El Tribunal Supremo de EEUU ha dictaminado que los gobiernos estatales tienen derecho a exigir a las tiendas online el pago de impuestos por las ventas realizadas en su territorio, aunque estos comercios carezcan de presencia física en el mismo. La decisión abre la posibilidad de que las administraciones estatales recauden miles de millones de dólares por estas transacciones, al mismo tiempo que abre nuevas barreras de entrada a los pequeños comercios electrónicos.
El dictamen ha contado con cinco votos a favor y cuatro en contra, pero al contrario de lo que suele ser habitual en estos casos la votación no se ha dividido por líneas ideológicas: han votado a favor tanto Ruth Bader Ginsburg, considerada como el miembro más escorado a la izquierda de todo el tribunal, como Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Samuel Alito, el núcleo duro del lado contrario del espectro ideológico. El fallo lo ha redactado Anthony Kennedy, el juez que más habitualmente desempata las votaciones del Supremo.
La decisión del Supremo de EEUU revierte la posición legalmente fijada en 1992, que establecía que los estados sólo tienen derecho a exigir el pago de impuestos por ventas a los comercios con "una conexión sustancial con el estado" –condición que generalmente se tradujo en la exigencia de una sede física en el territorio—, lo que creaba una desventaja competitiva del comercio tradicional respecto de las tiendas online, desventaja que por otro lado cualquier estado podía revertir simplemente eliminando dichos impuestos.
Hay que indicar que los grandes comercios online como Amazon o Walmart ya pagaban ese tipo de impuestos al tener o bien centros de distribución en el caso del primero o tiendas físicas en el caso del segundo. Este fallo afectará a tiendas más pequeñas, incluso a aquellas que venden a través de Amazon.
El pronunciamiento del Alto Tribunal se produce a raíz de que el Gobierno de Dakota del Sur aprobara una ley para cobrar un impuesto a las compañías de comercio electrónico por sus ventas en el territorio con el que calcula que podría recaudar más de 50 millones de dólares anuales (43 millones de euros), demandando su pago a las firmas Wayfair, Overstock.com y Newegg, empresas que no cuentan con empleados ni presencia física en el estado.
La decisión de 1992 "puso tanto a comercios locales como a interestatales con presencia física en desventaja competitiva respecto a los vendedores de fuera", afirma el fallo. "Estos vendedores podían eludir las cargas regulatorias que supone la recaudación de impuestos y pueden ofrecer precios más bajos de facto debido a que los consumidores no pagaban casi nunca ellos los impuestos por su cuenta".
En su voto particular, el presidente del tribunal John Roberts se mostró de acuerdo con que las decisiones anteriores estaban equivocadas, pero no hay suficientes razones como para justificar que se cambien ahora los precedentes. "Cualquier alteración de las normas con el potencial de entorpecer el desarrollo de un area tan crítica de la economía debería ser llevada a cabo por el Congreso", afirma el texto, al que se han sumado los jueces del ala izquierdista Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
El presidente Donald Trump, cuyos desencuentros con Amazon son bien conocidos, ha celebrado la decisión por la vía habitual:
Big Supreme Court win on internet sales tax - about time! Big victory for fairness and for our country. Great victory for consumers and retailers.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018
Trump ha atacado en numerosas ocasiones a Amazon por dos razones: considerar que elimina puestos de trabajo poco cualificados –y por tanto del tipo de trabajadores que cambiaron su voto de Obama a él– y por el tratamiento muy poco imparcial que recibe del Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, fundador y consejero delegado de Amazon.