En la semana en que el Parlamento Europeo ha avalado la eliminación de la objeción de conciencia de los médicos en los abortos, el Ministerio de Igualdad ha dado nuevos pasos en la futura reforma de la ley del aborto. La nueva directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha iniciado contactos con las comunidades autónomas para acometer unos cambios que buscan, según Igualdad, acabar con las diferencias autonómicas que existirían en el acceso al aborto.
El futuro proyecto incluye otras relevantes novedades: el departamento que dirige Irene Montero busca derogar la reforma de 2015 y volver a permitir a menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento. También quiere reforzar la "educación afectivo-sexual" y penalizar el "acoso" frente a las clínicas que practican abortos. Además, incluirá un término polémico en círculos médicos: la denominada "violencia obstétrica". El futuro texto reconocerá explícitamente su existencia en esos términos y legislará en su contra.
Hace unos días, la ministra de Derechos Sociales y sucesora de Pablo Iglesias aludió a este polémico concepto en un tuit que resumía las intenciones del Gobierno. Será reconocida como tal en la ley y además será englobada en el cada vez mayor cajón de las denominadas violencias "de género": "La violencia obstétrica es una forma de violencia machista que hasta ahora había sido invisibilizada", tuiteó la ministra.
La violencia obstétrica es una forma de violencia machista que hasta ahora había sido invisibilizada.
Ahora, el @IgualdadGob ha anunciado que incluirá este tipo de violencia en la Ley de violencias machistas. Un gran paso para acabar con estas prácticas. https://t.co/bgNIyJeISk
— Ione Belarra (@ionebelarra) June 20, 2021
La etiqueta de "violencia"
Entre las miles de respuestas recibidas estaban las de decenas de médicos negando un término que lleva años creando polémica y que alude a malas prácticas en torno al parto. En 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó una declaración condenando el "maltrato físico", humillaciones, "procedimientos médicos coercitivos o no consentidos" y "violaciones de la intimidad" en el momento de dar a luz, entre otras cosas, aunque aún no hablaba de "violencia obstétrica"; en 2019 la ONU sí lo hizo en un informe que lo englobaba en el "maltrato y la violencia para la mujer".
Entre los ejemplos habitualmente mencionados de esa "violencia obstétrica" entre las asociaciones que la denuncian están las cesáreas "innecesarias", los métodos para acelerar el parto sin el consentimiento de la madre, maniobras que estarían cuestionadas como la de Hamilton (separación de las membranas de la placenta para desencadenar el parto) o la de Kristeller (presión sobre el abdomen de la mujer para facilitar la salida del feto), generalización de las episiotomías (incisión en la vagina para evitar desgarros) o el uso abusivo de instrumentos. También se incluyen aspectos psicológicos.
¿Machista?
Aunque en esta ocasión la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia no ha comentado estas afirmaciones, sí lo hizo hace unos años en un comunicado interno en el que rechazaba que sus miembros pudieran "sentirse aludidos" por el término "violencia obstétrica" y defendía la "buena praxis" de sus asociados, haciendo alusión a los "procedimientos científicos" puestos al servicio de la madre y del niño en el "trascendente y determinante periodo del parto".
Algunos de los médicos que de forma individual entraron en el debate abierto por Belarra rechazaron el concepto de "violencia" para aludir al ejercicio médico y señalaron que algunas de las prácticas englobadas bajo esa etiqueta o las experiencias narradas por algunas mujeres son en realidad negligencias médicas que deberían ser puestas en manos de los tribunales.
Otros también destacaron la incongruencia de tachar de "machista" una violencia que en realidad estaría cometida mayoritariamente por mujeres, si se atiende al abrumador porcentaje femenino entre ginecólogos, obstetras y matronas.