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Violencia obstétrica, la gran derrota de Irene Montero en la ley del aborto

El texto no recoge el prometido término "violencia obstétrica", que indignó a la comunidad médica, aunque sí se alude a las "prácticas ginecológicas".

El texto no recoge el prometido término "violencia obstétrica", que indignó a la comunidad médica, aunque sí se alude a las "prácticas ginecológicas".
La ministra de Igualdad, Irene Montero | EFE

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva que este jueves se aprueba en el Congreso no menciona finalmente un polémico concepto que enfrentó al Ministerio de Igualdad con la comunidad médica: "violencia obstétrica". Pese a que Irene Montero se comprometió a incluirlo y llegó a englobarlo dentro de las "violencias machistas", dichas palabras no aparecen en el nuevo texto en una llamativa marcha atrás que llega después de que varios colegios de médicos expresaran su indignación por un concepto que alude a determinadas prácticas durante el parto consideradas invasivas, agresivas e incluso fruto de una concepción "machista" o "patriarcal" de la medicina, según algunos activistas.

El concepto de "violencia obstétrica" está aceptado por la ONU, que lo engloba dentro de la "violencia contra la mujer" y a ello se aferró Igualdad en su día para usar un término que los ginecólogos rechazan radicalmente. Entre estas prácticas consideradas violentas pueden incluirse procedimientos como las episiotomías rutinarias, la maniobra de Kristeller, la maniobra de Hamilton, cesáreas programadas por sistema y partos inducidos. Desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia se respondió en su día que el término era "inapropiado, tendencioso e injusto" por aludir a una "intención de causar daño" y un "ánimo de lesionar, tipificable penalmente". "No debe confundirse en modo alguno la praxis inadecuada con las expectativas de parto no cumplidas", señaló el organismo.

En la misma línea, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) indicó que "cualquier uso del término violencia es particularmente ofensivo" y señaló que "los procedimientos obstétricos que puedan considerarse excesivos e inapropiados serían, en todo caso, acciones basadas en el principio de beneficencia, que buscarían lo mejor para la mujer". El colectivo incluso lanzó hace unos meses una campaña en redes sociales en defensa de sus profesionales negando que pueda producirse "violencia" en un paritorio.

La redacción actual de la ley no incluye el término "violencia obstétrica" pero sí alude a la "violencia reproductiva". Anuncia en el preámbulo una "previsión de medidas para que los poderes públicos garanticen los derechos reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico". Y hay un capítulo dedicado a la "protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico". La norma pide que se requiera en la atención del parto, "el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en todos los tratamientos invasivos", "respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas". También pide "esfuerzos especiales" a los servicios públicos para "disminuir el intervencionismo, evitando prácticas innecesarias e inadecuadas que no estén avaladas por la evidencia científica" y "reforzar las prácticas relativas al parto respetado y al consentimiento informado de la paciente". Se proporcionará, añade, "un trato respetuoso y una información clara y suficiente".

Entre las medidas propuestas están "la realización de estudios" sobre prácticas contrarias al "parto respetado" y una "recogida de datos periódica a partir de la información proporcionada por los centros sanitarios". También una "formación del personal de los servicios de ginecología y obstetricia" y la aprobación de un "Protocolo Común de Actuaciones" para que los sanitarios "contribuyan a garantizar los derechos sexuales y reproductivos".

¿Por qué dieron marcha atrás?

Mientras los médicos insisten en negar la existencia de un problema de "violencia" y piden hablar en su lugar de casos concretos de "mala praxis", desde Igualdad sí siguen hablando de "violencia" aunque el término se haya esfumado de la ley. Hace sólo unos días, la ministra Montero aseguró que existe una deuda con las mujeres víctimas de la violencia obstétrica en un acto por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

"Aprobemos la ley del aborto, aprobémosla ya, porque a estos fascistas se les para con derechos", proclamó en ese mismo acto la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, que hace unos meses se refirió en una entrevista con eldiario.es a la súbita desaparición de la violencia obstétrica del texto. Preguntada sobre si se debió a las críticas médicas o a posibles conflictos con el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias, Morillas admitió que es "una propuesta donde hay dos ministerios coproponentes y no somos ajenas a que este tema suscita debate". "Nosotras estamos convencidas de que existe la violencia obstétrica", proclamó citando a la OMS y la ONU y destacando que en cualquier caso la norma establece "políticas públicas" que posibilitan "intervenir en el ámbito de la violencia ginecoobstétrica".

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