Todos deberíamos saber a estas alturas de la historia que la prosperidad de una nación no se decreta en el Boletín Oficial del Estado sino que se permite dejando trabajar en libertad, orientando los impuestos a las necesidades reales y asegurando y protegiendo sus fronteras. Sin embargo, el ecosistema legislativo español sufre hoy una hipertrofia ideológica y burocrática que ha convertido al Derecho en un arma de sabotaje masivo contra los españoles.
Lo que sobre el papel se disfraza de progreso o protección, en la práctica actúa como un corsé y en algunos casos como una soga al cuello que asfixia la economía, desarma la seguridad nacional y, de forma perversa, criminaliza al ciudadano que se atreve a señalar que el rey está desnudo. En este preocupante escenario, se constata una asimetría peligrosa: solo se promulgan o se retuercen aquellas leyes que, bajo el amparo de argumentos altamente discutibles, tienden a blindar y reforzar los intereses particulares de la coalición gobernante. Se alteran de forma espuria las reglas del juego democrático e institucional solo cuando conviene a una facción concreta, sacrificando sin titubeos el interés general y las necesidades reales del conjunto de los españoles.