En octubre de 1975, la muerte del general Franco se hizo inminente. El problema de la sucesión estaba resuelto desde 1969, pero otros que se habían postergado en los años anteriores se animaron ante la posibilidad de un cambio. Ése fue el caso de la descolonización del Sáhara Español (270.000 kilómetros cuadrados).
Muestra del lío que había montado el régimen era el doble estatus de este territorio: desde 1958 era una provincia española igual que cualquier otra, pero en 1963 Madrid aceptó en la ONU que se le aplicase el principio de autodeterminación. Los saharauis eran ciudadanos españoles, pero no gozaban de los mismos derechos que los demás compatriotas. Por ejemplo, su DNI era de un color distinto y contenía texto en árabe.
La ONU estableció en 1966 que la descolonización debía realizarse mediante referéndum, porque no se trataba de su reintegración territorial a un Estado preexistente, como es Gibraltar. Hasta 1973, Marruecos, que ya había recibido Tarfaya en 1958 e Ifni en 1969, no criticó esta decisión ni votó en contra.
Marruecos cambió de opinión, debido a la riqueza del territorio (yacimientos de fosfatos, pesca y previsiones de petróleo, que luego no se confirmaron) y a la necesidad de hallar un factor que asentase la monarquía (el rey Hassán II, proclamado en 1961, había sufrido dos intentos de asesinato en 1971 y 1972) y reclamó la entrega del territorio y su población, calculada más tarde en casi 75.000 nativos.
Franco promete la autodeterminación
El franquismo fundó en 1967 una especie de consejo de jefes de tribu, llamado Yemáa, con el que mantener relaciones. En febrero de 1973, la Yemáa pidió al jefe del Estado español la concesión de la autonomía. Franco respondió mediante una carta remitida en septiembre en el que aceptaba la solicitud y reconocía que la autonomía sería un paso previo a la autodeterminación. De esta carta, hay copia en la ONU.
El estatuto se elaboró en los meses siguientes, con aportaciones del propio Franco, que dio el visto bueno en mayo de 1974. Madrid envió el proyecto a la Yemáa, que lo aprobó por unanimidad en una sesión el 4 de julio y lo devolvió para su aprobación definitiva. Tenía 24 artículos y sus principios eran los siguientes:
- España se comprometía a permitir la autodeterminación de los saharauis
- Madrid se reservaba la defensa y la representación internacional
- Convivirían un gobernador nombrado por Franco y una asamblea elegida por los saharauis
- Se garantizaba la integridad territorial del Sáhara
- Se mantenía el sistema de justicia tribal
El 9 de julio, Franco sufrió un episodio trombo-flebítico que le llevó al hospital y a ceder la jefatura del Estado al príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, hasta septiembre.
El dictador marroquí, enterado de los planes españoles, aprovechó la enfermedad de Franco para desatar su campaña. En agosto de 1974, el Gobierno español anunció que convocaría un referéndum de autodeterminación el 31 de mayo de 1975, para lo que elaboraría un censo, medida que anulaba el proyecto de estatuto de autonomía. Argelia mostró su apoyo al anuncio español, pero Marruecos pidió el 17 de septiembre al Tribunal Internacional de La Haya un dictamen consultivo sobre cuestiones de dominio histórico en el Sahara. La ONU, de manera sorprendente, aceptó la petición y pidió a España que aplazase el referéndum.
El 16 de octubre de 1975, el tribunal dictaminó que Marruecos nunca había tenido soberanía sobre el Sáhara o sus tribus. Sin embargo, Hassán declaró que se le había dado la razón y convocó una ‘marcha verde’ para recuperar el territorio. Civiles desarmados (en apariencia) contra militares españoles, un Gobierno aislado y Franco agonizando. Hassán reconoció al periodista Eric Laurent en un libro publicado en España que “fue un horrible chantaje, pero un chantaje lícito y no reprimido por ley alguna”.
