Cuando era un joven doctorando que estaba especializándose en historia de España, Stanley George Payne (1934) vino a nuestro país por primera vez en el otoño de 1958. Se entrevistó con docenas de personas que habían intervenido en la guerra en ambos bandos, con falangistas adictos a Franco y contrarios a él y su régimen, con carlistas, con izquierdistas, con generales retirados… Nadie le puso entonces ninguna pega. Sin embargo, la Policía elaboró un informe sobre él (1959) y sus primeros libros traducidos al español los publicó la editorial Ruedo Ibérico en Francia para no tener que someterse a la censura oficial.
En una sorprendente paradoja, de aprobarse por las Cortes la proposición de ley presentada por el PSOE para ampliar el contenido de la ley de memoria histórica de 2007, Payne pasaría a ser perseguido por la izquierda 60 años después de haber sido vigilado por la Policía franquista. "En mi juventud fui un autor prohibido por el franquismo y podría ser prohibido por la ley de memoria histórica y las izquierdas" fueron sus duras palabras.
"Una cheka nacional" para perseguir a los historiadores
El profesor Stanley Payne, doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los historiadores más leídos en España, pronunció este jueves una conferencia en el Club Financiero Génova organizada por la sociedad Kosmos-Polis titulada 40 años de constitucionalismo.
Abandonó sus modos académicos, sus análisis y sus palabras moderadas cuando se ocupó de la memoria histórica. Ésta "es una falsedad fundamental, un oxímoron". Explicó que "la memoria es individual y subjetiva", mientras que la historia se hace con documentos, es colectiva, la van elaborando muchos investigadores a lo largo de décadas y está en continua revisión.
Payne no ahorró ataques contra el proyecto socialista, del que leyó los castigos que propone para los herejes: procesos administrativos y judiciales, penas de cárcel y multas, así como la destrucción de material, archivos, monumentos… (cosa que no sucede en Italia con el régimen fascista). "Es una ley sovietizante" y "criminaliza la discusión histórica".
A la Comisión de la Verdad que prevé el proyecto del PSOE la calificó como una "cheka nacional", que vigilará a los historiadores y los escritores. Lamentó que "la pusilanimidad" de muchos políticos, en especial de derechas, les lleve a no enfrentarse a la memoria histórica y a aplicar la ley vigente.
Fue entonces cuando dijo que en su juventud había sido "un autor prohibido por el franquismo" y que con más de ochenta años de edad "podría ser prohibido por la ley de memoria histórica y las izquierdas".
Reconoció que la nueva ideología de la izquierda, "el progresismo", constituido por elementos como lo políticamente correcto, el multiculturalismo, el feminismo y el sentimiento de ofensa, son una amenaza para la libertad de expresión y de investigación. Aunque "en Estados Unidos tenemos la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión", dijo, en muchas universidades del país existe"la autocensura".
Cuatro ciclos de 65 años
En su intervención distribuyó la historia de la España contemporánea en cuatro ciclos de unos 65 años de duración -tiempo necesario para integrar acontecimientos y tendencias tanto sociales como internacionales- cada uno en los que la fuerza impulsora es el deseo de instaurar un régimen nuevo; dos veces esos períodos han concluido en revolución y catástrofe. En Francia, esos ciclos no son tan homogéneos como en España: "Franco reinó 39 años y Juan Carlos reinó 39 años".
El primer ciclo comienza en 1808, pretende construir un Estado liberal y se cierra en 1874, con el caos de la república federal. El segundo se abre con la Restauración monárquica, la primera democracia moderna, y se derrumba en 1939 con la derrota de la II República, controlada al final por otra generación de revolucionarios. El tercer ciclo se extiende de 1939 a 2004; se define, según Payne, por una nueva estabilización posrevolucionaria y unas definitivas democratización, estabilidad y desarrollo. Este ciclo termina con el Gobierno de José María Aznar, al que calificó como "el más eficiente de la Transición", por su gestión del Estado, su "política exterior vigorosa" y sus planes de reforma educativa anulados luego por el PSOE.
