La larga espera en el Monasterio de Sijena ha sido infructuosa para Aragón, puesto que la Generalidad de Cataluña ha desobedecido la sentencia de la juez de Huesca que ordenaba la devolución a este cenobio, como máximo hasta las 22.00 horas de este lunes, de 44 piezas de arte almacenadas en el Museo de Lérida.
La titular del juzgado de Instrucción 1 de Huesca, Carmen Aznar, dictó hace unas semanas una sentencia en la que ordenaba a la Generalidad la devolución de estas piezas antes de las 22.00 horas de este lunes.
Desde las 8.00 horas responsables políticos y técnicos del Gobierno de Aragón y de este consistorio oscense han esperado, en vano, el retorno de los 44 bienes, que permanecen en el Museo Diocesano de Lérida, la mayoría sin exponer, y que se sumarían a los 51 que el Gobierno catalán ya envió en julio pasado desde el Museo Nacional de Arte (MNAC) de Barcelona, también por orden judicial.
Agotado el plazo, el "sentido común" hace pensar al abogado de la localidad, Jorge Español, que la recuperación de las obras no se producirá hasta septiembre, dado que agosto es un mes inhábil judicialmente, según ha recordado en declaraciones a los medios en el propio monasterio, donde ya está todo preparado para el retorno.
Español ha confesado a EFE que es "un misterio" la decisión que pueda tomar a partir de ahora la magistrada, que "motu proprio" podría considerar que se trata de una diligencia urgente y ordenar la entrada en el Museo de Lérida de la brigada de Patrimonio de la Policía Judicial para que se incautara de las 44 piezas, a pesar de que agosto es un mes inhábil para este tipo de procesos, aunque lo más probable es que el asunto quede pendiente hasta septiembre, ha reconocido.
Sin embargo, según Español, la jueza sí que debería deducir testimonio mañana ante el Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de apropiación indebida.
Delitos en los que podrían incurrir Santi Vila y Lluis Puig -anterior y actual consejero de Cultura de la Generalitat, respectivamente- con penas máximas de seis años de prisión, por dejar de cumplir un mandato judicial del que, ha recordado Español, han sido advertidos por la juez.