El Ministerio de Hacienda cerró marzo con una nota de prensa que merece leerse dos veces: España cierra 2025 con un déficit público del 2,2% del PIB y mejora, por sexto año consecutivo, el objetivo pactado con la Unión Europea. Seis años de mejoras sucesivas. Uno se pregunta, con la curiosidad de quien lleva tiempo mirando estas cifras desde dentro, qué es exactamente lo que hemos mejorado. Porque mientras el saldo mejora, la deuda pública española cerró el ejercicio en el 100,7% del PIB. Y esa cifra no es un desliz coyuntural: es la culminación de treinta años de una regla que, cumplida escrupulosamente, no ha impedido que la deuda se multiplique por más de quince veces en términos nominales.
Conviene decirlo con la honestidad que el lector merece, porque el argumento que sigue no es una demolición gratuita de un instrumento ajeno: este economista aplaudió en su día la introducción de los límites al déficit. Parecía razonable —a muchos todavía se lo parece— que el problema del gasto desbocado fuera, sencillamente, la ausencia de un dispositivo vinculante que lo contuviera. Tratado europeo, pacto de estabilidad, ley orgánica nacional: una vez instalado el candado, la disciplina llegaría por añadidura. Treinta años después, la evidencia empírica obliga a corregir el diagnóstico. Y conviene hacerlo sin dramatismo, porque el error no fue estúpido: fue, simplemente, incompleto.