La reciente decisión del Ministerio de Sanidad de no financiar el anticuerpo monoclonal blinatumomab esencial para tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en niños, ha reabierto un debate que lleva años resonando en el Sistema Nacional de Salud (SNS): el acceso desigual y tardío a medicamentos innovadores en España.
rEste caso es solo la punta del iceberg de un sistema que parece priorizar las cifras presupuestarias sobre la salud de sus ciudadanos, dejando a España en desventaja frente a otros países europeos.
Por su parte, Mónica García ha declarado que "financiar medicamentos y ampliar su uso clínico no es gratis", defendiendo la necesidad de una financiación sostenible. Sin embargo, los continuos retrasos y la opacidad en los criterios de evaluación siguen golpeando duramente a los pacientes más vulnerables, en este caso, a nuestros niños.
Una decisión que cuesta vidas
Blinatumomab, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en 2015, es un tratamiento clave para recaídas y resistencias en casos de LLA, el tipo de cáncer infantil más frecuente. Aunque su eficacia está ampliamente probada, su financiación ha sido denegada reiteradamente en España. La Comisión Interministerial de Precios argumenta criterios de "racionalización del gasto público" y "impacto presupuestario", justificaciones que parecen frías para las familias afectadas.
Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, en un giro digno de guion político, culpa al PP de 2017 por la situación, argumentando que la farmacéutica pedía un precio "desorbitado". Todo esto mientras defiende, con cierto tono heroico, que los hospitales ya están utilizando el fármaco y despacha las críticas sobre la "no aprobación de la financiación del fármaco para cáncer infantil" como simples bulos.
Eso sí, en su entusiasmo por aclarar las cosas en redes sociales, omite un pequeño detalle: no es precisamente el Ministerio de Sanidad quien está logrando que los niños accedan al medicamento, sino los oncólogos, quienes lo consiguen mediante compra extranjera o uso compasivo.
Claro, esas "soluciones alternativas" suenan mucho menos épicas, y aunque efectivas en algunos casos, no garantizan la equidad, sobre todo cuando se sabe que el acceso depende de dónde viva el niño. Porque, al parecer, en España, la probabilidad de luchar contra una leucemia infantil también tiene su propio código postal.
Un problema recurrente en el acceso a medicamentos
El caso de blinatumomab no es aislado. Según el informe "W.A.I.T. Indicator 2023", España tarda una media de 23 meses en incorporar medicamentos aprobados por la EMA, frente a los 180 días que estipula la normativa europea. Solo el 62% de los medicamentos aprobados entre 2019 y 2022 están disponibles en España, en comparación con el 88% en Alemania.
La situación es aún peor con los medicamentos huérfanos, destinados a enfermedades raras. De los 46 pendientes de financiación en España, casi un 40% lleva más de tres años esperando. Incluso cuando se aprueban, su uso se limita a determinados pacientes.
Casos recientes como los fármacos Enhertu y Trodelvy, para cáncer de mama metastásico, destacan por el rechazo inicial a su financiación. Solo tras la presión social y mediática se logró su inclusión en la cartera pública.
¿Vamos a tener que movilizarnos cada vez que nuestra Ministra decida no priorizar la salud de los Españoles?
Desigualdad territorial y burocracia
La falta de celeridad en la financiación se agrava con la inequidad entre comunidades autónomas. El acceso a medicamentos como blinatumomab depende de la decisión de cada hospital de adquirirlos mediante compra extranjera o uso compasivo, procesos que no son uniformes. Esto genera un sistema sanitario fragmentado, donde pacientes de regiones como Cataluña o Asturias tienen menos probabilidades de acceder al tratamiento que aquellos de Madrid o Salamanca.
Este panorama evidencia una grave falta de equidad en el SNS, dejando a los pacientes en una situación de injusticia social que contradice los principios de salud universal que el Gobierno dice defender.
¿Cuánto vale una vida?
Mientras la ministra Mónica García justifica las restricciones presupuestarias argumentando sostenibilidad, otros países logran incorporar tratamientos innovadores de manera más eficiente. Su defensa en redes sociales de que "los medicamentos están disponibles" ignora que, en realidad, los pacientes acceden a ellos gracias a los oncólogos que solicitan su compra como medicación extranjera, no por un compromiso efectivo del Gobierno.
Además, resulta preocupante que las mismas prioridades políticas estén más enfocadas en la proyección internacional, como el financiamiento de programas globales de la OMS, que en resolver las carencias del sistema sanitario español.
Hacia una reforma urgente
La decisión de no financiar blinatumomab simboliza una dinámica que no debería ser la norma. España necesita una reforma urgente del sistema de aprobación y financiación de medicamentos. Según Farmaindustria, se deben implementar mecanismos de acceso temprano para reducir los plazos a un máximo de 90 días en casos urgentes, establecer criterios claros y permitir la participación de pacientes en las decisiones.
Enfermedades como la LLA no esperan, y cada día sin tratamiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Más allá del discurso político, la salud de los ciudadanos debe ser una prioridad real, no un titular para llenar portadas.
Ante estas noticias la ministra de sanidad debería responder en las redes sociales que tanto le gustan estas cuestiones que nos hacemos muchos españoles: ¿Dónde está la equidad y la justicia social que tanto predica? ¿Esto es salud para todos? ¿Cuánto vale la vida de nuestros niños y cuánto vale la vida de los españoles? ¿Más o menos que su anestesia verde?
El caso de blinatumomab no debería ser la norma, sino un recordatorio de lo que hay que evitar: la vida de los más vulnerables no puede ser una cuestión secundaria.