Quien escuche a las ninfas que reclaman para sí el nombre de feministas todas sus consignas, sus quejas y sus llantos pensará que España es un infierno para las mujeres, donde éstas temen salir a la calle porque machos libidinosos les espetarán groserías, las sobarán y hasta las violarán y matarán sin que los policías y los jueces las defiendan.
La verdad es que España es uno de los países más seguros del mundo, tanto para varones como para mujeres. Para inflar los datos de ‘violencia de género’, a fin de justificar subvenciones y legislaciones que vulneran derechos que respetaba la Inquisición, es frecuente incluir en las estadísticas muertes naturales o accidentales como asesinatos machistas.
Sin embargo, como las consignas y las quejas se repiten de manera machacona desde hace varios en años en el 90% de los medios de comunicación, hasta en los que se consideran de derechas, y por todos los partidos políticos, incluso los clericales como el PNV (con la única excepción de Vox), la gente tiende a pensar que, hasta el advenimiento de Irene Montero y Leticia Dolera, las mujeres tenían un estatus legal inferior al de los cristianos en Arabia Saudí o los negros en la Alabama de 1900.
Vamos a demostrar que no es así.
Pena de muerte al violador en los Tercios
La peregrina cristiana más antigua que se conoce es la hispania Egeria, que además de viajar sola a Tierra Santa lo contó en un libro.
El documento más antiguo que se custodia en el Archivo Histórico Nacional español es un pergamino datado en el 857 que recoge la venta de propiedades por una mujer llamada Nunila a su hermana, en Piascas, antigua Liébana.
Hasta que los mozárabes desaparecieron de Al-Ándalus, en Córdoba se distinguía a las católicas de las musulmanas en que las primeras no llevaban velo y mostraban su rostro a los desconocidos, hecho que escandalizaba a los hombres.
En la Edad Media, sobre todo a partir del llamado renacimiento del siglo XII, abundaron las empresarias, con todo tipo de negocios, desde panaderías y carnicerías a empresas de transporte y joyería. Es decir, las mujeres tenían plena capacidad de obrar.
En los Tercios españoles, el ejército que dominó Europa durante casi dos siglos, se castigaba con pena de muerte la violación de mujeres, aun del bando enemigo.
En España, la violación en grupo ya se estableció como delito por las Cortes de Castilla y León en el reinado de Alfonso X el Sabio, en la segunda mitad del siglo XIII. A un condenado por violación en el reinado de Felipe II, se le condenó a la exposición a la vergüenza pública, recibir 300 azotes y cumplir seis años de destierro, con la advertencia de que si quebrantaba éstos se le enviaría a galeras.
Reclamación de derechos políticos
El retroceso de la situación legal de las mujeres en Europa se produjo debido al ambiente creado por muchos ilustrados, sobre todo franceses, a partir de la Revolución de 1789. Los revolucionarios no sólo clausuraron todas las universidades, sino que además encerraron a las mujeres en sus casas.
Un epígono de la Revolución, Napoleón Bonaparte, promulgó un Código Civil que colocaba a la mujer en total dependencia del varón. Y como todo lo que se hacía en Francia, la innovación se copió en el resto del mundo civilizado.
A medida que las naciones europeas y americanas se democratizaban y avanzaban hacia el sufragio universal, surgieron grupos de mujeres que reclamaban para sí el mismo derecho.
En España, se fundó en 1918 la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, presidida por María Espinosa de los Monteros, entre cuyos miembros estaban Clara Campoamor, María de Maeztu, Victoria Kent y Elisa Soriano. En un manifiesto, titulado "A las mujeres españolas", sus autoras reclaman igualdad de derechos jurídicos, políticos y económicos.
El mismo año, se fundó la Unión de Mujeres de España, presidida por la marquesa del Ter, Lilly Rose Schenrich. La pianista (éste era su oficio antes de casarse) y aristócrata, gracias a su influencia con la reina Victoria Eugenia, consiguió que en 1920 se crease el Consejo Nacional de Mujeres, también presidido por ella.
La ‘Ley de la Silla’
Antes se habían dado importantes. Las primeras leyes de accidentes de trabajo y descanso dominical dedicaron atención especial a los niños y las mujeres. Para éstas el Gobierno del liberal José Canalejas aprobó en 1912 la ‘Ley de la Silla’. La obligación de que los empresarios pusieran a medios de descanso a sus empleados se extendió a los hombres en 1918.
El 8 de marzo de 1910, la Real Orden de Instrucción Pública firmada por Alfonso XIII, y con Canalejas como presidente del Gobierno, autorizó la matriculación de las mujeres en las aulas universitarias. Hasta entonces, podían matricularse como ‘oyentes’.
El ABC tuvo la primera mujer corresponsal de guerra de un periódico español: Sofía Casanova. Entre sus méritos, consta una entrevista a León Trotski. A los contrarios al ascenso de las mujeres Casanova les llamó "conservadores amojamados", "masculinistas acérrimos" y "devotos de Mahoma".