El Gobierno Arias incumple sus compromisos
El 21 de octubre, el presidente de Gobierno, Carlos Arias Navarro, envió a negociar con el rey Hassán a José Solís, ministro-secretario general del Movimiento, el partido único, en vez de a Pedro Cortina, ministro de Asuntos Exteriores, porque éste era partidario de la independencia del Sáhara. Solís, además, era administrador de las inversiones en España del sultán marroquí. El 25 de octubre, el Boletin Oficial de las Cortes publicó el proyecto de ley de descolonización del Sáhara remitido por el Gobierno.
El príncipe de España, jefe de Estado en funciones por la enfermedad de Franco desde el 30 de octubre, realizó un viaje por sorpresa a El Aaiún el 2 de noviembre y visitó a las tropas. En el casino militar, pronunció una arenga resonante: “quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y el honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz”.
Todo era una farsa. Ya se había decidido el abandono.
El 6 de noviembre, los súbditos de Hassán penetraron en territorio saharaui en una zona desminada a posta. Y el 14 de noviembre, unos representantes españoles firmaron con otros marroquíes y mauritanos una serie de textos que se han llamado los Acuerdos de Madrid. El jurista Carlos Ruiz Miguel, uno de los principales expertos del mundo en la cuestión saharaui, los califica de “inmorales, ilegales y políticamente suicidas”. Tan es así que la ONU sigue reconociendo a España como potencia administradora; y por ello Marruecos (y Francia) presionan a Madrid para que apoye los planes de anexión más o menos disimulados. Ahora EEUU acaba de reconocer la anexión.
La primera mentira
La última ley que aprobaron las Cortes con Franco vivo pero privado de poderes fue la Ley 40/1975, de 19 de noviembre. En su artículo único autorizaba al Gobierno a “tomar las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización” del Sáhara. El preámbulo contenía una mentira: el Sáhara “nunca ha formado, parte del territorio nacional”. La firmaba el príncipe Juan Carlos.
Se retiraron los militares españoles y entraron en El Aaiún los marroquíes que se encargarían de la ocupación. Inmediatamente, empezó la represión contra los saharauis. El 26 de febrero de 1976 se arrió la última bandera española.
El Gobierno español se negaba a cumplir sus compromisos, las Cortes aprobaban una falsedad y los generales no querían combatir a un enemigo inferior. El nuevo régimen empezaba la larga serie de mentiras a los españoles que dura hasta ahora.
¿Por qué se procedió de esta manera tan vergonzosa por parte española y que ha tenido consecuencias nefastas? Como escribo en mi libro Eternamente Franco:
“El agonizante régimen franquista y Washington no querían que, de ninguna manera, la crisis desembocara en una guerra, por pequeña y limitada que fuera, entre dos países pro-occidentales y en una «zona caliente» como el estrecho de Gibraltar. Si se producía la guerra —para la que España estaba preparada, pese a los informes contrarios del Alto Estado Mayor—, y vencían los militares españoles, la derrota provocaría la caída de la monarquía alauí. Además, el Ejército, prestigiado, podía tutelar la transición.”
La última institución española que se ha desentendido de los saharauis ha sido el Tribunal Supremo. En junio pasado, su Sala Civil negó en una sentencia a una saharaui nacida en 1973 en la entonces provincia española e inscrita en el Registro Civil de Villa Cisneros.
España no es fiable
El estrecho de Gibraltar es uno de los pasos que controlan el mundo. Cuando España era una potencia imperial dominaba las dos orillas. Ahora que es un país de tercera fila, EEUU (y la OTAN) preferirá siempre a un Marruecos fiable, aunque gobernado por un déspota, antes que a una España dubitativa y cuya clase dirigente se desinteresa de la política exterior por muy democrática y plurinacional que sea. El último gobernante español que se implicó en la resolución del conflicto del Sáhara de acuerdo con las Naciones Unidas y trató de devolver a España cierta relevancia internacional fue José María Aznar…, y ya sabemos cómo acabó su Gobierno.