Yo no noto que el enchufe de la joven promesa del periodismo español llamada Rosa María Mateo haya producido cambios en RTVE. Los informativos siguen dirigidos por comisarios politicos de izquierdas, que ensalzan a sus camaradas, y por pelotas que inciensan al Gobierno. Lo mismo que cuando gobernaban Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.
El domingo 12 de agosto pudimos contemplar un ejemplo del marco de izquierdas que desde hace décadas elabora la televisión que pagamos con nuestros impuestos. La UGT conmemoraba el 130º aniversario de su fundación, con asistencia de una ministra (ni recuerdo su nombre ni tengo ganas de buscarlo; aseguro al lector que no es machismo, que si se tratase de un varón me pasaría lo mismo). La televisión de todos emitió un reportaje en que vinculaba a la UGT a la aprobación de leyes de protección al trabajador, cuando tanto el sindicato como el partido al que está vinculado tuvieron muy poco que ver.
Es cierto que el Estado español de finales del siglo XIX no alcanzó ni una industrialización ni una extensión (en educación, servicio militar, alfabetización, impuestos, expansión colonial…) equiparable a la de los regímenes liberales de Francia, Inglaterra, Austria, Bélgica o Alemania; pero también lo es que España no era un país tan atrasado como pretende la historiografía progresista para justificar la violencia de sus mayores.
Y esa no anormalidad de España se observa en las leyes de amparo a las clases trabajadoras, que se empezaron a elaborar a mediados del siglo XIX.
El domingo, día festivo
La primera fue la ley Benot de 24 de julio de 1873 sobre accidentes de trabajo, aprobada durante la caótica I República a instancias del ministro de Fomento Eduardo Benot. Entre otros contenidos, se prohibía el trabajo a los menores de 10 años, se limitaba la jornada para niños de más edad y se establecían los jurados mixtos para vigilar la seguridad en las fábricas, las minas y los talleres.
Ya comenzada la Restauración, el Gobierno de Cánovas del Castillo aprobó la ley de 26 de julio de 1878 sobre el trabajo peligroso de los menores de edad
Siguieron, de nuevo bajo Gobiernos conservadores, la ley de 30 de enero de 1900 sobre accidentes de trabajo, que recibió el nombre de su promotor, Eduardo Dato. También, la ley de 13 de marzo de 1900, para regular el trabajo de mujeres y niños, y sobre todo sus horarios; prohibía el trabajo en domingos y festivos. A continuación, un Real Decreto de 25 de mayo de 1900 obligó a los empresarios a destinar una parte de la jornada a la instrucción de los obreros, sobre todo niños, en escuelas establecidas en los centros de trabajo. El Real Decreto de 26 de junio de 1902 desarrolló la ley de 1900 y limitó la jornada de trabajo a once horas como tope para las mujeres y los niños.
El Gobierno conservador de Francisco Silvela aprobó mediante Real Decreto de 23 de abril de 1903 el Instituto de Reformas Sociales, un organismo con participacion de partidos, expertos (hasta militares), empresarios y sindicalistas, que proponía leyes y reformas sobre el mundo del trabajo. En él entraron por primera vez representantes de la UGT. Lo disolvió la dictadura de Primo de Rivera, que instauró en su lugar la Organización Corporativa Nacional y en la que medró la UGT.
España fue uno de los primeros países (algunos estudiosos dicen que el primero del mundo) en convertir el domingo en día feriado obligatorio, y se hizo mediante otra ley aprobada por las Cortes con mayoría conservadora y con Antonio Maura como presidente del Consejo de Ministros: Ley de 3 de marzo de 1904.
Los magnicidios cometidos por la izquierda
Hasta 1906, los españoles no enviaron ningún diputado socialista a las Cortes. El primero fue Pablo Iglesias, elegido dentro de una coalición del PSOE con los republicanos. Iglesias se hizo conocido por haber amenazado de muerte en su nombre y en el de los socialistas a Maura, en una sesión del Congreso celebrada en julio de 1910. Su aportación a la redención de los trabajadores no alcanzó una notoriedad similar a esta invocación al asesinato de quien, a fin de cuentas, representaba a muchos más españoles que el esmirriado PSOE.
Promovida por un Gobierno liberal, presidido por José Canalejas, se aprobó la ley de la Silla de 27 de febrero de 1912, que obligaba a los patronos a cuidar la salud de las mujeres que trabajaban para ellos. Una de las exigencias era poner a disposición de las empleadas en establecimientos no fabriles una silla para que pudieran descansar; de ahí, el nombre de la ley.
Nótese que, de los cuatro políticos que impulsaron legislación social, tres de ellos, Cánovas, Dato y Canalejas, fueron asesinados por terroristas de izquierdas y el cuarto, Maura, sufrió amenazas y atentados.
La colaboración de la UGT con la Dictadura
Para concluir, apuntamos sólo la colaboración del PSOE y la UGT con la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Tanto el régimen politico como el sindicato obraron juntos para conseguir la anulación de la CNT, sindicato mucho más violento que la UGT. La operación benefició a las izquierdas, pues, cuando cayó la Monarquía, el PSOE y la UGT tenían una estructura de la que carecían sus rivales. Por ejemplo, los ugetistas controlaban Correos hasta el punto de interceptar y descifrar los telegramas que cursaban el Gobierno y la Guardia Civil en los días posteriores a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.
La relación entre la Dictadura y la UGT fue tan profunda que el Gobierno permitió el homenaje multitudinario a Iglesias cuando falleció y colocó a Francisco Largo Caballero, secretario general del sindicato desde 1918, como consejero de Estado, para que le asesorase en la elaboración de la legislación social. Por supuesto, Largo Caballero aceptó el sacrificio de colaborar con una dictadura monárquico-militar-burguesa.
El reportaje de RTVE que comentamos mencionó de pasada la revolución de octubre de 1934, sin explicar que fue un golpe de Estado de la izquierda (PSOE, UGT, PCE y ERC) contra un Gobierno parlamentario de centro-derecha y en el que murieron casi 1.500 personas.
De los atentados cometidos por ugetistas en los años de la República (contra derechistas y falangistas, sí, y también contra anarquistas), del uso de las casas del pueblo como almacenes de armas y lugares de entrenamiento de matones, de las checas, de los atracos a bancos y los robos a particulares, de las subvenciones recibidas en los años 70 de EEUU y de Alemania Federal, de la estafa que fue la cooperativa PSV, de los miles de millones de pesetas abonados por el Estado mediante excusas como la devolución del patrimonio incautado por el franquismo, nada se dijo.
Por fortuna todavía quedamos muchos que nos acordamos de estos hechos, de modo que la prensa seria tiene difícil convertir sus fake news en verdades indiscutidas. Por eso, el Poder tiene que aprobar leyes de memoria histórica y de memoria democrática.