El cuarto ciclo, en el que nos encontramos, nació "bajo los signos de la disgregación y de la destrucción", con los atentados del 11-M, que hicieron tanto daño a la sociedad porque "España conserva cierta capacidad de autodestrucción". El Gobierno de Rodríguez Zapatero fue una calamidad: estaba obsesionado por la sexualidad y el anticristianismo, introdujo la memoria histórica (un punto de "inflexión" en la sociedad española), eliminó la reforma de la educación preparada por Aznar…. Y le guió un "proyecto deleznable": "formar un nuevo Frente Popular en el que el PSOE tuviese como aliados a los catalanistas y los vasquistas" de derechas, para lo que impulsó el nuevo Estatuto catalán.
La amnistía la pidió la izquierda
Luego defendió la Transición como "un gran logro civil" de la España contemporánea y subrayó que fue un ejemplo para todo el mundo, porque fue "un proceso único", "sin parangón" hasta entonces: una dictadura que se convierte en una democracia sin golpe de Estado ni sublevación."La nueva leyenda negra española" puesta en circulación por la izquierda en el siglo XXI "consiste en negar el éxito de la Transición".
El historiador estadounidense subrayó que era lógico que esa transformación la realizasen los hombres del franquismo (el primero el sucesor de Franco a título de rey), y mediante la legalidad del régimen, porque eran los que estaban en el poder.
Arremetió contra dos mitos sobre la Transición. El primero de éstos, que fue pacífica. Payne recordó el terrorismo practicado por la extrema izquierda, los separatistas vascos y catalanes, y la extrema derecha. A diferencia de lo ocurrido en la II República, los grandes partidos no generaron violencia política. Como contraste dijo que en los años 30 "el PSOE se había convertido en un partido terrorista a fin de derrocar la República burguesa", pero en los años 70 y 80 practicó una oposición pacífica.
El segundo mito fue el del "pacto del olvido", en el que insiste la extrema izquierda. "No existió nunca". Lo que sí hubo, prosiguió, es un pacto para no usar la historia con fines políticos, pacto que rompió Felipe González en la campaña electoral de 1993, ya que, ante el miedo a perder las elecciones frente al PP de Aznar, afirmó que, de ganar éste, volvería el franquismo.
También recordó que la amnistía, aprobada por las Cortes elegidas en las elecciones de 1977 y que la extrema izquierda la presenta como una maniobra del franquismo para obtener impunidad, "fue una exigencia máxima de las izquierdas".
Cataluña, crispada salvo en el siglo XVI
Sobre Cataluña, con cuyo principal historiador, Jaume Vicens-Vives, tuvo amistad desde 1958 hasta su temprana muerte en 1960, resaltó que "es la región más convulsa de España". "Del último milenio de historia de España, el único siglo sin convulsiones en Cataluña fue el XVI". Y añadió que en el siglo XIX "Barcelona tuvo fama de ser la ciudad más revolucionaria de Europa"; a finales del XIX cambió su apodo a"la ciudad de las bombas". Aunque la masa del anarquismo era de origen murciano o levantino, los anarquistas que arrojaban esas bombas, los dados al terrorismo, "tenían apellidos catalanes". En un toque de ironía dijo que si, la violencia fuera un rasgo esencial de lo español, los catalanes serían entonces los más españoles.
Ya más como politólogo que como historiador, Payne aseguró que "los catalanistas y los vasquistas nunca, nunca aceptarán un Estado federal", porque el federalismo supone igualdad entre las partes políticas. Según él, en su respuesta a varias preguntas del público, el modelo de Estado instaurado por la Constitución de 1978 ha sido una equivocación, sobre todo su extensión a toda España. El plan original, dijo, era un sistema como el italiano, donde sólo unas regiones tienen autonomía.
Los españoles, concluyó, se encuentran en una situación bloqueada, porque en un régimen democrático, para realizar una modificación tan importante como es en España el sistema autonómico haría falta "un consenso político que ahora no existe".