Después de los Acuerdos de Evian (1962) por los que el Gobierno de De Gaulle pactaba con el FLN socialista el alto el fuego en Argelia, sólo Portugal se empeñaba en mantener en África sus colonias, mientras que los demás países europeos habían ido concediendo la independencia (real o ficticia) a las suyas. España tenía unos pocos territorios. Ya en 1956 se había retirado del protectorado de Marruecos y en los años siguientes concedió la independencia a Guinea Ecuatorial (1968) y reintegró Ifni a Marruecos (1969). Sobre la ola descolonizadora, Madrid obtuvo la victoria de que la ONU declarase como colonia a Gibraltar y estableciese su reintegración a España, rechazando el derecho de autodeterminación del inexistente pueblo gibraltareño.
Sólo quedaba el Sáhara Occidental, un territorio desértico de casi 270.000 kilómetros cuadrados, con una población nativa muy pequeña y donde las únicas riquezas eran la pesca, realizada sobre todo por canarios, y los fosfatos, que se comenzaron a explotar a finales de los años 60. En 1958, un decreto emanado del Ministerio de la Presidencia, dirigido por Luis Carrero Blanco, había elevado el Sáhara e Ifni a la condición de provincias españolas para tratar de esquivar las directrices de la ONU.
En 1963, el Comité Especial de Descolonización de la ONU incluyó al Sáhara en la lista de territorios a descolonizar; pero mientras tanto, el Sáhara seguía siendo legalmente provincia española y sus naturales disponían de DNI que les reconocía como ciudadanos españoles. En 1973, en una carta dirigida a la Yemaa (asamblea general saharaui creada en 1967), el general Franco reconocía al pueblo saharaui como "el único dueño de sus destinos" y de sus riquezas, y se comprometía a mantener la unidad territorial y a aprobar un estatuto de autonomía. El régimen cometió el error de apoyarse en los ancianos para controlar la descolonización, pensando en que éstos harían obedecer a los jóvenes; también cayó en la contradicción de promover la fundación de un partido, el PUNS, cuando tal cosa era delito en la España metropolitana. En mayo de ese mismo año nació el Frente Polisario, movimiento de lucha armada con una ideología independentista y socialista.
Pero entonces coincidieron dos factores que bloquearon el proceso. El primero, la inestabilidad política en Marruecos. El rey Hassán II había sufrido dos intentos de golpe de Estado, en 1971 y 1972, y para sobrevivir frente a los militares republicanos y panarabistas recuperó los planes expansionistas del partido Istiqlal, adoptados por su padre, Mohamed V, en la independencia. De acuerdo con este sueño imperialista, el Gran Marruecos abarcaría la integridad del Sáhara Español y de Mauritania hasta el río Senegal, el norte de Mali y el oeste de Argelia.
"No nos interesa que España esté en África"
En octubre de 1973, seguramente por primera vez, el secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger conocía la existencia del Sáhara español: el ministro de Asuntos Exteriores marroquí le planteaba sus quejas por la próxima independencia del territorio y le advertía de que podía caer bajo el influjo de Argelia y la URSS. A partir de aquí, Rabat repartió las cartas y Washington y Madrid siguieron su juego.
Y el segundo factor fue el declive de Franco. Aunque el Gobierno español no aprobó el estatuto debido al deterioro del caudillo, en agosto de 1974 comunicó a la ONU que celebraría el habitual referéndum de autodeterminación en el primer semestre de 1975. En consecuencia, entre septiembre y diciembre se realizó el censo de la población informatizado (casi 75.000 nativos) y que todavía sirve para conocer quiénes tendrían derecho a voto en un referéndum y sus descendientes.
Una pequeña victoria marroquí fue el sometimiento del litigio al Tribunal de Justicia de La Haya, a lo que se oponía España, con lo que se paralizaba el referéndum.
El 9 de noviembre de 1974, Kissinger se reunió en la base de Torrejón con el presidente español, Carlos Arias Navarro, y el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, a los que acució para que entregasen el Sáhara al soberano marroquí. Según el diplomático Luis Guillermo Perinat (Recuerdos de una vida itinerante), Kissinger dijo: "Qué más les da a ustedes. Hassán lo desea tanto…" y Cortina respondió: "No podemos tratar a los saharauis como si fueran una piara de camellos". Un mes antes, Kissinger había dicho al dictador argelino Boumedián: "no nos interesa que España esté en África" (Charles Powell, en El amigo americano).
Para atraerse a EEUU, Hassán llegó a ofrecer a Kissinger bases permanentes en Marruecos, incluso "una pequeña Rota", lo que rechazó Washington a principios de 1975 por miedo a las protestas españolas. 1975 era el año en que debía negociarse la renovación del Convenio de Amistad y Cooperación entre EEUU y España.
Las tropas españolas, preparadas y entrenadas
A lo largo de 1975, se produjeron atentados terroristas del Polisario y de infiltrados marroquíes contra los españoles, así como escaramuzas entre unidades españolas y bandas de saharauis y marroquíes. El hecho más sangriento fue la muerte en junio de cinco militares españoles al pisar su jeep una mina.
El 3 de octubre, el director de la CIA informó a Kissinger de que Hassán invadiría el Sáhara en el curso de las tres semanas siguientes. En la provincia española había más de 16.700 uniformados, cuya preparación calificó así la inteligencia de EEUU: tropas "bien equipadas y entrenadas, en comparación con el Ejército marroquí". La CIA advertía que una guerra podía provocar la caída del rey alauita y una crisis política en España.
