La 'memoria histórica' es mentira, como son mentira los eslóganes nacidos de sus propagandistas de que España es el país del mundo con más desaparecidos después de Camboya; que el franquismo robó 300.000 niños a sus padres; que La Pasionaria no amenazó de muerte a Calvo Sotelo en las Cortes; o que en el bando nacional no hubo catalanes ni vascos.
Como los hechos y los documentos no sostienen las afirmaciones de la izquierda, ésta tiene que inventar mentiras, cuanto más enormes mejor, e imponerlas por medio de multas a los disidentes, programas en las televisiones públicas y asignaturas en las aulas. Una de estas mentiras ha sido desmontada por una juez en un litigio en el que los denunciados eran los nietos de Franco.
El Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid dictó el 8 de febrero una sentencia sobre la demanda civil presentada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que reclamaba a los Franco dos estatuas de los profetas Abraham e Isaac del siglo XII atribuidas al Maestro Mateo, de las que, supuestamente, se había apoderado la esposa del ‘caudillo’ en los años 50.
Aparte de indicar que por el tiempo transcurrido incluso desde la instauración del actual régimen democrático, los Franco han adquirido la propiedad de las estatuas reclamadas por usucapión (es decir, por una posesión prolongada en el tiempo y sin oposición del propietario legal), la juez entró en una cuestión prejudicial sobre a quién pertenecían las estatuas, y aquí es donde la ‘memoria histórica’ recibe el vapuleo.
Un alcalde obediente a Carmen Polo
Según el relato (y subrayo esta palabra), en 1948 el conde de Ximonde vendió tres estatuas del Maestro Mateo al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas con la condición de que permaneciesen indefinidamente en el patrimonio municipal, negocio jurídico que se registró en escritura pública ante notario. En julio de 1954, durante una visita de Franco y su esposa; Carmen Polo, al Ayuntamiento de Santiago, ésta, se encaprichó de dos de las estatuas y manifestó al alcalde su deseo de poseerlas "a lo cual el alcalde accedió a los pocos días, haciéndole entrega de las mismas por las vías de hecho sin formalidad administrativa alguna". El alcalde, violando la legislación vigente, despojó de unos bienes al patrimonio municipal y mandó las estatuas al Pazo de Meirás.
La juez subraya que en este procedimiento el Ayuntamiento no ha presentado más documentación que la escritura notarial de 1948:
"Nada se aporta al Juzgado de lo que pudo o no haber acaecido tras el 4 de junio de 1948, lo que deja sin prueba el extremo que resulta esencial para esta juzgadora: la entrega efectiva de las estatuas al Ayuntamiento tras la adquisición y la decisión municipal sobre su emplazamiento para dar inicio a su condición de bienes de uso o servicio público".
También reprocha al Ayuntamiento que haya "dejado sin prueba" actos como el pago de la cantidad pactada, la recepción efectiva de las estatuas ni el debate en el pleno municipal de la condición resolutoria impuesta por el conde de Ximonde.
El engaño de los testimonios orales
Ante la falta de documentos oficiales, el perito aportado por el Ayuntamiento tuvo que "acudir a presunciones no explicadas y a noticias de testigos de referencia no identificados con los que dice haber hablado, todo lo cual determina la nula eficacia probatoria del propio informe".
Este perito, un historiador, recurrió al método habitual en los 'memorialistas' para cubrir la falta de documentos: recoger testimonios orales, es decir, chismes, rumores y cotilleos, en muchos casos de gente sin identificar o ya fallecida. Así lo describe la juez:
"el perito habló supuestamente con los testigos de referencia 31 años antes de la fecha de elaboración de su informe, lo que priva de verosimilitud a la pretensión de acreditar la presunta ubicación de las estatuas, resultando sorprendente que se solicite de este Juzgado la credibilidad probatoria de un dictamen cuyo objeto fue estudiado por su autor 31 años antes de ser elaborado, y causando todavía una extrañeza mayor que el perito de la actora pueda recordar en 2017, lo que le manifestaron 31 años antes unas personas de determinada edad acerca de la ubicación presunta de las estatuas, cuando ni siquiera en aquel momento podía conocer o intuir que le iba a ser encargada la presente pericia en una acción reivindicatoria".
Por tanto, concluye la juez, la verosimilitud del contenido del informe "es nula". ¡Por fin alguien se atreve a decir en público que estos testimonios orales, de cuya recopilación vive mucha gente en la universidad, no pasan de ser… cuentos de viejas!
La puntilla la da la juez cuando afirma que el Ayuntamiento no identifica las estatuas propiedad de los Franco (éstos afirman que sus mayores las compraron a un particular en los años 50, cuando ellos eran niños) como adscritas al Pórtico de la Gloria.
En consecuencia, el juzgado reprocha al Ayuntamiento que se mueva "en el mundo de las hipótesis indemostrables que llevan a la demandante a elaborar una tesis basada en el deseo del alcalde de agradar al, entonces, Jefe del Estado".
La responsabilidad personal de los políticos
Después de que el juicio quedase visto para sentencia, el alcalde de izquierdas de Santiago, Martiño Noriega, comentó: "Creeré en la justicia cuando esta haga justicia". Es decir, para este señor, que es médico, la justicia solo es justicia cuando falla a su favor. Lo mismo que podría decir cualquier paisano de boina enroscada cuando el juzgado le ordena cegar el pozo que ha excavado ilegalmente. ¿Es que para Noriega los tumores cancerígenos desaparecen si se niega su existencia? El alcalde ya anunció antes del juicio que estaba dispuesto a llevar la reclamación hasta el Tribunal Supremo. Como no paga él los abogados…
Ningún funcionario ni político responderá por el dinero que están haciendo gastar a los ciudadanos de Santiago y a la familia Franco en un pleito sin pies ni cabeza, que es, más bien, una venganza.
La verdadera revolución pendiente en España se limita a hacer responsables a los funcionarios y los políticos de sus actos, pero no a las Administraciones que dirigen, sino a ellos mismos, con su patrimonio. Ya veríamos cómo dejaban de hacer tonterías con nuestro dinero. Porque hoy son los Franco, pero mañana puede ser usted, que se niega a tirar a la basura la estrella de alférez provisional de su abuelo.