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Pedro Fernández Barbadillo

Nace la 'Era Trump' en el Supremo

Los ‘social justice warriors’ aborrece a Trump por haber nombrado a tres juristas conservadores para el Tribunal Supremo.

Pedro Fernández Barbadillo
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Los ‘social justice warriors’ aborrece a Trump por haber nombrado a tres juristas conservadores para el Tribunal Supremo.
Donald J. Trump y la jueza Amy Coney Barrett | Cordon Press

La razón del odio inabarcable del Imperio Progre contra Donald Trump no reside en su política de pacificación de las relaciones exteriores, ni en las bajadas de impuestos y subidas de salarios, ni en el rechazo al alarmismo climático, ni en su pelo. La banda de los superricos, los mismos que censuran sus tuits y sus mensajes en las redes sociales y donan cientos de millones de dólares a las campañas de los demócratas, le detesta por detener sus negocios con la tiranía china. Y la carne de cañón de los ‘social justice warriors’ le aborrece por haber nombrado a tres juristas conservadores para el Tribunal Supremo.

Sin duda, la promesa de Trump de nombrar a un ‘originalista’ para cubrir el hueco del fallecido Antonin Scalia a principios de 2016 fue uno de los factores que explica su asombrosa victoria. Trump cumplió y propuso a Neil Gorsuch. Cuando en 2018 se retiró Anthony Kennedy, uno de esos lamentables nombramientos de Ronald Reagan y George Bush padre, las hordas tuitearas y los columnistas del New York Post empezaron a hiperventilar. Se iba a romper el cómodo equilibrio izquierdista en el tribunal más importante del mundo. Como ya explicamos, Kennedy aparentaba ser conservador pero siempre votaba en las causas decisivas con el bloque izquierdista. De ahí la campaña desalmada contra el jurista Brett Kavanaugh, al que algunas mujeres, apoyadas por la repugnante ‘Prensa de Kalidá’, acusaron de haberlas violado; una de las mentirosas reconoció que sólo quería retrasar la elección de Kavanaugh. Parecía que la división entre jueces partidarios de sacarse de la Constitución derechos que no existían más que en las universidades de la Ivy League y los jueces que interpretan la Constitución como simple norma jurídica se decantaba a favor de éstos por 5-4.

Sin embargo, el ‘lado oscuro’ es muy atractivo. El presidente del Supremo, John Roberts, nominado por Bush padre, y que se había opuesto a la legalización del matrimonio homosexual en 2015, empezó a votar con el bloque progre. ¿Otro RINO (Republican In Name Only)?, ¿un topo? A esta sorpresa, siguió otra mayor: Ruth Bader Ginsburg, la cabecilla de la bancada izquierdista, más que por la calidad de sus votos y razonamientos, por su figura, falleció en septiembre, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Partidarios de Trump marchan hacia la Corte Suprema

Trump y el sector del Partido Republicano pro-vida y ‘originalista’ actuaron con una rapidez que prueba que estaban preparados. El presidente nominó a la juez Amy Coney Barrett, católica y madre de familia numerosa. Trump iba a hacer su tercer nombramiento para el Supremo en su primer mandato frente a sólo dos de Barack Obama en ocho años. Los demócratas y sus tertulianos cargaron contra Barrett con todo lo que pudieron. A Clarence Thomas, nominado por Bush padre en 1991, no le protegió de la cacería el hecho de ser negro. A Barrett tampoco le amparó su condición de mujer ni de ajena a la ‘banda’ de licenciados de Harvard y Yale. Incluso un profesor universitario le acusó de racista por haber adoptado a dos niños haitianos. El nombramiento fue aprobado a finales de octubre, la semana anterior a las elecciones del 3 de noviembre.

Cambian la mayoría y la jurisprudencia

El resultado final consiste en un ajustado 5-4 a favor de los ‘originalistas’, no el inexistente 6-3 que lamenta la Prensa de Kalidá. Y los efectos beneficiosos de esa fórmula acaban de notarse en una sentencia por una demanda presentada por la Diócesis Católica de Brooklyn y la organización Agudat Israel de América contra las restricciones fijadas por el gobernador de Nueva York a los templos religiosos con motivo del corona-virus.

En meses anteriores, el Supremo también falló sobre restricciones similares impuestas por los gobernadores de California y Nevada. Entonces, una mayoría de cinco votos consideró que la Primera Enmienda podía ser limitada por la salud. Y entre esos votos figuraban el ‘conservador’ presidente Roberts y Ginsburg.

Frente a quienes exigen que impere “la ciencia” en la lucha contra el covid-19, Gorsuch ha redactado una opinión en que expone la contradicción de la severidad ordenada para unos lugares y la laxitud para otros, como si el virus contagiase menos en un supermercado que en una sinagoga:

los negocios que el gobernador Cuomo considera esenciales incluyen ferreterías, acupunturistas, y licorerías. Talleres de reparación de bicicletas, empresas de informática, despachos de contables, abogados y agentes de seguros son todos esenciales también. Entonces, al menos según el gobernador, puede que no sea seguro ir a la iglesia, pero siempre lo es encargar otra botella de vino, comprar una bicicleta nueva o emplear la tarde explorando sus puntos distales y meridianos. ¿Quién sospecharía que la salud pública se alinearía perfectamente con la conveniencia secular?

Los efectos de los nombramiento de Trump ya empiezan a aparecer y hasta a modificar la anterior jurisprudencia 'progresista'. La edad de los tres nuevos jueces (Kavanaugh: 55; Gorsuch: 53; y Coney: 48) permite deducir que la SCOTUS por fin va a detener su activismo creativo.

Compárese el enfrentamiento del Tribunal Supremo de EEUU ante algunos de los gobernantes de su país con la genuflexión del Supremo español. El tribunal español ordenó archivar la investigación contra el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por la entrada de la vicepresidenta de Venezuela en territorio español, con el siguiente argumento: “las obligaciones derivadas de las decisiones PESC tienen una naturaleza esencialmente política”, no jurídica. ¡Esto sí que es jurisprudencia creativa… y servicio al poderoso! Como ha escrito en Twitter, el catedrático Ruiz Miguel, con semejantes magistrados, “¿qué necesidad tiene el ‘gobierno de progreso’ de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial?”.

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