El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este martes en el Consejo de Ministros la reforma del Estatuto Marco de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) pese al rechazo frontal de los sindicatos médicos, que mantienen su pulso con el Ministerio de Sanidad y ya han convocado una nueva huelga nacional entre el 15 y el 19 de junio.
La aprobación del anteproyecto se ha producido, además, sin que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender una de las reformas más contestadas de su departamento en los últimos meses.
Hoy se da luz verde a la tramitación del Estatuto Marco abriéndose el texto al trámite de audiencia e información pública para recoger aportaciones antes de que llegue al Congreso, donde se podrán incorporar enmiendas y se someterá al debate parlamentario. https://t.co/cR1NOEsYxd
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 2, 2026
Según han avanzado fuentes del Gobierno a EFE, el texto inicia ahora su tramitación apenas un día después de otra reunión sin acuerdo entre el Ministerio y seis organizaciones sindicales médicas, que denuncian la falta de avances en la negociación y exigen un marco regulador propio para los facultativos.
Choque con los médicos
El texto, pactado con los sindicatos generalistas del ámbito sanitario —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde— tras casi tres años de negociaciones, incluye algunas mejoras para los médicos, como limitar las guardias de 24 horas a un máximo de 17 o establecer jornadas semanales de no más de 45 horas.
Sin embargo, las organizaciones médicas consideran insuficientes esas medidas y continúan reclamando un estatuto específico independiente del resto del personal sanitario para negociar sus condiciones laborales. Una petición que tanto el Ministerio de Sanidad como los sindicatos generalistas han rechazado al defender que el Estatuto Marco debe regular a todos los trabajadores del SNS y no únicamente a una parte del colectivo.
Menos temporalidad
La reforma impulsada por Mónica García también contempla medidas para reducir la temporalidad mediante ofertas periódicas de empleo público, adaptar la clasificación profesional a la formación y competencias de cada categoría, reconocer la actividad docente e investigadora como tiempo de trabajo efectivo, además de reforzar la conciliación laboral y familiar.
Tras su aprobación inicial en el Consejo de Ministros, el anteproyecto abrirá ahora el trámite de audiencia pública antes de regresar de nuevo al Gobierno y ser remitido posteriormente al Congreso de los Diputados para iniciar su recorrido parlamentario.