Todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros, reza la cita célebre de la novela de George Orwell. Y es así: a algunos las leyes, las sentencias judiciales y las inspecciones de Hacienda no se les aplican, como demuestra la familia Pujol-Ferrusola. Los Borbones también han gozado de ese privilegio de la inmunidad legal y la impunidad real, incluso cuando no ocupaban la jefatura del Estado español.
El dictador portugués Oliveira de Salazar, que acogió en Estoril al infante Juan de Borbón y Battenberg y a su familia, hizo que no se investigase el homicidio de su hijo menor Alfonso a manos de su otro hijo, Juan Carlos, que ya estaba en España estudiando. La muerte ocurrió el Jueves Santo de 1956, en Villa Giralda, debido a una bala que salió de una pistola con la que jugueteaba Juan Carlos, que unos meses antes había ingresado en la Academia Militar de Zaragoza y, por tanto, conocía el manejo —y el peligro— de las armas de fuego.
Cánovas y Franco protegieron a los Borbones
Los propios juanistas cuentan que el padre arrojó la pistola al mar, en vez de entregarla a la Policía portuguesa; no consta que se le sancionase o procesase por la destrucción de la prueba fundamental en un caso de homicidio. En España, el general Franco ordenó que la prensa difundiese la versión monárquica de que había sido un accidente: la pistola se le disparó a Juan Carlos, de 18 años de edad, mientras la limpiaba y la bala alcanzó al desdichado Alfonso, de 15 años. Al muchacho tampoco se le hizo autopsia.
Los Borbones en el Tribunal Supremo
Sólo unas décadas antes, y con la familia Borbón reinando en España, bajo el Estado liberal se vio en el Tribunal Supremo un pleito de dos jóvenes que sostenían que eran hijos del rey Alfonso XII (que reinó entre 1874 y 1885), quien los había engendrado con una de sus amantes, la cantante Elena Sanz. Los niños, llamados Alfonso y Fernando, habían nacido en 1880 y 1881, cuando el rey ya estaba casado con la archiduquesa María Cristina de Habsburgo-Lorena, y antes de que ésta diese a luz el 17 de mayo de 1886 a Alfonso XIII.
Los amoríos de Alfonso XII eran tan conocidos que el embajador francés envió algunos informes al respecto a París. Y aunque el conservador Cánovas del Castillo trataba de cortarle las alas al joven rey (expulsó de España a una de las amantes más indiscretas: Adela Borghi), el liberal y masón Sagasta le dejaba hacer a éste, manera sencilla de ganarse el aprecio de Palacio.
Ricardo de la Cierva, que estudió este romance en uno de sus mejores libros, La otra vida de Alfonso XII, afirma que el rey retiró a la cantante y le pasó una pensión de más de 60.000 pesetas anuales, cantidad que era inferior a la que ella ganaba. Pero al morir Alfonso XII a los 28 años de edad del agravamiento de una tuberculosis, la pensión se suspendió, seguramente por orden de la viuda, que quedaba como reina regente. Además, el Borbón no legó nada en su testamento a su amante.
Elena necesitaba dinero para mantener su tren de vida y a sus tres hijos (tenía otro mayor de una relación anterior). Nada tonta, para negociar con la Casa Real recurrió a Nicolás Salmerón, que había sido presidente de la I República. Sanz tenía 110 cartas de puño y letra de Alfonso de Borbón en las que quedaba claro, según Salmerón, que él era el padre de los dos niños.
El intendente de la Real Casa, Fermín Abella, llegó a un acuerdo con Salmerón. En 1886, doña Elena recibió 750.000 pesetas, cantidad que De la Cierva calcula que equivaldría a 1.500 millones de pesetas del año 2000 (más de nueve millones de euros). De esa suma, 500.000 pesetas se destinaron a un fondo en París para sus hijos, que recibirían al llegar a la mayoría de edad.
