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Las subvenciones de la 'Memoria Histórica': las cuentas de Juan Palomo

Sólo 7,1 millones del total de 22,9 millones desembolsados entre 2006 y 2011 fue para la búsqueda de víctimas de la guerra y la dictadura.

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Sólo 7,1 millones del total de 22,9 millones desembolsados entre 2006 y 2011 fue para la búsqueda de víctimas de la guerra y la dictadura.
José Luis Rodríguez Zapatero | Archivo

A las puertas de la anunciada "ley de memoria democrática" y en curso ya una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a estas actividades, el balance de las ayudas otorgadas entre 2006 y 2011 por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero sigue arrojando una realidad no exenta de polémica. Nada menos que 4,8 millones de euros fueron destinados a regar con dinero público a fundaciones y asociaciones vinculadas al PSOE, IU, PCE, ERC, UGT o CCOO.

El primer tópico de las ayudas para la "memoria histórica" concedidas por el Ministerio de la Presidencia bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero es que todas fueron destinadas a la localización y exhumación de fosas comunes. Nada más lejos de la verdad. Calculadora en mano, con las resoluciones de concesión de dichas ayudas ante la vista, se descubre que sólo 7,1 millones del total de 22,9 millones desembolsados entre 2006 y 2011 fue para la búsqueda de víctimas de la guerra y la dictadura. Es decir, solamente una tercera parte de las subvenciones fue para localizar y desenterrar las fosas.

Descontados esos 7,1 millones de euros del total de las ayudas, nos encontraríamos un montante de 15,8 millones con el que se costearon otras muchas actividades. Pues bien, de esos 15,8 millones las entidades vinculadas a partidos y sindicatos de izquierda recibieron nada menos que una tercera parte, 4,8 millones, destinados en su mayoría al estudio del pasado de sus organizaciones en la guerra civil y el franquismo. Actividades conceptuadas casi siempre desde un punto de vista reivindicativo y propagandístico, por lo que se deduce de los enunciados de sus proyectos.

El desglose anual de las ayudas pagadas por el gobierno de ZP entre 2006 y 2011 revela un factor permanente: fuera cual fuera el presupuesto destinado a cada convocatoria, el "chorreo" de dinero público a las fundaciones y asociaciones de la órbita de partidos y sindicatos de izquierda para "recuperar la memoria histórica" no bajó nunca de 700.000 euros anuales. Para mayor escándalo, durante dos años, 2006 y 2007, las subvenciones otorgadas a estas entidades fueron incluso superiores a las destinadas a las actividades de las asociaciones dedicadas a la búsqueda y exhumación de víctimas de la guerra civil y el franquismo.

En 2006, un año antes de la entrada en vigor de la ley de "memoria histórica", se concedieron 2 millones de euros "en concepto de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo". Las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos y sindicatos de izquierda se llevaron 902.472,25 euros, es decir casi la mitad del monto total de las ayudas, mientras que para las asociaciones dedicadas a la localización, identificación y exhumaciones de víctimas se destinaron solo 742.445,27 euros.

En 2007, también antes de la aprobación de la ley de "memoria histórica", se volvieron a conceder ayudas por un total de 2.400.000 euros por el mismo concepto, "actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo". Las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos y sindicatos de izquierda se embolsaron otro tercio de las ayudas, 778.451 euros, mientras que la búsqueda y exhumación de las fosas comunes sólo obtuvo 479.673,1 euros, poco más de una sexta parte de las subvenciones de ese año.

En 2008 se otorgaron ayudas por valor de 3.300.000 euros, también de acuerdo con una convocatoria publicada antes de la entrada en vigor de la ley de "memoria histórica". De este total, casi una tercera parte, 862.333,68 euros, fue para fundaciones y asociaciones de partidos y sindicatos de izquierda. La cantidad destinada a la recuperación de las víctimas en fosas comunes sólo alcanzó 1.000.695,31 euros, menos de un tercio del presupuesto de las subvenciones de ese año.

