La tramitación en la Asamblea de Madrid del proyecto de ley de Patrimonio Cultural aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es una apuesta clara por la conservación del legado histórico y artístico de nuestra región, protegiéndolo también contra el uso político que en los últimos años se ha dado al mismo.
Un uso sectario, acomodado a visiones interesadas del pasado dirigidas a dominar el presente, que ha convertido torticeramente el patrimonio de todos en un campo de batalla ideológico. De ese presentismo de quienes se alzan en jueces parciales de la Historia, con su panoplia de sentencias inapelables, hemos visto muchos ejemplos en el mundo entero, también en España.
La futura Ley de Patrimonio Cultural, para cuya elaboración se han tenido en cuenta las observaciones del principal órgano consultivo en la materia, el Consejo Regional de Patrimonio Histórico, así como de las principales asociaciones del sector, devuelve a su cauce la práctica legislativa, que no puede tener otra mira que perseguir el interés general.
Escandalosos ejemplos de lo contrario, leyes partidistas al servicio no del bien común, sino de las obsesiones ideológicas de sus promotores, estamos viendo en estos días con todos sus efectos aberrantes para las víctimas más vulnerables de nuestra sociedad.
Por eso es tan importante destacar un proyecto de ley que mantiene el prestigio de la labor legislativa como es el de Patrimonio Cultural presentado por el Gobierno autonómico madrileño. Se trata de un norma avanzada, rigurosa y detallada sobre el conjunto de los bienes culturales y patrimoniales, que en España no son sólo testimonio de nuestro rico pasado, sino una fuente de oportunidades de creación de riqueza y empleo.
La madrileña se convertirá en la más moderna de cuantas leyes autonómicas se dedican a proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural. Las más recientes son las de País Vasco y Canarias, aprobadas en 2019, seguida de la de Galicia, del 2016. Respecto de las leyes de otras regiones, la diferencia temporal es de 29 años, caso de la de Cataluña, o de 24, como las de Baleares o Valencia.
Las disposiciones del nuevo texto amplían y profundizan las garantías de protección y conservación del patrimonio cultural, sin renunciar a su función dinamizadora de la economía y el empleo. Asimismo, ordena las competencias de la Comunidad de Madrid, de los Ayuntamientos y de los órganos consultivos.
El papel de los Ayuntamientos
En cuanto al papel de los Ayuntamientos en la salvaguarda del patrimonio cultural, se incorporan como tercer nivel de protección, junto a los BIC y los BIP, los catálogos de bienes y espacios protegidos de los Ayuntamientos.
También es clave la inclusión de nuevas categorías de bienes inmuebles -Sitio Industrial, Sitio Etnográfico e Itinerario Cultural-, así como la atención a los llamados nuevos patrimonios: inmaterial, industrial, científico y tecnológico, y etnográfico.
Es en este último patrimonio, en el que se reconocen expresamente como bienes a proteger los de la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, como testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales.
Nadie entendería que entre los bienes a proteger de nuestro patrimonio cultural no se incluyera el símbolo cristiano por excelencia, como expresión de unas creencias tan enraizadas en nuestra cultura e identidad de tal forma que éstas no se entienden sin ellas. Salvaguardar este símbolo contra el uso político y contra las actuaciones iconoclastas que hemos visto en los últimos años, movidas por el odio sectario contra la libertad religiosa, es también proteger lo más valioso de nuestra cultura.
La legislación madrileña se acomoda con ello también a los principios internacionales de conservación, uno de los cuales, fundamental, es que la herencia cultural de cada uno es el patrimonio cultural de todos. Y como tal, según la declaración de la UNESCO de 2003, es deber de todos, empezando por los poderes públicos, evitar y perseguir cualquier acto que persiga la destrucción total o parcial del patrimonio cultural y ponga así en peligro su integridad.