Esta semana ha provocado asombro un artículo del catedrático Octavio Ruiz-Manjón publicado el domingo 20 en ABC con este titular: “Asesinatos de diputados en la Guerra: 77 en zona republicana y 72 en zona nacional”. Se trata de un resumen de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en febrero pasado.
Del millar de diputados que tuvieron las tres legislaturas de las Cortes republicanas (una sola Cámara formada por 473 diputados), según el recuento de Ruiz-Manjón, murieron en la violencia de la guerra 149 de ellos.
En la posguerra, a causa de la represión murieron otros 19. Por ejemplo, el socialista Julián Besteiro, que falleció de septicemia en la cárcel, y cuyo último cargo fue el de miembro del Consejo Nacional de Defensa, la junta cívico-militar que se sublevó contra Juan Negrín y sus ministros comunistas. El republicano Lluís Companys, juzgado y fusilado por su conducta como presidente de la Generalidad, bajo cuya autoridad fueron asesinados casi 8.500 personas. Y el comunista Joan Comorera, que rompió con sus camaradas y fue delatado por éstos cuando se encontraba en España; fue detenido, condenado y murió en prisión de enfermedad.
De esta lista suele excluirse por motivos cronológicos al más conocido de todos ellos, José Calvo Sotelo, víctima de un comando terrorista formado por policías y escoltas del líder socialista Indalecio Prieto, porque su muerte fue anterior a la guerra. Pero como reconoce Ruiz-Manjón en su estudio publicado en la revista Historia y Política (2014), su asesinato fue capital, pues se realizó “en unas condiciones tan atroces que, si no provocó la sublevación de los militares, como a veces se ha querido hacer creer, encendió los ánimos de muchas personas que dieron ya por imposible la convivencia civil entre españoles”.
Otros dos diputados asesinados en esos años que la izquierda lleva décadas presentando como una arcadia en las escuelas y el cine, fueron los vascos Marcelino Oreja Elósegui, tradicionalista, diputado por Vizcaya en las Cortes Constituyentes (1931) y en las primeras ordinarias (1933), y Gregorio Balparda, liberal monárquico, diputado por el distrito de Valmaseda (Vizcaya) en la Restauración (1919-1923).
Marcelino Oreja: asesinado en la casa del pueblo
Marcelino Oreja Elósegui (1894-1934), vascoparlante, se vinculó a grupos católicos durante sus estudios de ingeniería. Ángel Herrera le ofreció la gerencia del diario El Debate, uno de los más vendidos de la nación. Se dedicó a los negocios familiares y a la empresa. Fue presidente de la Unión Cerrajera de Mondragón y accionista de Agromán.
Se presentó como candidato de la Minorías Vasco-Navarra a las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931, y salió elegido, junto con José Antonio Aguirre, del PNV. En las elecciones de noviembre de 1933 sus electores le reeligieron con una votación aún mayor.
Debido a su derrota, los socialistas, tanto del partido como del sindicato UGT, empezaron a preparar su golpe de estado. Vizcaya y Guipúzcoa fueron dos de las provincias en las que, de acuerdo con sus planes, se produciría la toma del poder con mayor violencia. Las izquierdas elaboraron listas negras de personajes a los que ‘neutralizar’ y operaciones para apoderarse de los puestos de la Guardia Civil.
Aunque toda España estaba al tanto de la conspiración socialista, Oreja prefirió permanecer en Mondragón, a causa del embarazo de su esposa, Pureza Aguirre.
El pueblo guipuzcoano estaba muy dividido políticamente. Desde las municipales de 1931 el ayuntamiento lo formaban cuatro concejales republicanos, cuatro carlistas, tres del PNV, dos socialistas y uno de Acción Nacionalista Vasca. La izquierda lo hizo objeto de una campaña de difamación, para justificar su liquidación.
Al amanecer del día 5, un comando terrorista, mandado por Celestino Uriarte, se apoderó de Mondragón. Los socialistas confiscaron las escopetas de las dos armerías del pueblo y de los vecinos cazadores; requisaron leche a los caseros; asaltaron el economato de la Unión Cerrajera; destrozaron la central telefónica, situaron patrullas en los accesos al pueblo y empezaron el asedio al cuartel de la Guardia Civil.
