Este 24 de octubre el Gobierno ha enviado una carta al Hermano Mayor de la Hermandad de La Macarena para que proceda, "a la mayor brevedad posible", a la exhumación y posterior traslado de los restos de los generales Gonzalo Queipo de Llano "responsable de la represión en Andalucía" y de Francisco Bohórquez Vecina "auditor de la guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra". "Es obligado poner fin a esta situación", indica el texto. Ambos reposan desde el año 1951 en la Basílica de la Esperanza Macarena en Sevilla.
En la misiva, el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, alega que hace esta petición al objeto de cumplir con la nueva Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el pasado viernes tras su publicación en el BOE. Así empieza la comunicación,
"Según consta en el preámbulo, esta nueva norma pretende cerrar una deuda con la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político"
Se recuerda que la nueva norma establece que
"Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura".
Si el lugar es privado o religioso se apunta que "las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos". Y añade que,
"Durante los últimos años, la paradoja que supone esta presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración ha sido objeto de un amplio debate social, del que se han hecho eco numerosos medios informativos y publicaciones nacionales e internacionales".
Por ello, reclama al Hermano de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, José Antonio Fernández, que ponga fin a esta situación "como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares" y facilite "al máximo" y "a la mayor brevedad posible" la realización de los trámites necesarios para la exhumación y traslado de los restos de Queipo de Llano y de Bohórquez Vecina.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, que comparó la cruz del Valle de los Caídos con Auschwitz, expone que la ley incluye
"el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978".
Precisamente estos colectivos fueron masacrados por las milicias rojas en la retaguardia de la guerra en Madrid.
En la misma situación está José Antonio Primo de Rivera, en un lugar definido como "preeminente" por la nueva ley, en el Valle de los Caídos. En este caso los familiares se han adelantado al gobierno y han anunciado que lo sacarán por voluntad propia. José Antonio iba a ser trasladado a una fosa común del mismo lugar.
éste es sólo el principio, y se advierte que
En este mandato se inscriben también las previsiones relativas a símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática, es decir, aquellos que exaltan, personal o colectivamente, la sublevación militar y la dictadura franquista, a sus dirigentes a los participantes en el sistema represivo o a las organizaciones que sustentaron el régimen posterior a la guerra.
En el ojo de mira del gobierno está la Hermandad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos o la Fundación Francisco Franco.