La Audiencia Nacional ha acordado admitir a trámite el recurso interpuesto por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) contra la resolución del Gobierno de Pedro Sánchez que insta su extinción definitiva, según ha comunicado este martes la entidad. De esta manera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo analizará las alegaciones de la Fundación Franco, que busca evitar su disolución y denuncia las "irregularidades" del texto del Ejecutivo.
El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, presentó el pasado 14 de abril —coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la II República— una resolución para poner fin al proceso administrativo que permite solicitar formalmente ante la justicia la desaparición "definitiva" de la Fundación.
Ernest Urtasun denunció que la Fundación "no cumple fines de interés general" y desarrolla actividades y mensajes que suponen "el menosprecio y humillación" a las víctimas del franquismo. Estas afirmaciones contrastan fuertemente con la posición del Ejecutivo socialista con las fundaciones de Largo Caballero y Sabino Arana, ambas financiadas por el Gobierno.
Ante esta resolución, la Fundación Francisco Franco ha comunicado este martes que ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en el que defiende que el expediente administrativo llevado a cabo por el Ejecutivo está "lleno de irregularidades".
"Resolución que vulnera derechos"
La Fundación ha denunciado que dicha resolución "vulnera derechos y garantías constitucionales esenciales, así como diversos principios y normas del ordenamiento jurídico español". Asimismo, ha argumentado que la FNFF es una organización "legalmente constituida" cuya actividad es "divulgativa", al tiempo que ha apelado a la libertad de expresión. A juicio de la Fundación, "la actuación ministerial se fundamenta en una interpretación ideológica, parcial y excluyente de la historia de España, incompatible con una sociedad democrática basada en el pluralismo político e intelectual".
Además, sostienen que "la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de investigación histórica, la libertad de cátedra, la libertad de asociación y el derecho de reunión constituyen pilares esenciales del Estado de Derecho que deben ser protegidos para todos los ciudadanos con independencia de sus opiniones o interpretaciones históricas. El Gobierno no lo hace; y por ello la Fundación acude al Poder Judicial, independiente".
La Fundación recuerda que "el debate sobre la historia de España no puede resolverse mediante la censura, la proscripción de ideas o la eliminación de entidades legalmente constituidas, sino mediante el libre intercambio de opiniones, investigaciones y argumentos en el marco de una sociedad abierta y plural". Asimismo, la Fundación "defiende el derecho de cualquier español, ya sea persona física, asociación, fundación o partido político, a expresar libremente sus convicciones y análisis históricos dentro de los límites establecidos por la ley —sin odio ni humillación ni vejación a nadie—, sin que pueda imponerse una versión oficial única de los acontecimientos históricos".
"Se evitó un régimen comunista"
En lo que a la perspectiva histórica se refiere, la entidad explica que "el levantamiento popular del Alzamiento Nacional constituyó una respuesta a un proceso revolucionario que amenazaba la continuidad de España como nación libre y soberana, evitando su sometimiento a modelos totalitarios inspirados en el comunismo soviético". Del mismo modo, la Fundación mantiene que "el régimen surgido tras la Guerra Civil proporcionó a España un largo periodo de estabilidad, paz interior, desarrollo económico y progreso social, que culminó con su plena integración en la comunidad internacional y con el reconocimiento diplomático por parte de los países democráticos no comunistas".
"La admisión a trámite del recurso constituye un paso relevante para garantizar el control jurisdiccional de la actuación administrativa —sin que el poder quede inmune al mismo— y para asegurar que cualquier medida que afecte al ejercicio de derechos fundamentales sea sometida al debido escrutinio judicial", insisten desde la Fundación.