Luego, los golpistas pasaron a la captura de los ‘enemigos’. Ocho socialistas y comunistas armados se presentaron en la casa del suegro de Oreja; allí se encontraban el diputado y su mujer, embarazada de cinco meses. Los Oreja habían oído los disparos y sabían lo que estaba ocurriendo. No tenían armas ni medios para escapar, de modo que rezaron el rosario y esperaron lo que viniese.
El asesino, amnistiado por el Frente Popular
Los milicianos se llevaron a Marcelino a la casa del pueblo, donde le encerraron con otros secuestrados. Pasaron unas horas en las que le daban consejos del estilo de: “Reza lo que sepas porque te vamos a matar”.
Cuando Uriarte supo que se acercaban a Mondragón tropas del Regimiento Flandes de Vitoria, al mando de Camilo Alonso Vega (futuro ministro de Gobernación de su compañero Francisco Franco), ordenó la huida de los bravos socialistas, aunque no sin eliminar antes a los enemigos de clase. Llevaron a la huerta trasera a Oreja y a dos secuestrados más, y les tirotearon. El diputado recibió cuatro balazos por la espalda.
Los carlistas trasladaron al agonizante a la casa de donde le habían sacado los terroristas socialistas. Un sacerdote abertzale, José Marquiegui, le dio la extremaunción.
Al día siguiente, el 6 de octubre, Pureza Aguirre, acompañada de su padre, marchó de Mondragón. Su hijo nació en Madrid en febrero siguiente y con el tiempo sería ministro de Asuntos Exteriores. Marquiegui fue uno de los catorce sacerdotes vascos fusilados por el bando nacional debido a su militancia política en el PNV: murió en Oyarzun el 25 de octubre de 1936. Los mejor librados fueron los golpistas asesinos: una vez en el Gobierno, el Frente Popular les indultó.
El pistolero Celestino Uriarte ingresó en el PCE y, dada su experiencia con las armas y los asesinatos, en la guerra mandó una brigada mixta. Como tantos jerarcas comunistas y socialistas, huyó de España para escapar de la justicia. Volvió como infiltrado, pero fue detenido, aunque escapó de la cárcel. La muerte de Franco y la amnistía le permitieron regresar a España y murió en Madrid en 1979 de viejo, lo que él negó a sus víctimas. Sus admiradores tratan de blanquear su pasado y para ello hasta han rodado un documental que se ha exhibido en Madrid.
Gregorio Balparda: salvó el honor de la toga
El otro diputado vizcaíno fue Gregorio Balparda de las Herrerías (1874-1936). Como liberal y monárquico se había opuesto a los socialistas de Prieto y al PNV. Fue elegido diputado por el distrito de Valmaseda, incluso en las elecciones de abril de 1923, las últimas de la Restauración y criticó al rey Alfonso XIII por aceptar el pronunciamiento del general Primo de Rivera. Después de la caída de la Dictadura y el advenimiento de la II República, no quiso implicarse en política y se dedicó a su bufete y a investigaciones históricas para refutar las trolas del PNV.
No estuvo implicado en la conspiración que estalló el 18 de julio. Sin embargo, su prestigio y su honor le condujeron a la muerte.
Después de que el Frente Popular controlase Guipúzcoa y Vizcaya, la Comandancia Militar de Bilbao le nombró auditor (instructor) de una Auditoría Militar que tenía que actuar en San Sebastián contra los oficiales sublevados. Balparda dedujo que su labor serviría para dar una pátina de legalidad a unas sentencias de muerte ya dictadas y no aceptó. En consecuencia, las autoridades republicanas ordenaron su detención el 25 de agosto, aunque ya tenía sesenta y dos años. El 31 se le trasladó al barco-prisión Cabo Quilates, anclado en la ría. Ese mismo día fue asesinado junto con otros presos.
Uno de sus biógrafos asegura que su asesinato se realizó mediante el suplicio que los revolucionarios franceses empleaban con sus víctimas: colgado del cabo de una grúa y sumergido varias veces en las sucias aguas del Nervión hasta morir ahogado.
En 1979, el Ayuntamiento del PNV elegido en Bilbao eliminó, con apoyo del PSOE, docenas de nombres del callejero. Una de las afectadas fue la avenida que honraba a Balparda. Los criminales astutos suelen borrar las huellas de sus delitos. A esa conducta la llaman ahora ‘memoria histórica’.