La nueva Ley Audiovisual pretende regular toda la comunicación audiovisual, tanto la cinematográfica como las plataformas. A los debates sobre la obligatoriedad de que las plataformas como Netflix o HBO cuenten con un porcentaje de su catálogo en catalán, gallego o vasco, exigencia de ERC para apoyar los PGE de Pedro Sánchez, o la cuota de producción hecha por mujeres, se sumó a última hora la de los productores independientes, que puede cambiar todo el panorama industrial de España favoreciendo aún más al duopolio de Antena 3 y Telecinco.
"El gobierno socialista introdujo una enmienda con traición, alevosía y nocturnidad en la que convierte de facto en productores independientes a las empresas dependientes de los canales de TV privados", asegura para Libertad Digital Jordi B. Oliva, presidente PROA (Federación de Productores Independientes). Actualmente por ley los canales de TV privados tienen que invertir en ficción española el 5% de sus ingresos, un 6% en el caso de las TV públicas.
Los dos grandes conglomerados televisivos, Atresmedia y Mediaset, cuentan con productoras cinematográficas propias, como es el caso de Atresmedia Cine o Telecinco Cinema. Empresas que hasta ahora eran consideradas como dependientes. Sin embargo, con la enmienda introducida por el PSOE la semana pasada "cuando trabajen para un tercero pasarán a ser técnicamente independientes".
Una alianza entre Antena 3 y Telecinco para producirse el uno al otro sus películas es improbable. Pero la obligación de invertir el 5% de los ingresos no sólo afecta a los canales de TV tradicionales, sino también a las plataformas de streaming, y es ahí donde está una de las claves. De esta forma, desde PROA ven muy factible alianzas a medio plazo entre empresas como Telecinco y Netflix, por poner un ejemplo, para que se produzcan mutuamente a través de sus productoras, ahora consideradas independientes, acogiéndose a ese 5% obligatorio de la ley.
"Cuando Buendía Estudios trabaja para Antena 3 es dependiente, porque es suya, cuando trabaje para otro se van a beneficiar del 5% de la obligatoriedad de inversión de las plataformas". Así habrá, en su opinión, "una polarización entre las grandes empresas dependientes de las corporaciones televisivas y las pequeñas empresas independientes, se va a duopolarizar el lenguaje y la creación editorial en donde los pequeños tenderemos a la desaparición".
Si desaparecen los creadores independientes "al final toda la parrilla de programación de las cadenas va a estar en manos de los mismos, desde los informativos a las películas y series, los mensajes van a ser monolíticos y tenderemos al pensamiento único".
"Lo importante es la foto"
Jordi B. Oliva explica a Libertad Digital cómo han sido las negociaciones con el Gobierno, "nos ha escuchado pero no nos ha hecho caso". Al principio de los trámites "nos reunimos con los ministerios de Economía y Cultura" pero una vez que la semana pasada se produce la enmienda del PSOE "volvimos a solicitar reunirnos con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y aún ni nos ha contestado". Sin embargo, Iceta estuvo este jueves "en Cannes para hacerse la foto con los productores independientes porque parece ser que es más importante la foto que sentarse a negociar y hablar con nosotros".
En cuanto a la posición de Unidas Podemos asegura que "han estado muy sensibles a nuestras demandas, la enmienda que presentaron hubiera revertido la ley del PSOE". Sin embargo después de muchas buenas palabras y sensibilidad con el cine español lo cierto es que Podemos se abstuvo en la votación final en la que salió aprobada la Ley Audiovisual pese a no haberse incluído su enmienda. Jordi B. Oliva se limita a asegurar al respecto que "visto que con la aritmética parlamentaria con la abstención del PP la ley pasaba, entiendo que por motivos internos no quisieron votar en contra y se abstuvieron, no sé en qué momento se toma esta decisión estratégica de abstenerse".
Estrategia o no, lo cierto es que Podemos, que junto con el PSOE siempre han alardeado de favorecer al cine español, no ha votado en contra. ¿De qué sirve estar entonces en el Gobierno? Curiosamente fue un gobierno del PP, con José María Aznar, a la cabeza el que obligó en 1999 a los operadores privados y públicos a invertir el 5% de sus ingresos en cine español. Medida que nunca le han agradecido, todo lo contrario.
Si la ley no es corregida en el Senado y finalmente entra en vigor tal y como está, ¿veremos en la próxima gala de los Premios Goya al cine español clamar contra el PSOE y Podemos? ¿O callarán porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han vuelto a ir a hacerse la foto?