Es habitual suponer a las leyes educativas un poder del que carecen. Un somero recorrido histórico por las distintas medidas legislativas revela hasta qué punto son, más que ordenamientos jurídicos marcando la dirección de lo legislado, expresión sintomática de realidades ya en marcha. El currículo propuesto en la nueva ley anuncia los objetivos de la Pedagogía oficial, que de un modo más o menos explícito hace tiempo que se están imponiendo en la escuela. Puede resumirse en la represión de cualquier atisbo de criterio objetivo de racionalidad. Dicho de forma escueta, el triunfo onanista de la sentimentalidad autorreferencial y despótica. En un mundo de egos narcisistas alimentados por una educación privatizada, pues priva a los estudiantes de la posibilidad de aprender, sólo sobrevivirán los que tengan la posibilidad de pagar una formación clásica, técnica y científica rigurosa, que tendrán acceso al conocimiento común, universal, público, mientras los escolarizados en la pública quedarán expuestos al limbo privado de la ignorancia desiderativa y los sentimientos particulares, grotesca paradoja de la postmodernidad.
La Lomloe no es, en esencia, nueva ni da el pistoletazo de salida al definitivo amanecer de la nueva escuela que, por fin, acabe con el magisterio tradicional, empeño en el cual la pedagogía oficial lleva insistiendo siglos, fracasando, al parecer, una y otra vez. Ciertos profesores, fósiles asalariados que se resisten a la buena nueva de la liberación pedagógica de los infantes, parecen ser el obstáculo para tan glorioso triunfo. Para tranquilidad de los pedagogos oficiales, esos anacronismos andantes con los dedos aún manchados de tiza están en periodo de extinción laboral. Los monitores de tiempo ocupado en que los docentes han quedado ya convertidos los desbancarán totalmente en breve y para siempre.
Pero tampoco es esta ley el anuncio del apocalipsis educativo y de la desaparición de la enseñanza. Es sólo el último clavo en su ataúd. No hay nada que destruir. La escuela republicana, pública, destinada a combatir la privatización del saber y, por tanto, a hacer llegar las más altas cuotas de conocimiento e independencia al mayor número de ciudadanos posible, sin discriminación social o económica, no existe ya.
Por eso, esta ley tiene evidentes ventajas. Tal vez como nunca antes en la historia reciente, una ley desvela, negro sobre blanco en documento oficial, realidades silenciadas por el ruido mediático y el frenesí del telediario, que saltan cíclicamente a la luz, olvidades el resto del año salvo por los que las sufren directamente y por los pocos ciudadanos comprometidos e interesados. Esas realidades educativas, que se llevan denunciando desde la década de los 90, quedan expuestas en esta ley. El vacío de contenidos, sólo frenado en sus límites más básicos por la resistencia de ciertos docentes, de heroicos alumnos, de familias ejemplares, queda desnudo ahora, una vez vencidos todos los escrúpulos, en la constante referencia a unas competencias, base de la enseñanza, que bajo distintas denominaciones constituyen el pretexto retórico para el vaciado de las asignaturas y su consecuente extinción. La enseñanza por ámbitos y competencias es la constatación oficial del proceso ya consumado de primarizar la etapa secundaria y de secundarizar el bachillerato por adelgazamiento de ciclos y tiempos, haciendo crónica una adolescencia hipnotizada digitalmente. La supresión de calificaciones numéricas en primaria y en secundaria no es nada más que otra victoria de la propaganda antiilustrada y del fetichismo del lenguaje, sin más efecto real que la confusión entre los alumnos, la traducción burocrática de la cifra a la nota cualitativa, que los profesores habrán de hacer, en otra carga administrativa más, que apenas deja tiempo ni energías para preparar clases y formarse, haciendo de ellos notarios sin autoridad. La evidencia, elemental para un alumno de secundaria, de que su nota es expresión del seguimiento diario que de su trabajo escolar ha de hacer su profesor parece inconcebible para las autoridades ministeriales. Afirmar que un número no puede reflejar el rendimiento escolar es menospreciar el trabajo del docente y del alumno que hay detrás de esa calificación y desdeñar u ocultar para el descrédito docente todas las observaciones, instrucciones, correcciones y demás rutinas escolares necesarias para dar una información relevante, clara, precisa y funcional.
