El pasado 9 de abril, el Gobierno aprobó tres reales decretos de traspaso de competencias al País Vasco, entre ellos uno que ha despertado suspicacias entre la comunidad médica. Se trata de la capacidad para homologar títulos universitarios extranjeros: el acuerdo, señaló en su día Moncloa en la referencia del Consejo de Ministros, "profundiza en las competencias en educación, completando la transferencia de 2011 con la homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios", ya que "hasta ahora la autonomía podía hacer homologaciones sólo hasta el nivel de la enseñanza secundaria". La medida acaba de publicarse en el BOE, en vísperas de las elecciones vascas.
Tras el anuncio del primer traspaso autonómico en esta materia, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) anunció que impugnará la medida y avisó de que la decisión "de dispersar esta competencia en el espacio autonómico" va "en contra del principio de equidad y no discriminación" e incumple con el reconocimiento expreso a los Consejos generales de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas. "No es entendible una solución homogénea al problema de déficit de médicos especialistas sin una visión estatal para su resolución", avisan.
"Esta medida va exactamente en dirección contraria al propósito de la Profesión Médica Europea que trabaja desde las diferentes instituciones en la armonización de criterios comunes que garanticen al ciudadano europeo una asistencia sanitaria de excelencia", destacan avisando de un posible "efecto contagio" a otras autonomías y alertando de que ya se están haciendo contrataciones "sin la exigencia de los correspondientes títulos de especialidad".
Este viernes se ha sumado a la queja el Consejo General de Dentistas, que ha mostrado su "total rechazo". Recuerdan que la decisión tiene su origen en el acuerdo que firmaron PSOE y PNV a cambio de la investidura de Sánchez y cómo entonces se prometió a los nacionalistas contar con "los medios para homologar y declarar la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros".
"Es preciso recordar que la competencia para la homologación de títulos, tal y como se establece en la Constitución y en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, es del Estado, con la preceptiva participación de los Consejos Generales, a través de la emisión de informes a las solicitudes de homologación de títulos extranjeros", recuerdan. Por ello, "además de la posible falta de competencia autonómica, el traspaso al País Vasco de esta competencia supondría un incumplimiento de este reconocimiento expreso a los Consejos Generales".
Apuntan además que es una decisión "sin precedentes en la Unión Europea, va en contra del principio de equidad". "El hecho de que una comunidad autónoma disponga de un sistema propio de homologación de títulos puede suponer diferencias que provoquen graves desigualdades en la obtención de la homologación", advierten, expresando su "total rechazo" a que competencias estatales que afecten a asuntos de "gran complejidad y sensibilidad, como es el caso de las homologaciones de títulos, se utilicen como moneda de cambio por parte de nuestros gobernantes".
El Gobierno alegó al aprobar el traspaso que permanecen en la Administración General del Estado la potestad normativa para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos; la regulación del reconocimiento de estudios universitarios extranjeros; y la determinación de la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de títulos universitarios oficiales de ordenaciones académicas anteriores.