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Callan quienes deben hablar

Es inquietante que, mientras la Iglesia asume las consecuencias de la infiltración de pederastas en su seno, continúen callados en el colectivo LGTBI.

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La abadía de Montserrat | CC /Gyrofrog

El siglo pasado, dos autores franceses homosexuales -uno de ellos posteriormente premiado con el Nobel de Literatura y el otro agraciado con grandes éxitos de ventas- transgredieron tabúes al publicar sendas novelas que giraban en torno a los vicios de la jerarquía eclesiástica: André Gide, con Los sótanos del Vaticano (1914), y Roger Peyrefitte, con Las llaves de San Pedro /1955). Eran altri tempi.

Acusación de hipocresía

Ya no es necesario recurrir a la ficción para explorar terrenos escabrosos. Un periodista igualmente francés, Frédéric Martel, que se jacta de ser gay y de estar bien relacionado con los círculos de la Santa Sede que comparten su tendencia, se asegura la irrupción fulminante en la lista de best sellers con un libro fruto de cuatro años de investigación, aparentemente bien documentado y rico en testimonios, sobre los entresijos de lo que él no se recata en titular: Sodoma. Poder y escándalo (Roca Editorial). Un nombre bíblico que sintetiza el contenido de la obra: la ciudad del Vaticano es hoy, según Martel, una de las mayores comunidades homosexuales del mundo.

Todo muy desmitificador, pero… En primer término habrá que esperar el resultado de las nuevas investigaciones que inevitablemente se sucederán a partir de este escándalo. Y en segundo lugar, comprobar qué relación existe -si existe alguna- entre esta tendencia de una parte del clero y el aluvión de denuncias sobre actos de pederastia perpetrados por sacerdotes. Porque si bien una sobrerrepesentación de homosexuales en la Iglesia implicaría una contradicción con su prédica homófoba (y sexófoba) y justificaría una acusación de hipocresía, los protagonistas de estos actos entre adultos no estarían haciendo nada más que copiar un modelo de relación sexual aceptado por la sociedad laica, sin incurrir en ninguna violación de la ley. Allá ellos con su conciencia si no cumplen sus votos.

Las relaciones consentidas entre adultos están amparadas por la carta de libertades vigente en la mayoría de los países que forman parte de nuestra civilización. Pero se produce un cambio drástico cuando entra en escena un niño. Esta misma civilización repudia los abusos contra menores y el Código Penal los castiga. Y es aquí donde aparece un problema de primera magnitud que la corrección política imperante pretende silenciar. Incluso es peligroso abordarlo, porque existen lobbies poderosos que coartan la libertad de expresión mediante leyes que blindan su modus vivendi contra toda crítica racional, para lo cual cuentan, además, con el aval de la progresía, siempre alérgica a los debates que ponen en tela de juicio sus vaivenes demagógicos.

Coraje admirable

Este es el motivo por el que despertó mi admiración el coraje con que el intelectual católico Daniel Arasa (cuyas creencias religiosas no comparto) puso el dedo en la llaga en el artículo "Pederastia: Roma olvida la causa principal" (LV, 10/3). Arasa denuncia sin pelos en la lengua:

Si en las instituciones de la Iglesia está clara la "determinada determinación", como diría Santa Teresa, de combatir la pederastia y sus consecuencias, debe serlo también la exposición pública y completa de las causas. Hasta ahora no ha sido así. Tampoco en la cumbre [antiabusos contra menores celebrada en el Vaticano del 21 al 24 de febrero].

Un dato objetivo fundamental lleva a una de las claves más importantes: el 80 por ciento de los menores objeto de abuso sexual dentro de la Iglesia eran niños (varones). Esto contrasta radicalmente con el acoso sexual global en la sociedad, en que el acoso a la mujer, también a las niñas, es muchísimo mayor que a los varones. La conclusión es evidente y se expresa en círculos reducidos pero se silencia a nivel público: gran parte de los abusos han sido cometidos por sacerdotes homosexuales. Causa principal de los abusos es la homosexualidad en la Iglesia.

Es un secreto a voces dentro de la jerarquía y entre los expertos, pero predomina lo políticamente correcto, la falta de "amor a toda la verdad". En el fondo, la cobardía. Se teme la reacción del fuerte lobby gay, hoy intocable.

Arasa insiste finalmente en que establecer una relación entre el 80% de abusos contra niños o adolescentes y la homosexualidad "no significa homofobia sino aportar un dato real".

Es inquietante, en este contexto, que mientras la Iglesia asume -ya se verá si con suficiente rigor- las consecuencias de la infiltración de pederastas en su seno, continúen callados y pasivos quienes deberían hablar y actuar desde el colectivo LGTBI contra la ramificación pervertida de su legítima aunque minoritaria opción sexual. Esta entidad, que firma manifiestos de la más diversa índole, incluso a favor de la secesión etnocentrista, podría polemizar con los críticos pertinaces -que se oponen, por ejemplo, a la adopción de niños por parejas gays- si repudiara explícita y públicamente la pederastia y los ultrajes aberrantes que esta conlleva. Asì despejaría las sospechas latentes. Pero guarda silencio.

Seguirán desconfiando

Hubo un periodo, precisamente aquel en que se perpetraron muchos de los delitos ahora denunciados, en el cual la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Niños (Nambla, por su sigla en inglés) formó parte durante diez años, hasta 1994, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, en inglés), integró sus cuerpos directivos y la ayudó a redactar su declaración de principios. En 1993 la ONU aceptó como observadora a ILGA, y Estados Unidos amenazó con retirar su subvención, exigiendo que la ONU garantizara que no proveía "ningún estatus oficial, acreditación o reconocimiento a ninguna organización que promueva, condone o busque la legalización de la pedofilia, esto es, el abuso sexual de los niños". ILGA se vio obligada a romper con NAMBLA y con la análoga Martijn (holandesa, prohibida por el Tribunal Supremo de su país en el 2014), que abogaba por la supresión de la edad de consentimiento y ensalzaba "el amor entre hombres y niños".

La Iglesia no es la única que tiene la obligación de decir toda la verdad, de colaborar con la justicia en el esclarecimiento y castigo de los delitos de pederastia y, sobre todo, de tomar medidas implacables para evitar que se repitan. Las víctimas de los abusos y la sociedad íntegra tienen derecho a exigir que los colectivos LGTBI actúen con la misma franqueza y energía que se le reclama a la Iglesia. Mientras no lo hagan, los críticos pertinaces y muchos observadores neutrales seguirán desconfiando.

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