Lejos de cambiar con la entrada en vigor de la ley de ZP, en los años siguientes se mantuvo esta desigual situación. Así, en 2009, en las primeras subvenciones convocadas después de la aprobación de la nueva norma, siguió teniendo un gran peso el monto destinado a las fundaciones y asociaciones vinculadas a las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda: 769.430 euros, casi una cuarta parte de los 3.870.000 con que se dotó la convocatoria. Por el contrario, la actividad de las asociaciones dedicadas a la localización y recuperación de víctimas solo lograron una tercera parte de las subvenciones: 1.263.853,68 euros.

En 2010, a pesar del considerable aumento de la partida destinada a estas ayudas, hasta los 5.681.000 euros, las asociaciones que presentaron proyectos de exhumación de fosas sólo consiguieron unos 400.000 euros más que el año anterior: 1.681.114,36 euros en total. Las fundaciones y asociaciones ligadas a partidos y sindicatos de izquierdas se llevaron lo de costumbre: 771.650,78 euros.

En 2011, se destinaron también 5.681.000 euros para actividades de la "memoria histórica". Las asociaciones dedicadas a la localización y exhumación de víctimas consiguieron 1.935.120,57 euros para sus actividades, 250.000 más que el año anterior. Al mismo tiempo se mantenía casi invariable el monto que se llevaban las entidades vinculadas a los partidos y sindicatos de izquierda: 705.885,70 euros.

La del año 2011 fue la última convocatoria de las ayudas con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy suprimió todas las subvenciones por causa de la crisis. Ya he dicho públicamente que Rajoy tenía que haber retomado lo antes posible las ayudas para la exhumación de fosas. Durante seis años y medio no se concedieron, aunque Pedro Sánchez va camino de cumplir la mitad de ese tiempo gobernando sin tampoco hacerlo.

Pero volvamos a lo que nos interesa: en cinco años de gobierno socialista con Rodríguez Zapatero, las fundaciones y asociaciones afines a partidos y sindicatos de izquierda —como PSOE, UGT, Izquierda Unida, PCE, CCOO, ERC, Iniciativa per Catalunya-Verds, Izquierda Republicana, CGT, Partido de los Trabajadores de España, etc…— se embolsaron 4.790.223,04 euros a cuento de la "memoria histórica". Mientras tanto, las entidades dedicadas a la búsqueda y exhumación de fosas apenas lograron conseguir 2 millones de euros más que esa cifra, un total de 7.102.902,29, para dicha actividad.

Debe aclararse que aunque las asociaciones llamadas "memorialistas" puedan pertenecer ideológicamente a la izquierda, en este balance me remito a las fundaciones y asociaciones beneficiadas por estas subvenciones con una vinculación fehaciente con partidos y sindicatos representativos de la izquierda. Entidades que abarcan por ello muchas otras actividades, pero que optaron a estas ayudas de "memoria histórica" disputándoselas precisamente a asociaciones que han hecho de la búsqueda y la exhumación de víctimas su casi exclusiva razón de ser. No digamos a las agrupaciones de familiares creadas específicamente a tal efecto para buscar a sus abuelos o padres en las fosas, con alguna de las cuales yo mismo he colaborado.

Para captar estas subvenciones de la "memoria histórica", los partidos y sindicatos de izquierdas activaron entre 2006 y 2011 en todo el territorio nacional cerca de medio centenar de fundaciones, entidades y organizaciones vinculadas a ellos. Muchas de ellas repitieron su petición de subvención en sucesivas convocatorias, siempre con proyectos destinados a estudiar o difundir la historia y actividad de sus propias organizaciones durante la guerra civil y el franquismo. Sin duda, las subvenciones de ZP por la "memoria histórica" abrieron una vía complementaria de financiación a todas estas entidades para poder mantener su actividad y, naturalmente, reforzar la difusión propagandística de sus ideas, incluido su republicanismo, por supuesto.