El 16 de octubre de 1975, con Franco ya al principio de su enfermedad terminal, el Tribunal de La Haya comunicó su dictamen, que sentenciaba que nunca hubo vínculos de soberanía territorial entre tribus saharuis y el reino de Marruecos. Hassán hizo un movimiento genial: por radio y televisión aseguró que el Tribunal daba la razón a Marruecos y convocaba una marcha verde para posesionarse del territorio. Los preparativos para desplazar a docenas de miles de personas al desierto (se reunieron 350.000 marroquíes) se habían realizado con la colaboración de personalidades poderosas de EEUU y Arabia Saudí por medio de una consultora de servicios estratégicos sita en Londres y sin que los servicios de inteligencia españoles se enterasen.
El 17 de octubre Franco presidió su último Consejo de Ministros, donde afirmó que se debía defender el Sáhara incluso militarmente. Al día siguiente, el Alto Estado Mayor, presidido por el teniente general Carlos Fernández Vallespín, transmitió la orden, procedente de Presidencia, de preparar la evacuación de la provincia para el 10 de noviembre.
Un Gobierno dirigido por entreguerristas
El Gobierno español estaba partido. Arias, Antonio Carro, su ministro de Presidencia, José Solís y el Alto Estado Mayor eran partidarios de salir con el mayor disimulo posible. El ministro Cortina y el embajador español en la ONU, Jaime de Piniés, pretendían cumplir los compromisos internacionales y los mandos y la tropa destacados en el Sáhara estaban deseosos de enfrentarse a los marroquíes.
El 21 de octubre, Arias envió a negociar a José Solís, ministro-secretario general del Movimiento, el partido único, en vez de a Cortina, porque éste era partidario de la independencia del Sáhara, mientras que el primero, que era administrador de las inversiones del rey Hassán en España, propugnaba un acuerdo. El 25 de octubre, el Boletin Oficial de las Cortes publicó el proyecto de ley de descolonización del Sáhara remitido por el Gobierno.
El 2 de noviembre, el príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones desde el 30 de octubre, se presentó en El Aaiún para apoyar a las tropas. El 6, la marcha verde penetró en la zona del Sáhara que había sido desminada por un acuerdo entre Madrid y Rabat, pero el 7 Hassán anunció que el avance de sus súbditos proseguiría. Arias envió esta vez a Carro a negociar en Agadir con el sultán, quien impuso sus condiciones. El 9, Hassán ordenó el regreso de los marroquíes.
Una mentira legal firmada por Juan Carlos
El 12 comenzaron las negociaciones en Madrid entre los delegados de España, Marruecos y Mauritania para la transferencia de soberanía (lo que es ilegal para un caso de descolonización), que acabaron el 13. El 18, cuando ya se había decidido la entrega del Sáhara a marroquíes y mauritanos sin informar a los españoles, el pleno de las Cortes examinó la Ley de Descolonización. Votaron 354 procuradores a favor y sólo cuatro en contra; hubo más de un centenar de ausentes, entre ellos los procuradores canarios.
La ley, que fue la última de las aprobadas en el franquismo aunque lleva la firma del príncipe Juan Carlos, se publicó en el BOE el 20 de noviembre. La norma establecía como verdad legal una mentira histórica: el Sáhara "nunca ha formado parte del territorio nacional".
La evacuación del Sáhara concluyó, no sin incidentes, el 28 de febrero de 1976. Marruecos, primero con la colaboración de Mauritania y desde 1979, en que ésta se retiró del tercio del territorio que había ocupado, en solitario (con ayuda de EEUU, Francia, Arabia Saudí…), comenzó una guerra de exterminio de los saharauis. Éstos, sólo con el respaldo de Argelia, resultaron ser mucho más duros de lo que Madrid y Rabat esperaban. En 1991 se llegó a un alto el fuego, pero el referéndum todavía no se ha celebrado y los saharauis, pese a la represión, se niegan a aceptar la asimilación.
España siempre cede ante Marruecos
España sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental, pero el único gobernante español que no ha considerado a Marruecos "el vecino amable del sur" y ha defendido el referéndum fue José María Aznar. También es el único gobernante que ha sufrido un atentado terrorista con la participación de marroquíes.
Visto este comportamiento del Gobierno y de la cúpula militar sorprende que haya historiadores y periodistas que sostengan que Arias estaba dispuesto "a ir a la guerra" contra el Portugal de los revolucionarios.
La decisión de abandonar la provincia del Sáhara y a los saharauis fue estrictamente política. El agonizante régimen franquista y Washington no querían que, de ninguna manera, la crisis desembocara en una guerra, por pequeña y limitada que fuera, entre dos países pro-occidentales y en una zona caliente como el estrecho de Gibraltar. Al Gobierno del presidente Ford, el Congreso le negó fondos para oponerse a la caída de Angola bajo la influencia de la URSS. Si se producía la guerra, para la que España estaba preparada, pese a los informes contrarios del Alto Estado Mayor, y vencían los militares españoles, podían provocar la caída de la monarquía alauí. Además, el Ejército, prestigiado, podía tutelar la transición.
El abandono tuvo grandes consecuencias en España. Las dos instituciones que iban a ser las guardianas del posfranquismo, las Cortes y el Ejército, demostraron que se someterían a la voluntad del Ejecutivo (el Rey y su Gobierno), como se corroboró en los años siguientes. Los gobernantes españoles engañaron al pueblo para violar las leyes internas e internacionales y olvidarse de sus compromisos.
Y por último, se exhibió ante Marruecos una debilidad que ha animado a la monarquía alauí a atacar a España cada vez que necesita un monigote al que zumbar y a montar un lobby pro-marroquí que manipule la sociedad y el Estado. De los países a costa de los cuales quiere expandirse Marruecos, el único que siempre cede es España.