Pintan bastos para la enfermería española. El cuerpo de enfermeros tiene un importante cabreo después de que el pasado viernes, en Consejo de Ministros, el Gobierno aprobara el nuevo real decreto de prescripción enfermera que condena unas 1.500 actuaciones habituales de la enfermería a la ilegalidad.
Así lo han manifestado este viernes tras la Mesa de la Profesión Enfermera cuando han advertido a los 274.000 enfermeros que hay en España de que podrían llegar a ser condenados por un delito de intrusismo profesional si continúan realizando actuaciones tan habituales como la administración de la vacuna de la gripe si no existe una prescripción previa del médico.
"El cambio realizado supone que ningún enfermero podrá usar, indicar, ni autorizar la dispensación de cualquier medicamento sujeto a prescripción médica, si antes no tienen una prescripción del médico, previo establecimiento del diagnóstico médico y asignación de protocolo o guía", ha explicado.
Dicho de esta manera puede parecer lógico, pero el mismo cuerpo de enfermeros ha explicado que en el normal funcionamiento sanitario en España son muchos los medicamentos prescritos y administrados por los enfermeros sin supervisión de un médico de forma normalizada. Además del ejemplo de las vacunas está el de los partos. Cuando las matronas, que son enfermeras especialistas, gestionan un parto de forma autónoma, prescriben diversos medicamentos, como por ejemplo, la oxitocina. Otro ejemplo son las cremas, a veces con antibióticos, o apósitos médicos para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión.
Pero no terminan aquí estas actuaciones. Los enfermeros recuerdan que también son ellos los que regulan la medicación a pacientes crónicos en las consultas de enfermería, como el caso de los diabéticos o pacientes anticoagulados, o en la asistencia de equipos de urgencias, donde a menudo, no viaja un médico. También en las unidades de cuidados críticos donde el tiempo de reacción es crucial para salvar vidas.
Otro de los muchos ejemplos de actuaciones que ahora pasan a ser ilegales es el de la administración de heparina a pacientes para evitar la coagualción de la sangre en las vías que están puestas pero no abiertas.
La realidad del sistema sanitario es que los enfermeros toman a diario muchas decisiones y actuaciones relacionadas con medicamentos para el normal funcionamiento del sistema sanitario. Sin embargo, esas actuaciones quedaban en una suerte de limbo legal e implicaban grave inseguridad jurídica para los profesionales. En el año 2006 arrancan una serie de negociaciones que culminan en 2009 con la aprobación en el Congreso, con unanimidad, de la Ley del Medicamento y el mandato al Gobierno para que en el plazo de un año aprobase la normativa necesaria para que los enfermeros pudieran prescribir una serie de medicamentos siempre a partir de unas guías clínicas que se elaborarían con la participación y coordinación de los representantes de médicos y enfermeros.
El Gobierno socialista dilató el proceso y el adelanto electoral no permitió aprobar el Real Decreto que orquestase la prescripción enfermera. En julio de 2013, en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Ana Mato firmó un Pacto por la Sanidad que incluía este punto clave. Mato no hizo nada tampoco y tras su dimisión, Alfonso Alonso se comprometió con la enfermería en cumplir el pacto firmado. El mismo martes previo al Consejo de Ministros del día 23, el ministro Alonso ratificó el compromiso con la Enfermería. Sin embargo, unas horas antes de la aprobación, se decidió cambiar de forma radical un artículo del Real Decreto de manera que la alegalidad que se pretendía solucionar se pasa a una declarada ilegalidad de esas actuaciones. Es decir que cualquier enfermero que administre una vacuna u otros medicamentos sin la preceptiva receta estará incurriendo en un delito penal.
Así, la Mesa de la Enfermería ha recordado que fruto de seis años de negociación y después de 90 borradores, "el Gobierno del PP se había comprometido a aprobar un real decreto que iba a suponer un avance muy importante para el colectivo, y que cumplía lo establecido en la Ley del Medicamento". Pero, "en el último momento, decidió cambiar su artículo 3, alterando el texto original para satisfacer los intereses de organizaciones médicas trasnochadas y con intereses corporativistas y ultraconservadores".
"El Gobierno del PP nos ha conducido a una situación no igual, sino mucho peor que la anterior a la aprobación de la nueva Ley del Medicamento, una situación en la que los enfermeros trabajábamos al servicio de los médicos y no al servicio de la sociedad", según han denunciado el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y el de Satse, Víctor Aznar.