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La sesión de las Cortes que enterró a la República

Si bien 1935 había sido el año más pacífico de la República, la violencia regresó a las calles en cuanto Alcalá-Zamora convocó elecciones.

Pedro Fernández Barbadillo
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El 16 de junio de 1936 se celebró en las Cortes la denominada Sesión de Orden Público que, en palabras del historiador Stanley Payne, es probablemente "la más dramática y la citada más a menudo en la historia de la República". En ella los portavoces de las derechas relataron las violencias cometidas por las izquierdas.

Si bien 1935 había sido el año más pacífico de la República, debido a que muchos cabecillas y pistoleros de los partidos de izquierdas implicados en el golpe de Estado de octubre de 1934 estaban encarcelados, la violencia regresó a las calles en cuanto el presidente, Niceto Alcalá-Zamora, convocó elecciones para febrero de 1936. La izquierda se agrupó en el Frente Popular y se preparó para la conquista del poder.

El balance de víctimas que hace Payne (El camino al 18 de julio) es el siguiente:

Desde el 1 de enero hasta el 16 de febrero, varios asaltos e incidentes produjeron 37 muertes: 10 derechistas, 14 izquierdistas, 3 miembros de las fuerzas de seguridad y 10 fallecidos de afiliación no identificada. Ocho muertes se produjeron a manos de la Policía, que reprimió motines y manifestaciones violentas. Como decimos, entre los fallecidos identificados, las izquierdas mataron a 10 derechistas, y estos, principalmente falangistas, a 6 izquierdistas.

El Frente Popular toma las calles

En cuanto empezó el recuento, el FP hizo correr la consigna de que habían vencidos sus listas y las izquierdas comenzaron las celebraciones a la vez que "el pueblo" tomaba los gobiernos civiles y los centros de votación. Varias personalidades, entre ellas el general Franco, pidieron al presidente del Gobierno, Portela Valladares, que proclamase el estado de guerra para luchar contra las turbas, pero éste dimitió. El jefe del Estado entregó la presidencia del Gobierno a Manuel Azaña, quien después de las elecciones de 1933, ganadas por la derecha, le había propuesto dar un golpe de Estado. La segunda vuelta electoral se celebró con el FP en el Gobierno.

A partir de entonces, las bandas de la porra de la izquierda se apoderaron de las calles, los pueblos y los campos de España, sobre todo en el sur. Comenzaron los asesinatos, las palizas, los tiroteos, las quemas de edificios y los saqueos; todo ello, con impunidad, ya que el ministro de Gobernación, dirigido por un amigo de Azaña, Santiago Casares Quiroga, en vez de perseguir a los delincuentes, encarcelaba a los perseguidos. José Antonio Primo de Rivera fue detenido y la Falange prohibida (luego el Tribunal Supremo confirmó la legalidad del partido). Se nombró a muchos de los matones del FP delegados de policía o policías suplentes. También se ordenó a la readmisión de los obreros y funcionarios despedidos por sus crímenes cometidos en la revolución de 1934.

El Frente Popular aceleró su plan de republicanización de las instituciones, es decir, su plan de apoderarse de ellas: en la primera sesión de las Cortes se aprobó la renovación del estado de alarma por un mes (se hizo hasta la guerra); en la comisión de actas el FP amplió su mayoría parlamentaria con la colaboración del PNV; se destituyó a Alcalá-Zamora; y se preparó la depuración de los tribunales. Azaña ascendió a la presidencia de la República y le sustituyó en la del Gobierno Casares Quiroga.

En mayo se celebraron las elecciones, que habían sido anuladas, en Cuenca y Granada con los pistoleros de izquierdas aterrorizando a los votantes. Otro factor de agravamiento de la situación política eran las divisiones del FP, incluso dentro del PSOE: el 31 de mayo, los caballeristas trataron de asesinar a Indalecio Prieto en Écija.

En cuatro meses, 269 muertos

La censura se empleaba para impedir que los españoles se enteraran de lo que ocurría. Periódicos como ABC y La Vanguardia aprovecharon la sesión del 16 de junio para reproducir íntegros los discursos de los diputados derechistas y mostrar el deterioro del orden público. En esa sesión, José María Gil-Robles (CEDA), José Calvo-Sotelo (Renovación Española) y Joan Ventosa (Lliga Catalana) exigieron al Gobierno que impusiese el orden y encontraron las burlas de miembros del Gobierno y de los diputados que lo apoyaban.

Gil Robles enumeró los crímenes cometidos en España entre el 15 de febrero y el 15 de junio: 269 personas asesinadas y 1.287 heridas en actos de violencia política; 160 iglesias destruidas y otras 251 iglesias y edificios religiosos habían sufrido daños. Además, se habían producido cientos de asaltos, clausuras de sedes políticas, detonaciones de bombas y huelgas. En Palenciana (Córdoba) un guardia civil fue atrapado por una chusma y degollado en la casa del pueblo. Debido al caos, el Automóvil Club de Inglaterra desaconsejaba viajar a España.

Calvo Sotelo dijo que era la cuarta vez en tres meses que se dirigía al Parlamento para tratar del problema del orden público y espetó a los dirigentes del FP: "Vosotros, con vuestras propagandas insensatas, habéis creado ese ambiente". Luego él y Casares Quiroga se enzarzaron en una discusión.

El presidente del Gobierno le dijo:

Yo no quiero incidir en cualquier cosa quo pudiera producir una perturbación, pero sí quiero sostener que, pase lo que pase, S. S. será el responsable ante el país.

Y Calvo Sotelo respondió con unos párrafos célebres.

Bien, señor Casares Quiroga, me doy por notificado de la amenaza de su señoría […] Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de aquellos actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también.

La culpa es de la derecha

El catalanista Ventosa trató de encarnar la moderación, pero con poco éxito:

Mantened el Frente Popular o rompedlo; haced lo que os plazca; pero si el Gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto a la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe.

El comunista Maurín le respondió que "el Gobierno no ha hecho ni la centésima parte de lo que contiene el programa del Frente Popular" y exigió la eliminación del "fascismo" (el único partido asociado al fascismo, Falange, había obtenido en las elecciones menos de 50.000 votos).

Entre los insultos recibidos por los diputados interpelantes, destacaron los de La Pasionaria, que acusó a la derecha de haber generado el odio en las clases obreras. En su campaña de mentiras describió así a víctimas de la revolución de Asturias:

La revolución de octubre fue la defensa del pueblo contra el fascismo. De ese pueblo que aprecia más la dignidad que la vida. En la represión de ese movimiento llegasteis a extremos incalificables, a martirios extraordinarios.

El Gobierno recibió el apoyo de la Cámara. El FP estaba unido en la consecución de la revolución, la que fuese.

Tras el magnicidio de Calvo Sotelo

Un mes después, el 15 de julio, en otra sesión parlamentaria (limitada a la Diputación Permanente, ya que la víspera Azaña había suspendido las Cortes ordinarias por ocho días), se debatió el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo por un comando terrorista formado por policías y pistoleros socialistas.

Gil Robles añadió que entre el 16 de junio y el 13 de julio se habían cometido 61 muertes por causas políticas y dijo lo siguiente a los ministros:

Vosotros tenéis la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado la violencia; de no haber desautorizado a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona del señor Calvo Sotelo.

Dos días después, comenzaba la Guerra Civil.

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