La salud mental es cada vez un problema más generalizado en la sociedad actual, sobre todo tras la pandemia del coronavirus. Se calcula que el 19% de la población sufrirá algún tipo de enfermedad mental a lo largo de su vida, y uno de cada cinco personas sufre algún trastorno mental—depresión o ansiedad principalmente—según el Ministerio de Sanidad.
En el caso de las administraciones públicas, el problema está bastante generalizado entre sus empleados. El CSIF ha realizado un estudio por motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde participaron más de 6.300 personas que trabajan en sectores públicos como Educación, Sanidad, Justicia, ayuntamientos, etc.
Casi la mitad consume algún fármaco
"El 76% de los empleados públicos reconoce abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de estos psicofármacos", ha señalado Encarna Abascal Pérez, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF.
Cabe mencionar que dentro de este porcentaje, el 49% ha consumido fármacos psicoactivos—siendo los más utilizados los ansiolíticos e hipnosedantes (71%) y los antidepresivos (12%)—para cuidar su salud mental. Los motivos que conllevan esta práctica son varios: exceso de carga en el trabajo, la inmediatez de los resultados, la falta de desconexión o el estrés.
Además, este tratamiento es una vía más rápida y accesible frente a la mejor alternativa: acudir a un especialista, psicólogo o psiquiatra, lo cual conllevaría más tiempo y recursos para el paciente—que en algunos casos, tiene que costear estas visitas con dinero de su bolsillo—y que en la sanidad pública los tiempos de espera pueden ser eternos.
Las mujeres, las más afectadas
El perfil más afectado es el de las mujeres trabajadoras (de entre 35 y 67 años) de sectores como la Sanidad y la Educación, debido a la falta de reconocimiento en el trabajo, la discriminación por parte de compañeros y la difícil conciliación de la vida familiar y profesional.
Asimismo, en algunos casos, la salud mental sigue siendo un tema tabú, ya que, según el estudio del CSIF, el 57% no comunicaría en el trabajo que tiene una enfermedad mental por miedo a ser discriminado—solo un 31% lo haría si fuera obligatorio. En este sentido, Abascal ha expuesto que "la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales".
Acudir al psicólogo
A pesar de que el 60% tiene problemas psicológicos, solo un 38% obtiene la ayuda necesaria—en muchos casos, costeándosela por sus propios medios—pues todavía ningún centro de trabajo realiza suficientes acciones para promocionar la salud mental y velar por la seguridad de sus trabajadores.
Como consecuencia de estos resultados, el CSIF ha iniciado la campaña "Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral" para sensibilizar a los centros de trabajo y así denunciar ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento de las medidas de salud mental que ponga en riesgo la calidad de vida de los trabajadores.