El Consejo General del Poder Judicial ha abierto expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por afirmar en un auto que los policías que escoltan a Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse. Cuatro votos a favor, cuatro en contra, y el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, de la organización socialista Jueces y Juezas para la Democracia, inclinando la balanza. El ministro socialista Félix Bolaños, por su parte, celebraba que el CGPJ vele por el "buen nombre de la Justicia" –debía haber añadido: "en los medios afines al PSOE"–, obviando el fondo de la cuestión. Con esta decisión del CGPJ no ha triunfado la Justicia, sino la Política. Ahora que la inteligencia artificial está de moda, cabe plantearse si deberíamos avanzar hacia un sistema judicial que funcione como los aviones con un piloto automático algorítmico.
Y es que lo que estamos viendo no es un caso judicial, sino un espectáculo político disfrazado de expediente disciplinario. Y en medio de este lodazal, alguien en el planeta cinematográfico español ha tenido la genialidad de preguntarse qué pasaría si dejamos que una inteligencia artificial decida en el ámbito jurídico. El cineasta Simón Casal ha planteado esta disyuntiva en su documental Artificial Justice y en la película Justicia artificial, en los que muestra un escenario tan inquietante como seductor ya que se plantea un referéndum para sustituir a todos los jueces del país por un sistema de IA. La promesa es tentadora porque significaría eliminar la influencia del poder político y económico, reducir los sesgos ideológicos y emocionales, y así conseguir una justicia verdaderamente independiente e imparcial, ciega a cualquier tipo de compromiso que no fuesen el derecho y la legislación.