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Coronavirus: primeras medidas concretas en la Sanidad: control del sector privado, contrataciones y más material

El ministro de Sanidad ha anunciado las primeras medidas concretas que impulsará en su ámbito dentro del estado de alarma en vigor desde este domingo.

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En una rueda de prensa en la que han comparecido los cuatro ministros que han sido nombrados "autoridades competentes delegadas" en el decreto de entrada en vigor del estado de alarma -los de Sanidad, Interior, Defensa y Transporte- el responsable de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado las primeras medidas que toma dentro de sus funciones en esta nueva etapa de la crisis del coronavirus.

Illa ha anunciado que entre estas "medidas para reforzar el sistema nacional de salud" la primera será que "los consejeros autonómicos dispondrán de todas las instalaciones privadas" en su comunidad, es decir, se toma el control de la sanidad privada.

También ha comentado que se podrá hacer uso de espacios "tanto públicos como privados" en los que se pueda y sea necesario para su "uso sanitario". Esto daría cobertura al plan de la Comunidad de Madrid de "medicalizar" hoteles y se podría trasladar a otro tipo de instalaciones.

Contrataciones de personal

Además, ha anunciado medidas también en el campo del personal sanitario, como diversos planes tanto para ampliar los contratos de los "residentes de último año" de varias especialidades —por ejemplo, geriatría— para que puedan seguir prestando sus servicios.

Asimismo, se suspenden "las rotaciones en curso de residentes" para que estos profesionales puedan ser asignados a los departamentos donde sean más necesarios y, por último, ha anunciado que se contratarán licenciados en medicina que aún no tengan cursada la especialidad si cumplen determinados requisitos.

Material sanitario

El ministro Salvador Illa también ha anunciado medidas para reforzar las existencias de material sanitario. Así ha ordenado que todos aquellos que dispongan de una serie de materiales —mascarillas, guantes, batas, kits de detección…— deban comunicarlo al ministerio en un plazo máximo de 48 horas. Esta obligación sería tanto para personas jurídicas como físicas.

Además, ha ordenado el suministro de información y datos de las comunidades autónomas, que harán con idénticos plazos y criterios. En este sentido ha explicado que a partir de ahora se ofrecerá una actualización diaria de los datos a nivel nacional "a media mañana".

Por último, el ministro exigirá también a las comunidades autónomas que le remitan los planes de contingencia que hayan puesto en marcha hasta ahora.

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