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La prohibición del lenguaje inclusivo en las aulas desata la guerra cultural en Buenos Aires

Diversos grupos han denunciado la medida de inconstitucional, por considerar que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la identidad.

Diversos grupos han denunciado la medida de inconstitucional, por considerar que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la identidad.
Un aula vacia. | Feliphe Schiarolli

La prohibición del lenguaje inclusivo en las aulas porteñas va encaminada a "simplificar la forma en que los chicos aprenden", según explicó hace unos días el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Su gobierno está seriamente preocupado por los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en la asignatura de Lengua, ya que, desde 2019, ha habido un incremento del 64% de alumnos que se han mostrado incapaces de resolver actividades sobre textos breves con lenguaje sencillo. "En la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente; no podemos perder un día más", resumió él en una rueda de prensa.

Su resolución señala que los docentes, a partir de ahora, "deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza". Y de esa forma ha quedado prohibido el uso de "e" para marcar el plural o el género no binario, así como la escritura de la "x" o del signo "@". Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, explicó que "no se trata de una caza de brujas", sino de "enseñar para que los chicos aprendan". "Sabemos que el lenguaje va mutando y no somos ajenos a eso, pero ese tipo de distorsiones generan dificultad para aprender las reglas gramaticales y básicas de la lengua. Es algo que venimos trabajando con especialistas y si bien no hay evidencia porque aún todo es muy nuevo, coincidimos en que va en contra del aprendizaje. Nosotros tenemos la obligación de enseñar el uso correcto de la lengua. Después los chicos son personas libres y pueden adecuarlo como crean conveniente", sentenció.

La medida ha levantado una polvareda política de gran magnitud, enfrentando al gobierno de centroderecha de Rodríguez Larreta con el peronista de Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina. Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación, por ejemplo, se pronunció rápidamente diciendo que "es necesario mejorar, pero no prohibiendo". Y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, siguió la misma línea al asegurar que "las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición". A ellos se han sumado ciertos grupos de docentes y de activistas de género, que catalogan las medidas de inconstitucionales. La Unión de Trabajadores Estatales (UTE), sin ir más lejos, ha difundido un comunicado en el que considera que la medida "despliega nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad". Pero Acuña, nuevamente, respondió que el gobierno de Rodríguez Larreta no tiene que pedirle "permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia educativa". "Tomamos decisiones sobre evidencias y consultando a especialistas".

El último episodio se ha abierto paso hasta los tribunales, ya que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) inició la semana pasada un amparo colectivo para declarar inconstitucional la prohibición, argumentando que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la identidad. "Les estudiantes de la Ciudad tienen derecho a aprender en la pluralidad, a saber que el lenguaje inclusivo es una posibilidad para visibilizar otras identidades y que pone en práctica la legislación en relación a género y diversidad más avanzada del mundo. Algunas personas pueden no compartirlo, no estar de acuerdo, o no sentirse cómodas utilizándolo, y nadie pretende obligarlas a usar el lenguaje inclusivo. Como tampoco la Ministra, ni ningune funcionarie, puede imponer su forma de pensar sobre el resto de la población prohibiendo una forma de comunicación que solo aporta a visibilizar a la diversidad", explicaron desde la formación en un comunicado escrito en lenguaje inclusivo. La jueza encargada del expediente, por ahora, ha abierto una convocatoria de diez días para que todo el que lo desee pueda opinar y participar en la causa.

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