Otra medida muy comentada, la promoción y la titulación con suspensos, ya se producía de facto. Este es un claro ejemplo de lo beneficiosa de esta ley, que institucionaliza y reconoce una realidad habitual: la producción indiscriminada de titulados, proceso con el cual el Poder de los Departamentos de Orientación y de la Inspección educativa se imponía ya sobre los jornaleros de la tiza o de la pizarra digital, reducidos a siervos de la gleba pedagógica, oficinistas con el encargo de tramitar titulaciones y entretener a los titulandos, pero sin autoridad, pues la titulación no depende de criterios objetivos y vinculados a las asignaturas, sino emocionales, sobre los cuales la química o la biología quedan mudas ante los expertos de la empatía, la resiliencia y los afectos.
La supresión de la convocatoria extraordinaria y de las recuperaciones es una medida de máxima coherencia. Si no se evalúa con criterios objetivos ni se suspende de hecho, cualquier sistema de recuperación o segunda oportunidad es superfluo. No hay ni siquiera primera oportunidad pues la posibilidad de aprender contenidos académicos se diluye en un magma indiferenciado de subjetividades, deseos y sensibilidades de moda.
La digitalización, que ya lleva tiempo infectando la escuela, desde tiempos prepandémicos, al servicio de los emporios de la imagen, las redes autistas y la realidad virtual, es consagrada nominalmente en la jerga oficial, sin el mínimo escrúpulo de acotarlo a determinado grado de madurez del alumno: "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años". La chatarra digital al alcance de los pobres. Los lujos de los saberes humanos, reservados a la nobleza 2.0.
Estas trazas encajan en una mutación antropológica a gran escala visible en el cierre de un ciclo histórico relativamente breve: el de la escuela pública como institución destinada a difundir el saber entre los ciudadanos, y el del libro, como fuente fundamental de elevación intelectual y humana, como referencia cultural y vital para mayorías. El libro está ya relegado a lo residual para capas muy amplias de la población. La escuela pública de calidad, que no puede concebirse sin aquél, también.
En tal escenario, la burocratización del papel del docente va unida a una aguda pauperización laboral. ¿Por qué pagar a un profesor de cualquier asignatura por una función —acompañar, entretener y firmar actas de titulación— que fuerza de trabajo no cualificada puede desempeñar en condiciones laborales menos exigentes y que, seguramente, esté ya más subjetivamente convencida de las bondades de la pedagogía espectacular y ofrezca menos resistencias a su empobrecimiento laboral y al empobrecimiento escolar de los escolarizados?
Como ya se viene advirtiendo, estamos entrando en una neofeudalización estamental digitalizada, que atomiza a los sujetos cortando los vínculos comunes entre los ciudadanos, con unas Sagradas Escrituras de la verdad revelada de la Agenda 2030, incluidas de manera transversal en todas las asignaturas, pues incluso en matemáticas el profesor no debe ya evaluar el dominio de las ecuaciones de primer grado de los alumnos sino su "competencia" para
"Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables".
En cuanto a la filosofía, asignatura que ha aparecido en titulares de prensa como desterrada de la enseñanza, hay que hacer notar que la filosofía desaparece como asignatura de obligada oferta de la enseñanza secundaria obligatoria, no del sistema educativo, pues, de hecho, vuelve a ser obligatoria en todas las modalidades en segundo de bachillerato. Sin embargo, la propaganda oficial defiende que está integrada en Valores éticos, que es sofística e ideología, lo cual es tanto como decir que medicina está integrada en homeopatía. La filosofía es destrucción de valores, es crítica sistemática de ideologías y sofismas, catecismos y credos. Incluirla en una asignatura irrelevante (una hora a la semana), o convertirla en ese potaje políticamente correcto es una eficaz manera de desactivar su potencia. Sin embargo, se antoja otro maquillaje. El adoctrinamiento es transversal. sin embargo, tal vez ésta sea otra buena noticia de la Lomloe, al menos si se recuerda que la escuela franquista fue una fábrica de legiones de antifranquistas, educados, con discutible éxito, en la Formación del Espíritu Nacional. Además de todo ello, resulta altamente sospechosa la transversalidad en la defensa de la filosofía demostrada por todos, tanto por popes nacionalistas, gurús populistas y sofistas de diferente pelaje, e incluso por los autores de la ley que la ha barrido de secundaria.
Proscrita la sintaxis, la tabla de multiplicar y los principios básicos de la lógica y del principio de realidad, bajo el dogma tiránico de la soberanía subjetiva de los narcisos de la postmodernidad fluida mirándose al espejo del teléfono móvil, como zombis hipnotizados, nada se podrá enseñar, en sentido propio. Y esa orgía de sentimientos en la que podrán hozar los niños de todas las edades los convertirá en déspotas de sí mismos, súbditos, consumidores satisfechos acogidos en macroguarderías, ahítos de una felicidad canalla y servil que genera, en cantidades ingentes, jóvenes desdichados y trastornos psíquicos en masa y a edades cada vez más tempranas.