Después de haber atendido a un 30% de los enfermos de covid durante la pandemia y de formar parte del Sistema Nacional de Salud desde hace décadas el sector de la sanidad privada ve como la nueva ley que prepara el Gobierno –ayer fue aprobada en el Consejo de Ministros y ahora le espera el trámite parlamentario – puede eliminar prácticamente toda la colaboración con el sector público.
Para comentar la cuestión Libertad Digital ha hablado con Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, que señala que "es la primera vez que hay una ley en España que excluye del sistema nacional de Salud a la sanidad privada" y que con ella el nuestro "será el único país europeo" con una norma en este sentido.
Dramáticas listas de espera
Rus asegura que la nueva ley "no responde a la realidad, sino que pretende imponer un criterio ideológico" con el que se elimina "una posibilidad de gestión que tienen las comunidades autónomas". Una decisión que "resulta especialmente llamativa tras una época como la del covid en la que un 30% de los pacientes se han atendido en el ámbito privado gracias a esa colaboración".
Pero el problema no es sólo lo que ha ocurrido hasta ahora, sino "la situación que tenemos con una pandemia de listas de espera" en la que la sanidad privada puede y debe tener "un papel de aliado flexible, de recurso estratégico". Rus recuera que su sector "no vive de la colaboración público-privada, pero que siempre hemos estado a disposición" del sector público "para cuando ha hecho falta". Además, precisamente ahora con ese crecimiento de las listas de espera, cuando "es fundamental" se quiere limitar pero "todavía no se ha explicado cual es el motivo de querer limitarla".
El PSOE no había avisado
Preguntamos a Carlos Rus si desde el Gobierno les habían advertido de que la ley que se estaba preparando iba en esta línea. El presidente de ASPE distingue entre las dos formaciones en el Ejecutivo: "Con el PSOE sí hemos mantenido contactos en los últimos meses y en ningún caso se ha hecho referencia a una medida de este tipo", nos cuenta.
Por el contrario, "si hemos visto muchas iniciativas por parte de Podemos, sí nos han dejado claro en conversaciones en las que hemos estado presentes", nos dice, aunque aclara que no se trataba de reuniones formales porque "no hemos conseguido que Unidas Podemos nos atienda de forma oficial en una reunión".
Pero en cualquier caso el partido morado sí había dejado muy claro que "ellos no quieren que se haga nada del ámbito público en el ámbito privado", por lo que creen que "esa es la motivación" tras la ley, a pesar de que Podemos ha advertido que no la apoyará si no es aún más radical: "Ellos quieren que la sanidad y el Sistema Nacional de Salud estén conformados sólo por lo público y lo privado, por tanto, no tiene cabida". Y cuidado, no es un movimiento aislado sino "que es un paso más en la idea que tiene de que deje de existir lo privado en ámbitos como la Sanidad o la educación en los que han ido pronunciándose en este sentido".
Sólo un 11% del presupuesto
Pero, ¿tan grande es el volumen económico de la colaboración entre el sector público y el privado? Rus nos explica las cifras: "Del presupuesto público se destina a conciertos un 11%", un porcentaje en el que "hay una partida muy importante" que se dedica a ambulancias. Finalmente, el resto "que es un 8,3%" es lo que "se destina a lista de espera o a conciertos singulares", de los que nos pone como ejemplos a los hospitales de Alzira o Torrevieja, "pero lo más habitual es la lista de espera".
Por eso es tan sorprendente que quiera eliminarse esa colaboración en un momento en el que "hay tres millones de personas en lista de espera". Más aún porque cuando si se le da la opción al ciudadano de acudir al ámbito privado "se fijan unas tarifas que están entre el 25% y el 60% por debajo de los costes que tiene la Administración".
Como ejemplo de los ahorros que supone el recurso a la sanidad privada Rus nos comenta un informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana que habla del hospital de Torrevieja –público de gestión privada– y asegura que "ese hospital supone un ahorro de 45 millones de euros al año".
¿Consecuencias tendrá para el paciente?
Preguntamos al presidente de ASPE qué consecuencias para los pacientes puede tener la ley si finalmente se aprueba. Rus nos explica que según el texto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros "se tiene que marcar una serie de criterios objetivos y que tiene que haber un acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así que no sabemos las consecuencias hasta que no se decida en ese órgano".
"Lo que sí sabeos ya –nos explica– es que la voluntad que hay es que, mientras Ley General de Salud reconocía a la sanidad privada como parte del Sistema Nacional de Salud y su carácter complementario", ahora lo que se está estableciendo es "el carácter excepcional" de esa colaboración y que a partir de ahora "cualquier proceso de concertación se puede judicializar, porque puede haber criterios objetivos, pero también los habrá subjetivos y no tendremos precedentes".
Pero pese al interés ideológico en eliminarla, la realidad es que, tal y como nos cuenta Carlos Rus, "todas las comunidades gastan de media un 40% de su presupuesto en Sanidad y, aunque hay muchas en las que el partido gobernante decía que no iba a hacer colaboración público-privada" cuando llegan al poder "lo hacen todos, porque llegan puntas de demanda que no son capaces de atender y, ante eso, puedes hacer dos cosas: o priorizas al paciente y haces que se le atienda pronto, aunque sea en la sanidad privada, o esperas y entonces su condición empeora".
"Ya tenemos un problema de salud pública"
Y esos pacientes que empeoran no son una cuestión baladí, sino que con las listas de espera tal y como están "ya tenemos un problema de salud pública, en cuanto en las listas hay tanta gente y los plazos de espera llegan a ser de más de 150 días está claro que hay un problema de salud pública".
De hecho, Rus nos confirma que "ya lo estamos notando como efecto del covid: algunos pacientes nos están llegando con situaciones mucho más complejas de lo que es habitual porque se ha dado un diagnóstico más tardío".
Eso ya está ocurriendo y "lo único que hacen con esta normativa es agravar y consolidar esta situación, que va a tener un efecto absolutamente directo sobre el paciente".