Las fundaciones, entidades y asociaciones de la órbita del PSOE entonces gobernante que fueron beneficiadas con dinero público a cuento de la "memoria histórica" son la Fundaciones Pablo Iglesias, Ideas para el Progreso, Ramón Rubial e Indalecio Prieto; la Asociación Cultural Pablo Iglesias de Almansa; la Fundación Las Trece Rosas, presidida por José Cepeda, diputado socialista en la Asamblea de Madrid; la Fundación Societat i Progrés, vinculada al PSPV; y la Asociación de Estudio sobre la Represión en León (AERLE), que en 2015 estaba presidida por Javier Alfonso Cendón, actual diputado socialista en el Congreso y secretario general de los socialistas de León, provincia a la que está muy vinculado el inventor de la ley de "memoria histórica", Rodríguez Zapatero.

Todas ellas recibieron una lluvia de dinero público por valor de 798.864,40 euros para proyectos sin ninguna relación con actividades de exhumación de fosas, salvo una ayuda en 2006 para AERLE para "posibles exhumaciones", como figura literalmente en la resolución de la convocatoria. Es precisamente AERLE la que se llevó el "gordo" en aquellos años, con 312.014,50 euros de subvención, seguida de la Fundación Ramón Rubial, que recibió 96.013,34 euros, y la Fundación Pablo Iglesias, regada con 90.275,40.

Por parte de UGT se activaron para absorber estas ayudas el propio sindicato en Madrid, así como su Federación del Metal y su Federación de Trabajadores de Enseñanza, junto con hasta siete fundaciones de su órbita: Francisco Largo Caballero, Anastasio de Gracia, Bernardo Aladrén, Luis Tilve, Fermín Carnero, Juan de los Toyos y Progreso y Cultura, que conserva el archivo de UGT-Madrid.

El universo de entidades afines al sindicato socialista se llevó un buen premio a cuento de la "memoria histórica" entre 2006 y 2011: 781.309,90 euros. La Fundación Francisco Largo Caballero recibió nada menos que 249.841 euros, seguida de la Fundación 27 de Marzo, hoy llamada de Fermín Carnero, de UGT Castilla y León, que se embolsó 145.866,50 euros para sus proyectos.

Por parte de Izquierda Unida, su Fundación por la Europa de los Ciudadanos, recibió 67.000 euros. Fundaciones vinculadas al PCE, como Rey del Corral, Investigaciones Marxistas, Horacio Fernández Inguanzo o Domingo Malagón, se llevaron un total de 718.031,85 euros. La de Domingo Malagón concentró 366.067,43 euros de ese total, lo que haría una media de 90.000 por año, seguida de la Fundación de Investigaciones Marxistas, que reunió 195.092 euros de los contribuyentes, y de su homónima la Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, del PC de Aragón, que sumó 111.872,42.

El sindicato CCOO se puso a la cola de las subvenciones de "memoria histórica" nada menos que a través de 13 entidades vinculadas o próximas a su organización: Federación de Enseñanza, Unión Regional de Cantabria, Fundación Primero de Mayo, Fundación 10 de Marzo, Fundació Estudis i Iniciatives Sociolaborals, Ateneo Cultural Jesús Pereda, Fundación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricas; Fundación Estudios Sindicales, Fundación Cipriano García, Fundación Juan Muñiz Zapico, Fundación Abogados de Atocha, Fundación Investigaciones Educativas y Sindicales, y Fundación José Unanue.

Entre todas recogieron 725.182,47 euros de las subvenciones de la "memoria histórica", siendo la Fundación Primero de Mayo la más agraciada, con 181.203,71 euros, seguida de la Fundació d’Estudis e Iniciatives Sociolaborals, que obtuvo 92.106,50 euros.

Otras fundaciones y organizaciones beneficiarias de estas ayudas fueron las de Izquierda Republicana (Manuel Azaña, Manuel Azaña de León, Luis Bello); de Iniciativa per Catalunya-Verds (Nous Horizons, Joves d’Esquerra Verda); de ERC (Josep Irla); Partido del Trabajo de España y Joven Guardia Roja (Asociación por la Memoria Histórica); Partido de los y las Comunistas de Cataluña (Pere Ardiaca); Izquierda Revolucionaria (Estudios Socialistas Federico Engels) y CGT (CGT, Centre D’Estudis Sociolaborals).