La primera española que obtuvo el permiso de conducir, regulado desde 1900, fue la leonesa Catalina García González, en 1925. Cuando se presentó al examen, Catalina García tenía 37 años y era hija de un guardia civil y de un ama de casa. Con su marido, estableció un servicio regular de transporte en el norte de la provincia.
Las primeras alcaldesas
El reconocimiento de derechos políticos a las españolas lo realizó la Dictadura del general Primo de Rivera.
El Estatuto Municipal, elaborado por José Calvo Sotelo y promulgado el 8 de marzo de 1924, otorgaba el voto a las mujeres, aunque dependiente de su estado civil. Tenían que ser cabezas de familia. En el censo electoral elaborado a continuación, de los 6.783.629 de votantes, 1.729.793 eran mujeres.
Aunque el dictador cayó antes de ponerlo en marcha, en su régimen se nombraron a las primeras alcaldesas de la España moderna: Concepción Pérez Iglesias, alcaldesa de Portas (Pontevedra); Petra Montoro Romero, alcaldesa de Sorihuela de Cuadalimar (Jaén); Candelas Herrero del Coral, alcaldesa de Castromocho (Palencia); Benita Mendiola, alcaldesa de Bolaño de Campos (Valladolid); Amparo Mata, alcaldesa de Sotobañado (Palencia); Matilde Pérez Mollá, alcaldesa de Cuatretondeta (Alicante); y Dolores Codina y Amau, alcaldesa de Talladell (Lérida).
Primo de Rivera también nombró a trece mujeres para la Asamblea Nacional Consultiva (1927), que elaboró un proyecto de Constitución (1929) donde se reconocía la igualdad de voto entre los sexos.
En la II República, las Cortes Constituyentes aprobaron el voto femenino en igualdad con el masculino, a instancias de la diputada Clara Campoamor. La ampliación de derechos contó con la oposición de la radical-socialista Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, que consideraban a las mujeres manipulables por los sacerdotes católicos (salvo ellas, claro). El diputado galleguista Roberto Novoa Santos se negó a la concesión porque, según él, las mujeres eran propensas al histerismo y la irreflexión.
En 1934, Teresa Argemí Meliá consultó al Ministerio de Justicia sobre la posibilidad de que las mujeres pudieran presentarse a las oposiciones de juez, fiscal y secretario judicial. El Gobierno pidió informes al Tribunal Supremo y al Consejo de Estado, que respondieron negativamente.
La primera ministra española fue la anarquista Federica Montseny, ministra de Sanidad en el Gobierno formado por el socialista Francisco Largo Caballero en noviembre de 1936. Otras mujeres habían presidido consejos de ministros: Isabel II y María Cristina de Habsburgo.
La olvidada Mercedes Formica
El régimen franquista respetó el derecho de voto concedido en la República, de modo que las mujeres votaron en los referendos y las elecciones municipales organizados por éste.
La andaluza Mercedes Formica Corsi, primera estudiante de Derecho en Sevilla, consiguió que el régimen cambiase el Código Civil en una famosa reforma en 1958, en asuntos de separación matrimonial, pues las mujeres quedaban absolutamente desamparadas: tenían que abandonar el domicilio y perdían la custodia de los hijos. Las feministas de izquierdas han logrado que su nombre sea olvidado, porque era falangista.
A instancias de las procuradoras (parlamentarias) femeninas, las Cortes franquistas aprobaron la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, cuyo artículo tercero declaraba que las mujeres podían acceder a todos los puestos de la Administración en igualdad de condiciones que los varones. Las escasas excepciones, como las de juez y fiscal, se eliminaron en los años siguientes. Para ingresar en las Academias Militares se esperó hasta 1988.
Meses antes de la muerte de Franco, se suprimió del Código Civil la licencia marital, que era una figura común en los ordenamientos jurídicos ‘de los países de nuestro entorno’. En 1977, antes de las elecciones a Cortes de ese año, se decidió la plena facultad de la mujer respecto a sus propios bienes, aun cuando sea casada y en régimen de gananciales.
En el debate constitucional, se introdujo el artículo 14:
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."
Cuarenta y un años después de la aprobación de la Constitución, el PSOE considera que es necesario que el Senado apruebe una moción proclamando que las mujeres y los varones son iguales. Parece que los senadores socialistas (y los demás que votaron a favor de esta declaración, con la excepción de los senadores de Vox) no se han leído la Constitución o se mueven en ambientes donde esa igualdad es inexistente.
Por ejemplo, en el mismo PSOE la secretaría general, que es el puesto que gobierna el partido, siempre ha estado ocupada por un varón, desde 1879. De los veinte secretarios generales, todos han sido masculinos. Las cuotas, para los demás, pensarán los varones socialistas.