publicado el viernes y recibido con alborozo, cuando no con entusiasmo, por analistas tan opuestos ideológicamente como Glenn Reynolds y Cory Doctorow, fue retirado el sábado, cabe presuponer que ante la presión del lobby de la industria de contenidos, representado en Estados Unidos por la MPAA (cine) y la RIAA (música).

El documento empleaba argumentos liberales para demoler lo que calificaba de "mitos" de los derechos de autor. El primero, el más circunscrito a la política norteamericana, desmiente que el propósito del derecho de autor sea compensar al creador. Y lo hace citando la Constitución de Estados Unidos, que expresamente afirma que su objetivo es "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles". El segundo mito es que los derechos de autor tengan algo que ver con el libre mercado, "cuando lo que hacen es conceder un monopolio sobre los contenidos instituido, garantizado y subvencionado por el Gobierno". Por último, argumenta que no es cierto que estas normas favorezcan la innovación, calificándolas de una forma de "Estado del Bienestar corporativo" que impide a nuevas industrias generar riqueza y valor añadido.

Entre las propuestas para corregir los excesos de la legislación vigente, los republicanos proponen limitar la indemnización que puede pedirse en los tribunales, ya que "la idea de que tu iPod puede provocar que te demanden por 1.000 millones es excesiva". También quieren ampliar el concepto de "uso legítimo" de obras protegidas, castigar las reclamaciones falsas que en ocasiones se usan para limitar la libertad de expresión y desincentivar la renovación de los derechos de autor, obligando a un pago tras un periodo gratuito de doce años.

Los analistas han visto el documento como una forma de responder a la última derrota electoral por dos vías: atrayendo el voto joven, muy sensible a estos asuntos, y perjudicando económicamente a un colectivo, el de los artistas, que apoya mayoritariamente a los demócratas. Es más, como beneficio extra enfrentaría a dos lobbys radicados mayoritariamente en California y que actualmente apoyan al partido en el Gobierno: Silicon Valley y la industria de contenidos, abriendo una posible vía para recuperar parte del favor de empresas y electores californianos, un estado seguro para los demócratas.

Pero la decisión de echarse atrás ha llevado todo eso al traste. Al igual que el Partido Popular en España, parece que los republicanos siguen prefiriendo apoyar lobbys que les restan votos y además apoyan a sus rivales.

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