También recibieron subvención la Fundación Sabino Arana, del PNV, y el Institut d’Estudis Humanistics Miquel Coll i Alentorn, vinculado a Unió Democràtica de Catalunya, así como la Fundación Andreu Nin y la Fundación Salvador Seguí, sin adscripción a formación política determinada.

Si ya es llamativo que fundaciones, entidades y asociaciones vinculadas o afines a partidos y sindicatos de izquierda hubieran concentrado una tercera parte de las subvenciones de la "memoria histórica" destinándolas a actividades distintas a la búsqueda de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, más lo es que otra parte considerable de las mismas recayera en organismos públicos que ya cuentan con su propia financiación a través de los presupuestos.

De esta manera, organismos públicos con capacidad financiera para costear por sí mismos esos proyectos, optaban a una parte de las ayudas convocadas, reduciendo la parte de las mismas que pudieran beneficiar a las asociaciones que trabajan en la recuperación de víctimas de las fosas o a las agrupaciones de familiares creadas con el mismo objetivo.

Así, por ejemplo, el gobierno socialista de ZP permitió que la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en la que participan Renfe y Adif, se convirtiera en una de las beneficiarias de estas ayudas, a la que financió con nada menos que 186.672,72 euros un estudio sobre la depuración de los ferroviarios en la guerra civil y la dictadura. Nada que objetar al lógico interés de este estudio, pero sí al hecho de que la facilidad de obtener recursos mediante las subvenciones de la "memoria histórica" pudiera arrinconar otras materias de investigación igualmente interesantes por parte de la fundación que vela por este patrimonio.

Este problema se trasladó también a la Universidad, donde las ayudas de ZP financiaron con cerca de 1 millón de euros, entre 2006 y 2011, unos cuarenta proyectos de una veintena de centros universitarios de toda España. Estos proyectos tuvieron también una casi exclusiva orientación, seguramente a sabiendas de que solo así tendrían probabilidades de obtener la subvención: la represión franquista.

La excepción fue el proyecto de investigación de las checas de Madrid y sus víctimas subvencionado con 27.057,50 euros a la Fundación San Pablo-CEU. Por otro lado, salvo los proyectos de la Universidad Autónoma de Madrid y otro de la Universidad de Vigo, el resto de los estudios financiados a universidades no estaba vinculado directamente a la búsqueda y exhumación de las fosas, por lo que se detrajo casi otro 1 millón de euros a los proyectos que sí tenían esta finalidad.

La mayor evidencia del desequilibrio existente en estas ayudas que estoy denunciando es que en la nueva convocatoria de ayudas publicada este año por el gobierno de Pedro Sánchez se hace expresa mención a que el 60% del total de las subvenciones irá destinado a las actividades relacionadas con la búsqueda y exhumación de fosas.

A pesar de ello, este balance de las ayudas de la "memoria histórica" libradas por el gobierno socialista entre 2006 y 2011 me lleva a una principal conclusión: que las ayudas deben ir destinadas al 100 por cien a las exhumaciones de fosas siempre que éstas sean posibles, para que en España, a la mayor brevedad, pueda estar solucionado esta reclamación legítima de los familiares y podamos desmentir definitivamente la inconmensurable falacia de que somos el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo.

Todo lo demás es prescindible, incluso la propia ley vigente en todo lo que no sean medidas de reparación, como he sostenido siempre, y muy especialmente la de la búsqueda y exhumación de las víctimas de la guerra y la dictadura. Es de temer que, además de un nuevo ataque a la libertad mediante la imposición de un solo relato del pasado, la anunciada ley de "memoria democrática" sea también un pretexto para volver a convocar a entidades afines al rico panal de la subvención como lo ha sido la de Rodríguez Zapatero.

Estas líneas pretenden servir, en definitiva, de orientación para garantizar, en medio de la gravísima crisis provocada por la epidemia de coronavirus, la máxima eficiencia del dinero público en esta materia. Porque, lejos de no ser de nadie, es el dinero de los ciudadanos puesto en manos de los gestores públicos a través de los impuestos. Que parece mentira que haya aún que recordarlo.

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