La izquierda ha sacado el censor que lleva dentro. Quiere antes declaraciones falsas que la desagradable realidad. Quien diga la verdad, provoca desafección, desmoraliza y desgasta al Gobierno más progresista, más feminista, más numerosos y más inepto que ha padecido España.
En los últimos días, hemos sabido por boca de ministros y generales que se nos vigila y que el mismo Gobierno que es incapaz de contar los muertos por el Covid19 y de suministrar mascarillas y EPIs a los sanitarios no va a consentir que nadie le critique. Lo ha dicho Isabel Celáa: "No podemos permitir que haya mensajes negativos". Otro socialista, Alfonso Gómez Celis, encima vicepresidente del Congreso, acaba de decir estas palabras: "En esta pandemia tenemos que desechar a los que señalan con el dedo los errores". ¿A qué se refiere con ‘desechar’? Conociendo el pasado del PSOE, ese verbo produce miedo.
De momento, los socialistas se están contentado con manipular las ruedas de prensa para que nadie pueda preguntar por qué ha sido España durante semanas el país del mundo con más muertos por millón de habitantes y con denunciar a quienes refutan su discurso de "Sólo era una gripe", "Todos los países europeos están igual", "El Gobierno no tiene nada de lo que arrepentirse", "Hay que arrimar el hombro". Así, el PSOE ha denunciado a Vox y a la tertuliana Cristina Seguí por ‘delito de odio’, ese nuevo crimen político que sustituye al de ‘contrarrevolucionario’ aplicado en las tiranías comunistas.
"Envenenar el ambiente" en 1931
Por ahora, los socialistas y sus aliados morados no pueden cerrar los periódicos que molestan sus desayunos. Cuando en España las izquierdas en sus distintas manifestaciones han gozado de la facultad legal para hacerlo, se han quedado a gusto. El gobernante que más periódicos ha ordenado clausurar ha sido Manuel Azaña.
Al cumplirse el mes de la huida de Alfonso XIII y la proclamación de la II República, el Gobierno Provisional había permitido el asalto a un centro monárquico, encarcelado al propietario de ABC por sospechoso de haber cometido un asesinato aunque el cadáver no aparecía, una quema de iglesias y conventos y el cierre de varios periódicos de derechas.
El ministro de Gobernación, Miguel Maura, con unos modales de cacique que su padre habría repudiado, convocó a finales de mayo a su despacho a los directores de los diarios de Madrid para pedirles que diesen la noticia de la muerte, por la Guardia Civil, de ocho miembros de la CNT que formaban parte de una columna que quería arrasar San Sebastián, a fin de demostrar a todos los españoles que él haría cumplir la ley.
Acudieron todos, incluso aquellos cuyos diarios estaban suspendidos desde el 12 de mayo (...). Les rogaba diesen a conocer la noticia del motín en San Sebastián. Ahora bien –continué-: el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio.
"Envenenar el ambiente" de Maura no se distingue mucho de "los bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social" de la Guardia Civil sumisa al Gobierno de Sánchez.
La Ley de Defensa de la República
El 10 de agosto de 1932, se produjo la ‘sanjurjada’, el último pronunciamiento decimonónico. El mismo general que había contribuido a traer la República como director general de la Guardia Civil se sublevó en Sevilla y Madrid. El Gobierno, presidido desde octubre anterior por Azaña, conocía los planes de Sanjurjo y venció sin problemas el cuartelazo.
Azaña aprovechó la ocasión para aplicar la terrible Ley de Defensa de la República (vigente desde octubre anterior), que daba al gobierno un poder inmenso para reprimir a la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojasen.
El artículo 42 de la Constitución establecía que "En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio"; pero Azaña y su compañero Casares Quiroga, ministro de Gobernación, amparados en la Ley de Defensa de la República, deportaron a sospechosos a Villa Cisneros, en el Sáhara. Meses antes habían deportado a varios anarquistas a Guinea Ecuatorial.
Respecto a la prensa, el Gobierno republicano, en el que había tres ministros socialistas (Largo Caballero, Prieto y De los Ríos) y uno de ERC (Carner Romeu), ordenó el cierre de docenas de periódicos.
Casi 130 periódicos cerrados
Desde semanas antes de la ‘sanjurjada’, según el periodista Julián Cortés Cavanillas, estaban suspendidos La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, todos editados en Madrid. La lista de las publicaciones cerradas por orden gubernamental, sin que lo decidiera ningún juez, la hizo Justino Sinova (La Prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada). En total, 127 periódicos.
La mayoría, por no decir la totalidad, de las cabeceras eran de derechas, católicas, tradicionalistas/carlistas y monárquicas. El único punto común entre ellas no era su implicación en la rebelión militar (inexistente, como se comprobó al no producirse procesamientos), sino su línea editorial desfavorable al Gobierno. Había semanarios de humor como Gracia y Justicia, revistas como Blanco y Negro dedicadas a la moda, las variedades y el cotilleo, y publicaciones de pensamiento de difusión muy reducida como Acción Española.
La suspensión, que en varios casos duró hasta meses, afectó a cabeceras que existen hoy, como ABC, Las Provincias de Valencia, El Adelantado de Segovia, El Ideal de Granada, La Verdad de Murcia, Diario de Jerez, El Día de Palencia, La Gaceta Regional de Salamanca, El Correo de Andalucía, Diario Montañés de Santander, El Pueblo Vasco de Bilbao, El Diario de Ávila y el Diario de Navarra, entre otros.
Se trató del mayor cierre de periódicos ordenado jamás por un Gobierno español. En la guerra civil cada bando cerró los periódicos que no coincidían con su ideología, pero no fueron tan numerosos. Se dieron casos como el de La Vanguardia, que pasó a publicarse entre el 22 de julio de 1936 al 25 de enero de 1939 con una línea editorial favorable al Frente Popular y la Generalidad de Companys a convertirse, después de un día de cierre para adaptarse, en partidario exaltado de Franco a partir del 27 de enero de 1939.
‘ABC’, cerrado por más de cien días
ABC, bestia negra de los republicanos por su carácter monárquico, fue suspendido el 10 de agosto por la noche y reapareció el 30 de noviembre. En el editorial de ese día, el periódico se quejó de la dureza de la medida, tomada por un Gobierno supuestamente democrático:
La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal.
En una medida admirable, la empresa mantuvo el pago de los salarios de sus trabajadores, aunque carecía de ingresos: 837 obreros de talleres, 67 redactores y 81 empleados. El 20 de julio de 1936, el ABC fue incautado por la UGT y regresó a sus propietarios el 29 de marzo de 1939.
Las repetidas sanciones y persecuciones contra los periódicos por parte de los Gobiernos de la República, en su mayoría de izquierda, convirtieron en una burla el artículo 34 de la Constitución republicana:
Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme.
Quizás por la omnipotencia gubernamental y la violación de la Constitución, las izquierdas son admiradoras de los años republicanos…
Les recomendamos los episodios del podcast de Libertad Digital Desmemoria Histórica dedicados a los años previos a la Guerra Civil. Con Pedro Fernández Barbadillo, Miguel Platón y Nuria Richart. Para escucharlo pinche aquí.