Primera demanda, retirada por dinero
El administrador del fondo, el banquero Prudencio Ibáñez Vega, realizó operaciones financieras que resultaron ruinosas. Además, tanto Elena Sanz como sus hijos eran derrochadores. En 1903, los hermanos Alfonso y Fernando Sanz, que vivían en París, estaban arruinados y demandaron por estafa a Ibáñez Vega. El intendente de la Real Casa, el marqués de Borja, hijo de Abella
"no reaccionaba ante las reclamaciones paralelas que se le dirigían, no explicaba nada."
De todas maneras, hubo un acuerdo: los hermanos Sanz retiraron la demanda a cambio de 300.000 francos. Pero de esta cantidad sólo cobraron 72.000, ya que los otros correspondían a acciones sin valor.
En 1906, Salmerón, "indignado por el giro que va tomando el asunto, sugiere a los hermanos Sanz que interpongan una demanda en España ante el Tribunal Supremo", en la que reclaman: su reconocimiento como hijos de Alfonso XII, el uso del apellido Borbón y la concesión de las rentas pertinentes a su nueva posición.
La reina madre María Cristina y el rey Alfonso XIII, que había sido proclamado como tal en 1902, se negaron a ningún nuevo acuerdo y aceptaron que se abriese juicio en el Tribunal Supremo. Por consejo de Salmerón, los Sanz contrataron como abogado a otro político republicano: Melquíades Álvarez (asesinado por las izquierdas en 1936), que pese a su juventud era apodado como Pico de Oro debido a su oratoria.
En la primavera de 1907, la sala primera del Tribunal Supremo convocó a las partes: Alfonso Sanz en su nombre y en el de su hermano contra el marqués de Borja, que representaba a la reina madre María Cristina, al rey Alfonso XIII y al resto de la familia real.
La defensa legal de los Borbones estuvo supervisada por el abogado Eugenio Montero Ríos, cacique gallego que había pasado del republicanismo, de ser ministro a las órdenes de Juan Prim y Amadeo I, a convertirse en uno de los pilares de la Restauración en el Partido Liberal (el preferido de Palacio en perjuicio del Conservador).
Las Leyes de Toro y las Partidas, por encima de la Constitución
El letrado de la parte demandada empleó tres curiosos argumentos para oponerse a la reclamación de los Sanz.
1) Las Leyes de Toro, que prohíben reconocer a otros hijos que los naturales. Según la defensa, los hijos de los reyes españoles fuera del matrimonio tenían la condición de bastardos, por lo que no podían ser reconocidos ni legitimados. Un argumento peligroso que se puede volver contra la dinastía, ya que, como escribe Ricardo de la Cierva,
"Desde el punto de vista histórico, y ante lo indicado en este libro de Historia sobre el auténtico origen de Alfonso XII, que según toda probabilidad no procedía del matrimonio de sus padres, reconozco que me aterra meditar a esa luz este principal argumento de la defensa regia contra los hijos de Elena Sanz."
2) La Constitución de 1876 declara a la persona del rey "sagrada e inviolable" (art. 48). De acuerdo con esta declaración, "el rey no puede tener más hijos que los que le nacen dentro del matrimonio" y no se "consiente la injerencia de seres extraños (sic)".
3) El Código de las Partidas prohíbe a los reyes, nobles y personas de gran linaje tomar como barraganas a siervas, taberneras, regateras, alcahuetas y juglaresas. A la pobre Elena Sanz se le colocaba en la condición de juglaresa.
Además, la defensa rechazó la autenticidad de las copias fotográficas presentadas por los Sanz, así como de retratos dedicados tanto por Isabel II como por Alfonso XII.
Los ilustres magistrados del Supremo quedaron deslumbrados por semejante erudición y dieron por vigentes las leyes medievales y a la misma altura que la Constitución. En consecuencia, rechazaron la demanda de los hermanos Sanz, que tuvieron que ganarse la vida por sus propios medios.