Un grupo de media docena de usuarios de Twitter ha contactado con la filial española de la empresa propietaria de la red social para exigirle a través de un burofax que ponga fin al acoso que sufren por parte de grupos organizados de extrema izquierda.
El documento ha sido redactado por la abogada Guadalupe Sánchez Baena, que ya ha tenido un enfrentamiento con la compañía que resolvió también vía burofax, y habla en sí misma y en nombre de otros cinco destacados usuarios de Twitter entre los que están el políticos Jaime Berenguer, el periodista Javier Benegas o la secretaria de la Vicepresidencia del Congreso, Silvia Castellanos.
Según ha podido saber Libertad Digital, de no mediar una respuesta satisfactoria de Twitter a este burofax podrían seguirle otras medidas legales de mayor calado.
Un "grupo fuertemente ideologizado"
El documento pone en conocimiento de la filial de Twitter en España que los usuarios han sido "objeto de una campaña de acoso" por parte de un grupo que se organizan a través de un canal de Telegram, denominado RedBird, que "instrumentalizan el procedimiento de denuncias de comportamientos abusivos" que contemplan las propias reglas de uso de Twitter.
Tal y como describe el texto, se trata de un grupo "fuertemente ideologizado, organizado y que conoce en profundidad el funcionamiento de la red social" y que "mediante la denuncia de tweets inocuos presentada de forma descontextualizada" consiguen que se bloqueen o incluso se suspendan cuentas a las que se persigue no porque hayan incumplido norma alguna, sino por motivos ideológicos.
Para que no se pueda alegar desconocimiento el burofax describe también el "modus operandi" de estos boicoteadores reunidos en el grupo de Telegram RedBird, que "no se limitan a la denuncia de un único tweet" sino que habitualmente presentan numerosas denuncias "en relación a distintos tweets para obligar al usuario de la cuenta, bien a eliminar todos los tweets" que han sido denunciados –y esto con frecuencia acarrea la suspensión definitiva de la cuenta por las propias y enrevesadas normas de Twitter–, o bien "a apelar cada denuncia de forma sucesiva, esperando a que se resuelvan las reclamaciones una a una", pues apelar conjuntamente varias denuncias no está permitido, "lo que impide al usuario usar su cuenta durante varios meses, cuando no años".
Los afectados transmiten que esto hace "evidente" que las normas de Twitter para denunciar comportamientos abusivos "no sólo no consigue evitarlos, sino que los propicia y hasta recompensa", por lo que solicitan que se "adopten de forma inmediata las medidas oportunas" tanto para recuperar las cuentas que siguen bloqueadas o suspendidas, "como para asegurar que las mismas no volverán a ser bloqueadas o suspendidas en el futuro" como resultado de una campaña de denuncias y acoso similar.
Un aspecto importante del documento es que se trata de la primera denuncia que se hace llegar a Twitter sobre el comportamiento de bandas organizadas que campan a sus anchas por la red social propiciando el cierre de cuentas, de forma que a partir de ahora la empresa ya no podrá alegar desconocimiento y, de no prestar atención a las demandas de los usuarios que han dado este paso adelante, podría enfrentarse a medidas legales más contundentes.