¿Consenso? Sólo un 1% de los artículos climáticos respaldan la tesis del IPCC

Tras escuchar a los expertos convocados, pueden extraerse dos conclusiones: el supuesto consenso científico  acerca del cambio climático, de su extensión y peligrosidad, no existe, y cada vez hay más indicios de que la evolución del clima no lleva a una catástrofe; y las medidas propuestas por los políticos, los gobiernos y la ONU no son ni eficientes económicamente ni efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Instituto Juan de Mariana (IJM), co-organizador del evento y única institución española presente en el mismo, estuvo representado por su presidente Gabriel Calzada, que denunció “el despilfarro de dinero que suponen las ayudas a las energías renovables”. De hecho, durante 2009 “esas fuentes de energía han requerido ayudas públicas por un valor superior al coste total de la producción de electricidad para toda España”.

El experimento español en energías renovables ha acabado en un fiasco. Este extremo es reconocido actualmente a nivel internacional gracias a los estudios promovidos por el IJM. En Italia (así como anteriormente en Dinamarca y Alemania) se han realizado estudios sobre el efecto en el trabajo de las ayudas a estas energías verdes que confirman los resultados de Gabriel Calzada, Raquel Merino y Juan Ramón Rallo en España, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y miembros del Instituto Juan de Mariana.

En relación al supuesto “consenso científico” acerca de la magnitud del cambio climático, sus causas y consecuencias, los organizadores de este evento afirman que esta IV Conferencia es, en sí misma, la prueba de la falsedad de esa afirmación. Entre los ponentes se encuentran más de medio centenar de científicos, de diferentes campos y de las más prestigiosas universidades, que se han reunido de nuevo para expresar su disconformidad con la visión tradicionalmente recogida en los medios. Además, el planeta lleva ya más de una década sin sufrir calentamiento global, algo que ninguno de los modelos preveía.

A pesar del mensaje que se ha hecho llegar a la sociedad, el debate científico entorno a esta materia no está ni mucho menos cerrado. Así, desde 2007, más de 31.000 científicos americanos, incluidos más de 9.000 doctores, han firmado una petición que dice, entre otras cosas que “no hay una convincente evidencia científica de que la emisión de dióxido de carbono, metano, u otros gases de efecto invernadero por parte del ser humano esté causando o vaya a causar un catastrófico calentamiento del planeta”.

De 1.117 artículos publicados en revistas científicas sobre el Cambio Climático, sólo 13 (un 1%) respaldan explícitamente la “visión del consenso”.

El Heartland Institute y el resto de los patrocinadores de este evento destacan que “ni siquiera entre los asistentes al mismo existe un consenso de las causas del cambio climático y de las posibles soluciones”. A lo largo de los tres días se han discutido numerosos estudios de los más prestigiosos investigadores. Este tipo de encuentros deben servir para que la comunidad científica se reúna, debate y permanezca abierta a posteriores hallazgos y descubrimientos.

Nada hay más contrario a la ciencia que el establecimiento de una verdad incuestionable que, además, tiene como consecuencia la también incuestionable intervención pública de los políticos, siempre a cargo de los bolsillos de los contribuyentes a través de “nuevos impuestos, leyes, obligaciones y subsidios”, según las conclusiones de la reunión.

Respecto a las políticas puestas en marcha para reducir la emisión de los gases antes mencionados, los asistentes a esta IV Conferencia han denunciado que sólo en EEUU reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la forma que propone el Gobierno de Barack Obama -mediante el fomento de energías verdes- costaría “una media de 3.372 dólares por hogar y supondría la pérdida de más de 2,4 millones de puestos de trabajo”.

Dichos datos vienen a corroborar los que, para el caso de España, publicó el Instituto Juan de Mariana a comienzos de 2009, en donde se demostraba que por cada puesto de trabajo creado en la industria renovable a costa de subvenciones pagadas por el contribuyente se habían perdido dos empleos en otras industrias más eficientes.